Vamos de una vez,
revolución temprana
tenemos que hacer
porque mientras más se tarde
más difícil es.
Alí Primera

En las últimas semanas (meses) vemos cómo se agudiza y se vuelve más violento el accionar de parte de la oposición al gobierno chavista de Venezuela.
Se trata del cuarto intento de golpe de estado en cuatro años. La oligarquía venezolana y el Mando USA experimentan todas las posibilidades, todos los caminos que les permitan reconducir al rebelde pueblo bolivariano continental a un Estado de sumisión.

El proceso de transformación social en Venezuela no tuvo un minuto de respiro. Los intentos desestabilizadores y golpistas comienzan a gestarse apenas el Comandante Hugo Chávez Frías gana las elecciones el 6 de diciembre de 1998. Y se intensifican a medida que el presidente va cumpliendo con sus promesas electorales.

En estos casi 20 años en Venezuela se han sucedido 20 procesos electorales, de los cuales la derecha ganó 2 que el gobierno bolivariano respetó, y los 18 restantes tuvieron como vencedor al Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y aliados como el PCV, y en todas ellas la oposición denunció fraude electoral.
Antes de las elecciones presidenciales de 2013, en las que finalmente resultó electo Nicolás Maduro, los candidatos se habían comprometido a respetar los resultados de las urnas.

Sin embargo, inmediatamente de saber el escrutinio Henrique Capriles desconoció el boletín oficial emitido por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y exigió a un recuento total de los votos. Y esa denuncia de posible fraude fue apoyada, ¡qué casualidad!, por los gobiernos de España, Francia, Estados Unidos, Paraguay y la OEA.

Hoja de ruta golpista

Esta oposición oligárquica venezolana, subordinada al imperialismo norteamericano, sigue paso a paso las tesis planteadas en los trabajos del pseudo independiente Gene Sharp y que el ensayista argentino Edgardo Datri resume en cinco pasos[1]:

1. Ablandamiento. Los medios de comunicación generan opinión centrada en problemas reales (generar desabastecimiento alimentario) o potenciales (es decir inventadas).

2. Deslegitimación. Manipulación de los prejuicios anticomunistas y antipopulistas. Acusar al gobierno de atacar la libertad de prensa, los derechos humanos, etc.

3. Calentamiento de calle. Organización de manifestaciones, toma de instituciones públicas, no respeto de las instituciones, radicalizar la confrontación.

4. Desarrollo de operaciones de guerra sicológica y acciones armadas para justificar medidas represivas y crear clima de ingobernabilidad.

5. Fractura institucional a través del ejército u otras fuerzas armadas (policía por ejemplo) para forzar renuncia de presidente.

Pese a la gravedad de los acontecimientos y la brutalidad de los ataques a la economía, la derecha venezolana no parece lograr el quinto paso por medios propios, por lo que instiga abiertamente la intervención extranjera en el país. Y cuenta para ello con aliados como la decadente Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo Secretario General, Luis Almagro, no duda en exigir al gobierno de Nicolás Maduro elecciones anticipadas antes de 30 días, caso contrario Venezuela sería apartada de la OEA[2]. En sintonía con ese posicionamiento, los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron un comunicado similar, nota que fue calificada como “grosera injerencia” en los asuntos internos de un país soberano por la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien añadió que esos gobiernos “violentan” las leyes internacionales para respaldar “el intervencionismo de Venezuela pretendiendo gobernarla desde el exterior”[3].

Doble rasero

Entre los gobiernos que firman esa petición, algunos provienen o son directos herederos de golpes de Estados institucionales (Brasil, Honduras y Paraguay) efectuados con la cuasi complicidad de una Europa de mirada distraída. En otros países, resulta que ser dirigentes sociales o periodistas implica vivir con el temor de ser asesinados o desaparecidos (Honduras, Colombia, Guatemala, México). Por su parte el gobierno argentino mantiene en prisión a la parlamentaria del Parlasur Milagro Sala, y lo hace mediante argucias legales, hilvanando causas judiciales para no liberarla, pese a los requerimientos de la ONU. Y, siguiendo con Argentina, el actual presidente, Mauricio Macri[4] afronta un pedido de juicio político por haber perdonado una millonaria deuda que un grupo empresarial de su familia tenía con el Estado argentino.

Es decir que apenas se comienza a observar la situación particular de estos países, toman cuerpo las palabras de la canciller venezolana cuando afirma en su cuenta de twitter que “resulta vulgar el doble estándar y selectividad política de estos gobiernos para avalar la violencia vandálica de la oposición venezolana”.

Todas estas acciones regionales le dan alas a los grupos violentos que pretenden derribar como sea al gobierno de Nicolás Maduro. Y ya lo anunciaban así cuando ganaron las legislativas y el recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, anunciaba en su primer discurso en enero de 2016, que el objetivo era “el cambio del presente gobierno” antes del primer semestre de ese año. No lo lograron, pero siguen en su intento, muy arropados por los grandes medios de (des)información internacional.

Estos medios generan la idea de que en estas últimas marchas y protestas opositoras en Venezuela se han saldado con brutales represiones por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo viendo las imágenes que ellos mismos transmiten, no se ve la cacareada represión, sino los ataques que grupos preparados realizan contra las fuerzas policiales. Hay un muy interesante artículo al respecto, firmado por Pascual Serrano en Público.es titulado “¿Nos cuentan la verdad sobre la violencia de las manifestaciones en Venezuela?”, en el cual se desmenuza el tratamiento sesgado que estos hechos tienen por parte de prestigiosas cabeceras informativas españolas.

Y, hablando de los apoyos internacionales que recibe la oposición oligárquica venezolana (Chávez les llamaba los “escuálidos”), también el gobierno español lo hace. Mientras en relación a la inmigración, el gobierno actúa con devoluciones en caliente sin siquiera dar la oportunidad de la solicitud de asilo a quienes huyen de guerras y hambrunas, simultáneamente otorga con extraordinaria rapidez la nacionalidad española a los dirigentes opositores venezolanos que lo necesiten. Uno de los últimos casos es el de Léster Toledo, diputado al Consejo Legislativo por el estado de Zulia. Toledo huyó de su país tras una orden de detención bajo la acusación de financiar el terrorismo para sembrar violencia callejera en el marco de marchas realizadas en agosto pasado. También está analizando el comportamiento de la multinacional de origen español MoviStar, a quien se está investigando por el aparente y reiterado envío masivo de mensajes llamando a participar de las manifestaciones opositoras al gobierno.

Guarimbea que algo queda

En estas reiteradas guarimbas (algaradas callejeras) y acciones de violencia, los objetivos que se destruyen son aquellos que representan al gobierno chavista. Así han atacado y destruido liceos, el Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi, la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del Tribunal Supremo de Justicia, incendiaron la sede de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), quema de centros médicos primarios (consultorios Barrio Adentro), taque al hospital materno infantil «Comandante Supremo Hugo Chávez», en El Valle[5]. Juntamente con ello, también atacan a comercios minoristas para sembrar el miedo, el caos y hacer aparecer al gobierno de Maduro como incapaz de controlar la seguridad.

No dudarían en generar una guerra civil en Venezuela si tienen la oportunidad, tal como lo denunciaba el embajador Mario Isea Bohórquez en un acto en Vallecas el pasado 22 de abril.

La intencionalidad está clara. Si no consiguen derribar a Maduro y al gobierno bolivariano, ni logran la intervención militar extranjera en Venezuela, al menos podrían socavar el apoyo popular ante las próximas citas electorales que se avecinan, tales como la de gobernadores para finales de año.

Por cierto, y hablando de marchas y movilizaciones, escaso o nulo eco informativo tuvo la tremenda demostración de apoyo que recibió el gobierno de Nicolás Maduro, con la participación de más de 3.000.000 de personas en manifestaciones en varias ciudades del país.

La respuesta de quienes están a la cabeza del proceso bolivariano es el mantenimiento de la paz, y la profundización de medidas de participación en los canales de producción y distribución. Tal como son los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción que desde su implantación cuenta con más de 27.000 unidades en toda Venezuela, abasteciendo a unos seis millones de familias, con el fin de combatir la reventa, especulación, acaparamiento y contrabando de los rubros de primera necesidad, parte de la guerra no convencional orquestada por sectores de la derecha.

Por nuestra parte, el combate contra la desinformación, la manipulación mediática y por tanto el esclarecimiento de lo que realmente está sucediendo es un elemento fundamental de la batalla ideológica que nos permitirá impulsar con conocimiento la necesaria solidaridad con el proceso bolivariano.

Notas:
1. http://goo.gl/RvZA9X
2. http://goo.gl/HPJk9S
3. http://goo.gl/n3zOlc
4. La fortuna personal y familiar de Mauricio Macri se vio notablemente incrementada al amparo del gobierno genocida de Videla.
5. http://goo.gl/7kDz0k

Analista Latinoamericano