El pasado 18 de enero la entonces todavía consejera de Educación, Maribel Sánchez-Mora, reunía la Mesa de la Enseñanza Concertada y presentaba un proyecto de Orden por la que se establece el procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educativos para el periodo comprendido entre los cursos 2017/2018 y 2022/2023.

El proyecto de Orden traía dos novedades relevantes. Una en su propio enunciado: la extensión de todos los conciertos educativos a un periodo de seis años de duración. La otra en su preámbulo y artículo noveno: la pretensión de generalizar la concertación de niveles educativos postobligatorios (Formación Profesional y Bachillerato) y de hacerla depender exclusivamente de la llamada “demanda social”.

La propuesta acogida con alborozo por dos de las patronales de la enseñanza concertada y con reservas por parte de la Unión de Cooperativas, mereció el rechazo desde aquel primer instante de la representación de CCOO Enseñanza.

El sindicato alertó de inmediato al conjunto de la comunidad educativa que muy pronto respondió desde dos ámbitos: el más general de la Plataforma por la Educación Pública (en la que se agrupan organizaciones de padres y madres, estudiantiles, sindicatos de enseñanza y partidos políticos) y en la específica de la Junta de Personal Docente (en la que participan los seis sindicatos representativos de la enseñanza pública).

La respuesta a esta pretensión de la Consejería de Educación que viene a romper los equilibrios existentes entre la red de centros públicos y la red de centros concertados ha llevado a toda una escalada de movilizaciones: concentraciones, encierros en los centros educativos, manifiestos, miles de firmas de rechazo, una propuesta alternativa de dictamen rechazando la Orden en el Consejo Escolar Regional -que fue rechazada en su comisión permanente-, nutridas manifestaciones y hasta dos jornadas de huelga.

La protesta ciudadana y del profesorado de la enseñanza pública tiene sus razones:

• La extensión de la duración mínima de los conciertos de todos los niveles educativos hasta los 6 años pone de manifiesto la voluntad política del gobierno regional (en plena crisis de recomposición por efecto de los casos de corrupción que afectan al Partido Popular) de blindar los nuevos conciertos de los niveles postobligatorios a la eventualidad de un cambio de gobierno, bien ahora por efecto de la crisis política bien en 2019 tras las elecciones autonómicas, que pudiera decidir en un sentido distinto del actual.

• El hacer depender los conciertos singulares (los que afectan a la FP y el Bachillerato) de la demanda social es poner en peligro decenas y decenas de unidades escolares en los centros públicos (y con ellas los puestos de trabajo que las sostienen) pues la demanda social puede inducirse, tanto directamente a través de la promoción de lo privado como indirectamente mediante el deterioro intencionado y programado de los centros públicos (ejemplo de esto último sería la política de estrangulamiento económico al que son sometidos los IES de la región que ven, una vez más, cómo sigue disminuyendo la partida de gastos de funcionamiento y cómo no se renuevan ni reponen equipos obsoletos o fuera de uso).

• La inexistencia de una partida presupuestaria que soporte las nuevas concertaciones pone en la diana los presupuestos de la enseñanza pública que en los últimos años han disminuido un 5% mientras aumentaban un 20% los de la concertada.

• La concertación de las enseñanzas postobligatorias puede tener repercusiones en los niveles educativos anteriores (obligatorios) modificando la escolarización en los mismos e incrementando y acelerando la desestabilización del actual equilibrio entre redes.

La propia Consejería ha tenido que intentar rebajar las consecuencias de la norma -finalmente publicada en el Boletín Oficial el 1 de abril- estableciendo unos criterios que deberían reunir los centros solicitantes de estos nuevos conciertos y que limitarían severamente las posibilidades de concertación. Pero las empresas educativas, animadas -no podía ser de otra manera- por el contenido de la norma, no parecen haberse impresionado mucho por esos supuestos criterios (que recordemos, no están recogidos en la Orden de Conciertos y que, por tanto, tal como se han establecido pueden anularse) y se han lanzado a solicitar la concertación de hasta 152 nuevas unidades (106 de bachillerato y 46 de FP).

La concertación de esas 152 unidades supondrían un coste a las arcas públicas de más de 14 millones/curso. Incluso si fuesen tajantes con la aplicación de esos criterios que no figuran escritos en parte alguna, la cifra se rebajaría hasta las 100 unidades (70 de bachillerato y 230 de FP) y el gasto rebasaría los 9 millones.

El caso es que la Ley de Presupuestos de la Región de Murcia para 2017 no recoge partida alguna que pueda atender a un gasto de esa magnitud. El presupuesto de la enseñanza concertada asciende en 2017 a 224 millones de euros y está calculado para atender a los conciertos preexistentes y a su crecimiento vegetativo. La pregunta de “¿de dónde va a salir el dinero?” pende sobre todo el procedimiento y las respuestas posibles no auguran nada bueno.

Para colmo, la decisión política se ha tomado extemporáneamente: publicada el 1 de abril, con plazo de solicitudes hasta el 2 de mayo, con todo el proceso de elección de centro para el curso próximo ya realizado…sin decisión sobre qué solicitudes se aceptan y cuáles no…podemos encontrarnos con una situación extraña que obligue a tener que repetir todo el proceso de solicitud de centro durante el mes de junio. Si a fines de mayo se concierta un grupo de bachillerato ¿qué ocurre con familias que ante la nueva situación quieran matricular a sus hijos en ese grupo? ¿Y si lo que se conciertan son decenas de grupos?

Durante estas últimas semanas CCOO Enseñanza ha promovido pronunciamientos de diversos Consejos Escolares Municipales en contra de la extensión de los conciertos educativos a FP y Bachillerato. Por su parte diversos partidos políticos (IU, Podemos, PSOE) han llevado el rechazo a estas concertaciones a los plenos municipales y a las Juntas Vecinales. El grupo parlamentario regional de Podemos ha registrado en la Asamblea un proyecto de Ley de Conciertos Educativos (que excluiría la concertación de las enseñanzas postobligatorias) y el del PSOE anuncia otra iniciativa legislativa en esa misma línea. El recorrido de estas iniciativas parlamentarias dependerá -dada la composición de la Asamblea regional- de la decisión que finalmente adopte Ciudadanos que se plantea abierto a abordar el asunto aunque mantiene, por el momento, una ambigüedad calculada.

No todo, pues, está decidido. Todavía puede revertirse esta iniciativa irresponsable y sectaria del Partido Popular. Lo que ocurra va a depender de la capacidad de concitar la coincidencia de muchas voluntades distintas. Una concertación sin recursos, que destruya empleo y que enfrente a cara de perro a las dos redes educativas es sin duda el peor de los escenarios. El escenario a que quiere llevarnos el Partido Popular y el escenario que hay que evitar que llegue a materializarse.

CER FECCOO y Presidente de la Junta de Personal Docente no universitario