Los pasados 16, 17, 18, 19 y 20 noviembre de 2017 llegaron a las costas de este país 571 personas procedentes de Argelia. Lo hicieron después de haberse jugado la vida cruzando el Mediterráneo en condiciones de extrema precariedad, con la esperanza de encontrar aquí la dignidad que les ha sido arrebatada en su país de origen. Nada más lejos de la realidad. Fueron tratadas como delincuentes por el Ministro del Interior y encarceladas en el Centro Penitenciario Málaga II en Archidona. Diez de ellos eran menores.

La condena a la decisión adoptada por el Ministerio del Interior ha sido unánime de toda la sociedad civil, ONG´S, Sindicatos, e incluso de la propia Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, que señala que “tanto la Ley de Extranjería como el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los CIES establecen que los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario en los que se tienen que salvaguardar los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria”. El propio Tribunal Constitucional en 1987 recalcó que esta condición era fundamental porque supone una «garantía adicional que trata de evitar que el extranjero sea sometido al tratamiento propio» de las prisiones.

Las carencias en las infraestructuras del recinto penitenciario al que fueron trasladados y en las condiciones en las que han soportado el trato en ocasiones vejatorio merecen mención aparte, un recinto que aún no contaba con las condiciones mínimas de habitabilidad, sin agua potable corriente, sin ropa, sin servicios de apoyo psico-social, sin servicio médico asignado, sin régimen de visitas establecido, sin posibilidad de contactar con sus familias en origen, con frío, hambre y miedo, donde no podían acceder al interior de los módulos salvo a las horas de las comidas y por la noche; pasando el resto del día a la intemperie, en un lugar donde se llegan a alcanzar en invierno temperaturas de 0 grados centígrados y sin ropa de abrigo suficiente, donde por las mañanas eran llamados por los agentes de la UIP mediante golpes con las porras en las puertas de las celdas, sin traductores suficientes para atender las necesidades de los internos, en el que no se han fregado los módulos durante más de un mes, no se les ha lavado la escasa ropa que se les ha dado en los más de 40 días que han estado internos allí.

En ese contexto, el pasado día 28 de diciembre, Mohammed Boubardala junto con otros internos iniciaron una protesta que fue reprimida mediante la fuerza por la Unidades de Intervención Policial encargados de la custodia de las personas internas. Bouderbala, junto con 11 personas más, fueron encerradas en régimen de aislamiento. Al día siguiente, el joven argelino de 36 años fue hallado muerto en el interior de la celda 41 del CIE de Archidona, sin que hasta el momento hayan resultado esclarecidas definitivamente las circunstancias de su muerte.

Desde Izquierda Unida hemos trabajado codo a codo con los distintos colectivos y ONG´S como son Málaga Acoge o la Plataforma Ciudadana Contra el CIE de Archidona, entre otras, siendo y estando en el conflicto; tejiendo de esta manera alianzas con los distintos actores. Es importantísimo destacar la labor que han realizado las activistas, tanto a título individual o como parte de movimientos organizados, que han estado día y noche a las puertas del CIE, con viento, con lluvia, con nieve, día tras día y desde el primer momento.

Nuestra labor como organización ha sido vital para visibilizar el conflicto en las instituciones, a todos los niveles: local, provincial, autonómico y nacional, hemos desarrollado una ingente labor como correa de transmisión entre el conflicto y las instituciones. Así hemos presentado en todos los municipios de la provincia de Málaga mociones de condena a la política migratoria de este país, que considera al migrante un potencial delincuente, hemos solicitado en la Diputación de Málaga la inmediata paralización de las deportaciones y la puesta en libertad de las personas internadas así como un sistema de acogida para los migrantes que respete la dignidad y los derechos humanos.

Participamos en la concentración del 30 de noviembre en la Plaza de la Marina (Málaga) con una amplia representación de nuestra militancia y de la Dirección Provincial, el Secretario General del PCA Ernesto Alba y nuestra diputada nacional Eva García Sempere. Nuestra militancia ha participado de forma activa en las distintas Asambleas de colectivos en apoyo a los migrantes internados en el CIE y que solicitaban su liberación. También lo hicimos en las concentraciones en la puerta de la CIE de Archidona y, en especial, en la del 26 de noviembre que supuso un antes y un después en la lucha contra el CIE, ya que consiguió saltar a los medios de comunicación nacionales, provinciales y locales, poniendo punto y final al silencio consciente que mantenían hasta la fecha.

El 1 de diciembre de 2017, Eva García Sempere, junto con otras diputadas y senadoras, realizó una visita a la cárcel y conseguimos, por fin, poner en conocimiento de la opinión publica, la presencia de menores en el CIE y las pésimas condiciones que los internos estaban soportando en el interior.

En diciembre, también, realizamos dos solicitudes de comparecencia en el Congreso del Ministro del Interior y se han solicitado dos veces respuestas por escrito a las preguntas entregadas en la Mesa del Congreso de los Diputados por parte de Alberto Garzón, Eva García Sempere y Miguel Ángel Bustamante además de otras compañeras del grupo de Unidxs Podemos como Alberto Montero, Ricardo Sixto e Ione Belarra.

El 28 de noviembre Eva García Sempere presentó una batería de preguntas a la mesa del Congreso de los Diputados referente al nuevo modelo de CIE presentado por el Ministro del Interior en Algeciras donde no se aclara el papel que desempeñarán las ONG ni el personal que custodiará a los detenidos. Con estas preguntas queremos saber entre otras cuestiones si realmente el Gobierno cree que estos nuevos CIEs son la solución más adecuada para atender la entrada de los migrantes o qué datos maneja el Gobierno sobre las consecuencias psicológicas para las personas internadas en los CIEs.

Es importante destacar que nuestro grupo no se ha puesto en marcha ahora, ya el 5 de abril Alberto Garzón, Alberto Montero y Eva García presentaron en la Comisión de Interior la pregunta ¿Cuáles son los motivos para la creación de 3 nuevos CIEs en Málaga, Madrid y Algeciras?

El 27 diciembre de 2017, Alberto Garzón (coordinador Federal de IU), y Antonio Maíllo (coordinador Andaluz IU), mantuvieron un encuentro y una asamblea abierta con colectivos implicados con el fin de poder elevar al Gobierno todas las propuestas, reivindicaciones e ideas de aquellas personas que no han dejado de luchar contra la barbarie. Al día siguiente Garzón, anunciaba a las puertas de la cárcel de Archidona, que desde IU no cejaríamos en el empeño de denunciar la flagrante vulneración de Derechos Humanos que el Ministro del Interior había cometido, ordenando y consintiendo la situación que estaban viviendo estas personas, anunciamos que solicitaríamos su reprobación al Congreso de los Diputados, y que desde IU estudiaríamos iniciar acciones judiciales contra el Gobierno de España.

Entre las abogadas que hemos asistido a los internos hemos estado, Amanda Romero (hija de Antonio Romero, en representación de la Invisible), el equipo jurídico de Málaga Acoge y yo mismo, luchando por defensa de cada una de las personas internas. Cuando el 29 de diciembre Mohammed Bouderbala, apareció muerto, Izquierda Unida se personó en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción Único de Archidona para la investigación de la muerte, causa que ha sido sobreseída provisionalmente por el Juzgado y que desde IU como acusación popular, hemos recurrido junto con las acusaciones particular y el resto de acusaciones populares personadas en la causa, ya que es fundamental que se aclaren todas las circunstancias que han rodeado esta muerte.

Finalmente el pasado día 10 de enero el Gobierno decidió poner punto y final a la barbarie de Archidona, trasladando a los internos que aún quedaban, alrededor de 100 personas, a los CIES de Tarifa, Algeciras, Barcelona y Madrid. Esta decisión responde al trabajo conjunto de nuestra organización en el conflicto y de los distintos colectivos y activistas.