Mucho se ha escrito y hablado sobre la muerte de dos vecinos de Lavapiés tras una intervención policial ocurrida el pasado jueves. La opacidad informativa que ha caracterizado la gestión del caso por parte del Ayuntamiento y las distintas manipulaciones efectuadas por los grandes medios no han ayudado a arrojar luz sobre los hechos.

A estas alturas nadie puede cuestionar la relación existente entre tener una enfermedad previa (sin recibir tratamiento, debido a la exclusión sanitaria que sufren las personas sin papeles en nuestro país) y la agudización de esta producto del estrés causado por una redada policial. No desligar estos hechos es importante para la cuestión.

Lo cierto es que Mame Mbaye ha muerto por ser migrante y por ser pobre. Mame Mbaye murió tratando de ganarse la vida. Huyendo de la extrema pobreza de su país de origen, llegó a España hace 14 años, durante los cuales intentó regularizar su situación dos veces, sin éxito. Abocado a la venta ambulante para poder sobrevivir, como miles de manteros y lateros en igual situación, este colectivo es objeto de persecución sistemática , represión y hostigamiento por parte de las instituciones, siendo encerrados en Centros de Internamiento para Inmigrantes, deportados o en última instancia sufriendo penas de hasta dos años de prisión.

Algunos elementos esenciales para entender el conflicto:

Las intervenciones policiales contra el Top Manta han aumentado exponencialmente y las redadas por perfil étnico se llevan practicando con frecuencia desde hace ya varios años.

Sin más alternativas de subsistencia estas personas migrantes se ven atrapadas en una difícil espiral entre la Ley de Extranjería, Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana y Ordenanzas Municipales. Tenemos una ley de extranjería que criminaliza, estigmatiza y oprime a miles de migrantes por el hecho de serlo y tratar de sobrevivir.

Estas personas entran en un eterno bucle en el cual la ley les impide regularizar su situación ya que con delitos penales (la venta ambulante está registrada en el Código Penal) no pueden hacerlo, no pudiendo así optar a un trabajo legal.

Habiendo expuesto esto cabe señalar que la actuación policial para reprimir las protestas vecinales tras la muerte de Mbaye fue desmesurada y brutal como recogen los numerosos vídeos que circulan por la red. Este hecho se ve con claridad con la agresión sufrida por Arona Diakhaté, el hombre que está en actitud pacífica bajo una farola y al cual golpean con las porras, requiriendo 18 puntos de sutura en la cabeza, escondiéndolo posteriormente en un portal y excluyéndolo de los registros policiales referentes al operativo. Además de esto, otro vecino, Ousseynou Mbaye falleció de un ictus durante los incidentes. Asimismo desde la Unión de Policías Municipales han anunciado que se van a querellar contra Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros, por cuestionar la versión policial. Entendemos que estos hechos en su conjunto son inadmisibles.

Ante la gravedad de tales circunstancias solo cabe exigir el total esclarecimiento de los hechos, la depuración de las responsabilidades, tanto políticas como policiales que se deriven del caso, el fin de las redadas racistas, la despenalización del Top Manta y la derogación de la Ley de Extranjería. Asimismo es imprescindible que la opinión pública conozca el estado de los/as heridos/as y detenidos/as. Sobrevivir no es delito. Ninguna persona es ilegal.