La España del 2017 vive sumida en las terribles consecuencias de años de gobierno del neoliberalismo, el recorte y la privatización [1]. No sólo es la constatación de que neoliberalismo y democracia son conceptos antagónicos, es la imposibilidad de su coexistencia. Las políticas depredadoras del libre mercado, comienzan vulnerando Derechos Humanos de subsistencia para continuar diezmando los derechos civiles y políticos.

El neoliberalismo necesita de instituciones adormecidas, fáciles de manipular, que permitan a la élite económica y política que nos gobierna, que pueda enriquecerse desaforadamente, a costa del empobrecimiento masivo de la población. Instituciones del Estado al servicio de un fin, acabar con la soberanía popular y el control democrático, gobiernos, jueces, fiscales, el Banco de España, medios de comunicación, son susceptibles de ser utilizados por las élites para enriquecerse diezmando el Estado de Derecho y la división de poderes [2].

El caso español no es un caso aislado, pero sí tiene una caracterización especial, la impunidad. No sólo se trata de una impunidad objetiva que permite que las grandes mafias vinculadas a los partidos de gobierno puedan sustraerse de la justicia, es el saberse impune, el hecho de que no haga falta, siquiera, guardar las apariencias. Un saberse impune que permite que el Ministro Rato utilice sin descaro las instituciones democráticas para hacerse millonario, o que Ignacio González hable de poner y quitar fiscales, o que el Partido Popular diseñe una plan para tapar y proteger a quienes se enriquecen a costa de las familias trabajadoras, extorsionando fiscales y poniendo el gobierno al servicio de la mafia.

Una democracia tocada de muerte en origen, tras una Transición que no sólo sirvió para convertirnos en la mayor nación de impunidad del fascismo, también para tapar a los grupos de poder que venían haciendo negocio con los bienes y servicios públicos.

Es en este contexto en el que las organizaciones transformadoras como el PCE e IU optan por disputar al neoliberalismo, también desde las instituciones. Se trata, por tanto, de acertar en el papel que debemos tener como grupos institucionales.

Y es, ante esta situación, por la que el Grupo Confederal Unidos Podemos (Podemos, IU, En Comun Podem, En Marea) anuncia la presentación de una moción de censura contra el gobierno del PP, para la que busca apoyos de otros grupos institucionales y, sobre todo, de la sociedad civil organizada, por eso es fundamental que la movilización del 20 de mayo en la Puerta del Sol, en Madrid, sea un éxito.

Es imposible, con la actual correlación de fuerzas, disputar al neoliberalismo corrupto, sólo desde las instituciones, cualquier alternativa necesita de una sociedad civil, organizada, movilizada y exigente.

La moción de censura, tiene como objetivo que el PP no gobierne un minuto más, que se establezca un gobierno que no ampare ni proteja la corrupción, poner un dique en el exiguo Estado de Derecho, y desde ahí continuar la batalla contra el neoliberalismo depredador.

Notas:

1. ESPAÑA, con el 9,2% de la población de la UE, contribuye con el 11% del total europeo de personas en pobreza y exclusión. En la UE-28, el indicador de riesgo de pobreza y exclusión europeo (AROPE) de 2015 llega al 24,4%, un total de 122,3 millones de personas. En el caso de España, el AROPE es del 28,6%, un total de 13.334.573 personas.

2. Un total de 112 procedimientos de corrupción con la investigación acabada que acumulan 659 personas camino del banquillo de los acusados y otras 79 sentencias condenatorias. Año 2017. Consejo General del Poder Judicial.

Responsable Institucional de Izquierda Unida