Seguimos solidarias frente a la represión

Las Marchas de la Dignidad de 2014 fueron un hito en la movilización social de los últimos años. Miles de personas después de arduas caminatas llegaban a la capital el 22 de marzo. El cansancio de las marchantes se disipaba cuando llegaban a los diferentes pueblos y barrios donde la acogida, las miradas cómplices y los abrazos entre quienes no se conocían iban consolidando sentimientos de unidad y solidaridad. Las calles de Madrid desprendían un embriagador olor a resistencia, ilusión, lucha, dignidad. Alrededor de dos millones de personas recorrían las calles de la ciudad en un ambiente combativo pero alegre y festivo.

Desde las Marchas, se organizaron diferentes cuestiones: apoyo a los caminantes, logística, autorizaciones, permisos y comunicaciones, enlaces con las diferentes columnas, negociaciones con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y Delegaciones de Gobierno, actividades, etc. Entre esas funciones, se constituyó un equipo jurídico integrado por más de 40 voluntarias abogadas de diferentes provincias. El equipo cubrió la organización de la movilización del propio 22 y a cada una de las columnas asesorando jurídicamente en las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de las marchas hacia Madrid, no sólo a los caminantes sino a los miles de autobuses que se desplazaron.

Las FCSE torpedearon el desarrollo de las Marchas desde el principio. En un claro y evidente abuso de funciones y vulneración de derechos fundamentales, se produjeron varios incidentes que afectaban gravemente al ejercicio del derecho de reunión, pues con técnicas represivas trataron de restringirlo con las retenciones de los autobuses. Según nos consta fueron más de 100 los que sufrieron retenciones por parte de la Guardia Civil.

El espíritu de alegría que recorría las Marchas de la Dignidad a su llegada a la Plaza de Colón se vio truncado cuando, de repente, las UIP cargaron contra las personas que aun disfrutaban del final del acto con la Solfónica. El dispositivo policial actuó con una clara irresponsabilidad cargando contra familias y manifestantes, haciéndolo en dirección al Paseo de Recoletos que estaba lleno de personas pacíficas que se vieron arrasadas.

La actuación policial dejó un saldo de 108 lesionadas graves que fueron asistidas por los servicios sanitarios, incluidos 2 fotógrafos, una persona que perdió un testículo como consecuencia del impacto de una pelota de goma y otra que estuvo cerca de perder un ojo por el mismo motivo. Aunque los sindicatos policiales lo nieguen se utilizaron gases lacrimógenos -inusuales en Madrid- y pelotas de gomas, prohibidas en la mayor parte de la Unión Europea.

Todo lo anterior llevó a Las Marchas a presentar una querella por delitos contra las garantías constitucionales, derechos cívicos y constitucionales, entre otros, contra Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid en aquel momento y contra los mandos de los FCSE actuantes durante las Marchas de la Dignidad.

Las marchas terminaron con un saldo de 44 detenidos, 22 el día de las Marchas, 1 detenido el día 23 de marzo y 11 el 4 de abril en el marco de la instrucción de los procedimientos abiertos. Las detenidas estuvieron arropadas por los abogados voluntarios del equipo jurídico. Dos de los detenidos, Miguel e Ismael, fueron encarcelados.

De los juicios que se han celebrado hasta la fecha, las sentencias no han acarreado penas de prisión que supusiera la entrada en la cárcel para los procesados. También ha habido sentencias absolutorias como la de Raquel Tenias en la que se recogía lo que venimos diciendo desde Las Marchas: “existe base para suponer que la carga policial en la plaza de la Independencia fue indiscriminada, la declaración de los agentes no ofrece las garantías de consistencia y fiabilidad precisas para otorgarles un valor acreditativo superior a lo manifestado por las acusadas y por los testigos propuestos por sus defensas”.

En la actualidad, está pendiente el asunto de mayor envergadura, en el que están personados los sindicatos policiales y la abogacía del Estado como acusación. Están imputadas 12 personas y las peticiones de cárcel oscilan entre 6 y 8 años y las de multa rondan los 18.000€. Estamos a espera de juicio constituyendo grupos de apoyo para que las imputadas se sientan arropadas.

Después de tres años, hay personas que siguen en vilo esperando saber qué será de su futuro, amenazadas con la entrada en prisión, o con tener que afrontar multas inasumibles. La represión que sufrieron los manifestantes de las Marchas de la Dignidad es ejemplo de cómo, a través de la persecución de los que se movilizan, se busca el miedo y la desidia frente al recorte de derechos sistemático que viven las clases populares. Este miedo, solo se puede vencer con organización y con la construcción de espacios solidarios y de apoyo. Hoy como ayer, seguimos en la lucha, saliendo a la calle, con la misma fuerza, con la misma ilusión, gritando bien fuerte: Pan, Trabajo, Techo y Dignidad.