Unipost en lucha contra el despido de 2400 trabajadores

Si no se remedia, en los próximos días culminará un ERE por el que dos mil cuatrocientas personas en UNIPOST y alrededor de otras dos mil en empresas franquiciadas o comercialmente vinculadas, perderán su trabajo.

El pasado martes tuvo lugar la tercera reunión del periodo de consultas del ERE, planteado por la Administración Concursal. La decisión de los gestores, nombrados por un juzgado de Barcelona, donde UNIPOST tiene su sede, se produjo tras valorar el Plan de Viabilidad elaborado por la compañía, que no garantizaba ni un plan estratégico para la recuperación del equilibrio de su cuenta de resultados ni un plan financiero creíble para sanear un balance que arroja un endeudamiento cercano a los 45 millones de euros.

Para la administración concursal, y para los sindicatos, la única posibilidad realista para evitar los despidos es la aparición de un comprador. Al respecto, se ha especulado con la posibilidad de una adquisición total o parcial de la compañía catalana por Correos, si bien esta posibilidad suscita dudas, debido a la posición dominante que el operador público alcanzaría en el ámbito del sector postal de nuestro país y la probable oposición de los organismos reguladores de la competencia.

Más real parece la posibilidad, también extendida, de que un fondo inversor haga su aparición con una oferta que, dada la naturaleza de este tipo de empresas, podría plantear un saneamiento dramático para el empleo y las condiciones de trabajo y salario a corto plazo.

Para situar al lector, hay que comenzar diciendo que la crisis de la empresa UNIPOST se vislumbraba desde hace mucho tiempo, a nadie le ha sorprendido esta debacle.

UNIPOST, cuyos principales accionistas son la familia Raventós, dueños de la marca Codorniu, se constituyó a principios de este siglo cómo consecuencia de la fusión, absorción y compra de varias empresas a lo largo del país, en el segmento que un día se conoció como de correo de negocios o correo bancario, Suresa en Cataluña, Urbandisa en Aragón, Flecha en el levante y otras de menor tamaño en Andalucía y el resto de España. También fue determinante en su creación la necesidad de reconstruir por parte de los operadores privados una imprescindible plataforma logística y comercial en Madrid, tras la crisis que acabó en el año 2002 con la principal empresa del sector, la madrileña Dicorma.

Durante los últimos treinta años del siglo pasado, este segmento del correo de empresas conoció la aparición de decenas de empresas que operaron, durante esos años, con unos razonables márgenes de beneficios, antes de que se notasen los efectos de las nuevas tecnologías sobre el correo postal tradicional en soporte físico y en una época en la que, el entonces organismo público Correos y Telégrafos, aún no se había dotado de una estrategia comercial para competir en este ámbito.

A partir de la aprobación de la Ley Postal de 1998, una ley moldeada por las directivas europeas liberalizadoras, Correos corría el riesgo de verse desplazado por competidores foráneos en los segmentos más favorables del mercado postal, reservando al operador público un papel subsidiario para la exclusiva cobertura de servicios en ámbitos de baja rentabilidad y para la prestación del servicio universal, atribuido por la Ley Postal a Correos, en toda la geografía del país. Un servicio estructuralmente deficitario y qué precisa de una importante aportación de los presupuestos del estado para su mantenimiento. Así, la Ley estableció una nueva regulación del mercado postal que reservó determinados espacios en exclusiva para el operador público, a fin de evitar su colapso económico, lo que a la postre tuvo un fuerte impacto en el sector privado empresarial, que demostró una nula capacidad de adaptación al nuevo escenario.

Las tesis liberalizadoras del mercado postal en España, inspiradas por el Libro Verde de los Servicios Postales en Europa de 1992, deberían haber contribuido, según sus impulsores, a un aumento de la competencia y la concurrencia de operadores postales que deviniese en un mercado más dinámico y una mejora de las tarifas para la ciudadanía.

Como tantas otras veces y más allá de que estos objetivos publicados ocultasen en realidad una agenda oculta, mucho más cercana a la depredación de los servicios públicos, que a duras penas aún se conservaban en el ámbito de monopolio público, las previsiones fallaron.

El proceso de liberalización del mercado postal en España se desarrolló en un contexto desfavorable, por decirlo de alguna manera: un servicio de bajo valor añadido, al menos en el sistema de consumo de aquel tiempo, ahora podría ser distinto; un tipo de empresa poco capitalizada, donde el principal centro de coste, en torno al setenta por ciento, son los salarios, pues el servicio se basa en la mano de obra intensiva; una escasa dotación de equipos y una aún menor inversión tecnológica.

En estos términos, solo cabía esperar lo que hasta ahora ha ocurrido: un escaso interés inversor, la eclosión de nuevos operadores cuya única estrategia es el dumping y, con todo ello, una paulatina e imparable precarización de las condiciones de trabajo y la fuerte devaluación de los ingresos y precios del servicio que, casualmente, no se reflejan en ahorros para los particulares o las pymes, sino principalmente para los grandes clientes, como bancos y cajas de ahorro, compañías eléctricas o gasistas, grandes emisores de publicidad, etc.

Así, el anunciado desembarco de operadores, españoles o extranjeros, nunca se produjo y eso fue el fracaso de la estrategia de los gestores de UNIPOST quienes, desde prácticamente su fundación, tenían como único objetivo vender la compañía, de hecho fue ofrecida a todos los operadores postales europeos, y extraer así un fuerte rendimiento a su inversión que, como antes hemos mencionado, se había producido más por la urgencia y el riesgo de perder la plataforma logística del centro peninsular que suponía la caída de Dicorma, que por un proyecto estratégico de largo recorrido, en el que nunca creyeron.

Esa cultura del negocio, más propia de un fondo de inversión que de un empresariado responsable, ha resultado nefasta, tal y como desgraciadamente se ha demostrado. UNIPOST ha carecido de un proyecto que permitiese redimensionar la compañía, diversificar la cartera de servicios en torno a los nuevos hábitos de consumo, implementar nuevas tecnologías en relación con los procesos o buscar alianzas comerciales con operadores diversos.

El declive del correo tradicional era previsible, desde hace más de quince años Comisiones Obreras ha venido reclamando un esfuerzo que combatiera los efectos del mismo, porque anticipábamos sus consecuencias, pero cuando señalábamos la luna, los empresarios miraban el dedo, mientras se frotaban las manos imaginando las ofertas de compra que nunca llegaron. Ahora cuatro mil personas pueden pagar con su empleo la miopía y la estulticia de otros.