Todas las informaciones que llegan desde Birmania y desde las zonas fronterizas con Bangla Desh son alarmantes: la minoría birmana de los rohingyas, de confesión musulmana, está sufriendo una sangrienta represión a manos del ejército birmano, que ha hecho que unas setecientas mil personas se hayan visto obligadas a huir de sus poblaciones, en un dramático éxodo hacia regiones relativamente seguras en Bangla Desh. No es la primera oleada de refugiados rohingyas: en los años noventa, en 2012, y en 2016, miles de rohingyas tuvieron también que huir de la región de Rajine, al norte de Birmania, donde vivía la mayoría.

La transición política en Birmania, donde las elecciones convocadas por la Junta Militar en 2015 dieron la victoria a la LND (Liga Nacional para la Democracia) de San Suu Kyi, no ha mejorado la situación para esa minoría musulmana. El actual gobierno (compuesto por la LND y el USDP: Unión, solidaridad y desarrollo, el partido creado por los militares para el nuevo escenario político), dirigido en la práctica por la consejera de Estado San Suu Kyi aseguró a la población que impulsaría programas de protección social, crearía puestos de trabajo, y combatiría la corrupción, al tiempo que trabajaría por una federación birmana unida; sin embargo, su política hacia la minoría rohingya es similar a la que mantuvo la Junta Militar, hasta el punto de que el gobierno de San Suu Kyi no la considera birmana, sino bengalí, pese a que la gran mayoría vive en Birmania desde hace siglos. Tampoco Bangla Desh los reconoce como ciudadanos.

La radicalización budista, en un país como Birmania donde la población tiene en su gran mayoría esa confesión, se expresa en organizaciones como Ma Ba Tha (dirigida por el monje budista Ashin Wirathu), y es abiertamente racista y partidaria de la represión contra los rohingyas. Esa radicalización budista ya hizo que San Suu Kyi cediera a muchas de sus exigencias: entre otras, arrancó el compromiso de eliminar a birmanos musulmanes de las listas electorales de la LND. Además, los movimientos radicales budistas de Birmania exigen la deportación de los rohingyas, y el actual gobierno mantiene su discriminación: no tienen condición de ciudadanos, no disponen de derechos políticos, no pueden participar en las elecciones, ni ejercer algunas profesiones; y el ejército birmano sigue aplicando una dura represión contra ellos.

La aparición, en 2012, de grupos armados entre la minoría rohingya (como el Ejército de Salvación de Arakan, así como Aqua Mul Mujahidin) ha facilitado la represión que llevan a cabo los militares birmanos, en un escenario regional donde además intervienen los países vecinos: Pakistán tiene vinculación con los grupos armados rohingyas, mientras que Bangla Desh los rechaza. No debe olvidarse que Pakistán y Bangla Desh (hermanos adversarios que, hasta 1971, formaron parte de un único país) mantienen posturas enfrentadas sobre esa minoría: mientras Bangla Desh considera enemigos a los grupos armados rohingyas, como hacen Birmania y la India, el gobierno de Pakistán los apoya por razones religiosas y para disponer de instrumentos de intervención en las disputas regionales, que le enfrentan a la India, y ligadas también a la lucha global de influencias en Oriente Medio y el sudeste asiático, y, más allá, al enfrentamiento estratégico que Estados Unidos mantiene en la región de Asia-Pacífico para contener el fortalecimiento de China. En Birmania, Washington intenta atraerse al gobierno de San Suu Kyi para su política de contención de China.

También Bangla Desh, uno de los países más pobres del sudeste asiático, rechaza acoger a los rohingyas, sobre todo por razones económicas: alega que no puede hacerse cargo del mantenimiento de centenares de miles de personas que se apiñan en la frontera y en tierra de nadie. La minoría rohingya se ha convertido en la gran víctima de muchos enfrentamientos cruzados, y del odio de los movimientos de confesión budista en Birmania. El gobierno de San Suu Kyi, que continua las negociaciones con distintos grupos armados, ha transigido con el cierre de mezquitas en la región habitada por los rohingyas, ha aceptado la feroz campaña represiva de los militares birmanos, e incluso la propia San Su Kyi ha negado las atrocidades, pese a las evidencias documentadas por organizaciones humanitarias y por la propia ONU: poblaciones rohingyas arrasadas en el Estado de Rajine, frecuentes violaciones de mujeres, asesinatos impunes cometidos por el ejército, pueblos incendiados. Esa feroz represión ha llevado a más de 700.000 rohingyas a huir hacia Bangla Desh, hacinándose en míseros campos de refugiados en las regiones fronterizas, durmiendo en el barro, pasando hambre, soportando la lluvia y las enfermedades que han aparecido entre ellos.

Según organizaciones humanitarias, miles de birmanos rohingyas han sido asesinados por el ejército birmano en estas semanas finales de 2017. Urge una respuesta internacional a la dramática situación que sufren los rohingyas, urge solidaridad inmediata con ellos; debe impedirse que centenares de niños sin familia, perdidos, deambulen indefensos por los campos de refugiados arriesgándose a caer en manos de bandas de traficantes de seres humanos; es imperativo que la agencia de la ONU para los refugiados, ANCUR, disponga de más medios para afrontar esta emergencia; es ineludible que las grandes potencias y países ricos contribuyan a la solidaridad material con los rohingyas y que el mundo detenga los crímenes que comete el ejército birmano.

El Partido Comunista de España denuncia la represión del ejército birmano, y llama a los trabajadores y a la población española a hacer honor a sus obligaciones solidarias: extender la mano a los rohingyas, ayudar económicamente a los refugiados, y exigir al gobierno español y a los organismos internacionales el envío de auxilio, deben ser la urgencia del momento.

Comisión Internacional