El olvido y la desmemoria debilitan los pilares de nuestros principios democráticos. Porque sólo con memoria podremos dar respuesta al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación… así ultimaba su escrito la declaración institucional firmada solemnemente en Pamplona el pasado 16 de marzo entre 13 gobiernos autónomos españoles.
Los gobiernos de Navarra, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Extremadura, La Rioja y País Vasco han expresado, de acuerdo con ello, su disposición a colaborar para dar respuestas a las familias de las víctimas del franquismo, firmando un texto pionero en nuestro país, a partir de la estructura autodenominada Red Interautonómica de Memoria Histórica y en la que se prepondera el trabajo conjunto con las víctimas y sus familiares.
Recogemos los tres pilares en los que se base el documento:
1. Afirmamos nuestra condena del golpe militar de 1936 y de la dictadura franquista, y nuestro compromiso con una cultura de paz, respeto y tolerancia. El golpe militar de 1936 desató una ola de violencia que provocó un tremendo e irreparable dolor en nuestra sociedad. Decenas de miles de personas fueron injustamente asesinadas, heridas, encarceladas, represaliadas, o se vieron forzadas al exilio.
2. Mostramos nuestro compromiso con la memoria como herramienta para el recuerdo de la injusticia de la violencia y como medio para construir sociedades más justas, más éticas, más solidarias y más democráticas, donde aquellos trágicos acontecimientos no puedan volver a producirse. Clara alusión a las recomendaciones realizadas por la ONU al gobierno de España y a las que éste sistemáticamente sigue obviando.
3. Reiteramos nuestro compromiso con los Derechos Humanos y con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Pero lo que sí que hay que considerar como avance significativo, por novedoso, es el acuerdo logrado entre Navarra, Andalucía, Euskadi y Cataluña de trabajo compartido a partir de una mesa técnica y explorar conjuntamente las posibilidades y los fondos ya existentes entre los bancos de ADN que están desarrollándose en esos territorios y que tiene relación directa con las exhumaciones de fosas ilegales y la identificación de los restos hallados en ellas. Queda, pues, la reforma de la ley 52/07, sin dilación alguna, para aunar esfuerzos en dirección a lo hay de avanzado en los reglamentos de las Comunidades intercomunicadas en la red.
Son las administraciones públicas las que tienen la responsabilidad de impulsar de forma activa políticas públicas que pongan en valor la memoria, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido como forma de avanzar en la consolidación de sociedades más justas, más solidarias y, en definitiva, más democráticas y libres.
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