Podemos afirmar que la juventud es la punta de lanza del proyecto burgués, el sector de la clase obrera que más afectado se ha visto por el descenso de derechos (sin olvidar la situación de las mujeres o de la clase obrera de origen migrante). En este proyecto, cada vez más avanzado, pero todavía en desarrollo, la juventud cumple un papel clave: Ser el sujeto de experimentación de un proyecto precarizador del que todavía no se conocen los límites. Tanto es así que en 2018, la estabilidad laboral en la población joven fue del 8,19%, la más baja de todos los colectivos. Analicemos las características de este proyecto.

Poder adquisitivo

El salario medio de los jóvenes de entre 16 y 24 años ha bajado el 8,6% de 2011 a 2016 y se ha situado en los 1.029,30 euros.

Vemos (gráfico adjunto) cómo la diferencia salarial relativa a la edad llega incluso a ser del doble entre los tramos de 20 a 24 años y los tramos de 40 en adelante, situando a la juventud trabajadora en un marco de precariedad material comparativamente peor a otros sectores de la población.

Desempleo

El número de parados ha estado disminuyendo desde 2013 aunque todavía está por encima de las dramáticas cifras de 2008 cuando se alcanzó el 60% de paro juvenil. Las tasas de paro actualmente están en el 28’3% para el total de la juventud y para los dos sexos, lo que supone 12 puntos más que el total de la población.

Los principales rasgos del perfil del joven menor de 30 años parado es el de una mujer de 25 a 29 años con estudios de Educación Secundaria Obligatoria y antigüedad como demandante de empleo de uno a tres meses que trabajó en el sector servicios o bien carece de experiencia previa.

Temporalidad

Después del descenso durante la crisis la temporalidad comenzó a subir a partir de 2015. En el último año, el 82,68% de la contratación juvenil se suscribió bajo las modalidades de Eventual por circunstancias de la producción y obra o servicio. Además, más del 55% de los contratos temporales fue inferior a 3 meses y se desconoce el tiempo de casi el 34%. En total, el 92,6% de la población juvenil trabajadora se encuentra bajo un contrato temporal.

Dos de los efectos que conlleva el empeoramiento en las condiciones de trabajo son la emigración a la que la juventud española se ha visto abocada los últimos años y la cada vez más tardía emancipación del hogar familiar.

Por un lado la emancipación juvenil se encuentra en mínimos históricos: sólo uno de cada cinco jóvenes menores de 29 años ha podido emanciparse desde el punto de vista residencial y esta situación, lejos de revertirse, no hace más que agravarse por el crecimiento casi hasta niveles de precrisis del precio de la viviendas además de la subida de precios de los alquileres.

Por el otro, desde que empezó la crisis en 2008 ha crecido un 41% el número de jóvenes españoles que han emigrado al extranjero, en la mayoría de los casos empujados por la falta de perspectivas laborales que a corto plazo ofrece el país. Sobre todo por las altas tasas de paro y precariedad antes analizadas. Durante los años de crisis los “exiliados”, concepto actualmente desechado ya que la emigración era puramente económica, han sido un sujeto político importante en las políticas y análisis sobre la situación de la juventud. Los y las jóvenes españolas emigradas han servido de mano de obra barata fuera del país.

Educación

Otro de los aspectos cruciales en la vida cotidiana de la juventud es la educación. Partiendo de la base de que el coste por familia en la educación ha aumentado casi un 50% y que el nivel de pobreza se ha generalizado, para las familias, la educación ha vuelto a ser el único camino a un ascenso social. Esto, acompañado de los recortes en financiación del sistema educativo que tratamos en el anterior ciclo, han supuesto que cada vez más estudiantes de clase trabajadora queden excluidas y segregadas del sistema educativo, con las consecuencias de pobreza y precariedad que ello conlleva que en menores de 18 años se sitúa en una tasa de exclusión social o pobreza del 31,3% según el indicador AROPE.

Por otro lado, encontramos que hay un 16,4% de estudiantes que ni estudian ni trabajan, situación en correlación con el nivel de estudios, siendo del 12,5% para las estudiantes que tienen la ESO y del 24,8% para los que han completado la primera etapa de la ESO o inferior, valores que también confirman una tendencia a la baja comparada con el anterior ciclo. También hay que tener en cuenta que la FP básica ha supuesto una descualificación de los contenidos mínimos para obtener el título de la ESO y que algo más de un 60% son las estudiantes que consiguen superar este nivel formativo, que como ya analizamos supone una forma de maquillar las estadísticas de fracaso escolar.

Como consecuencia de la crisis, el modelo estudiante/trabajadora se ha asentado definitivamente, en gran parte debido a la reducción de las becas salario y la vuelta a las becas por méritos académicos y la subida de tasas. Esto, sumado a un modelo Bolonia cada vez más desarrollado hace que a las estudiantes de clase trabajadora les sea cada vez más difícil acceder a la Universidad o desarrollar toda su capacidad dentro de ella, mucho más si hablamos de organizarse en un espacio politizado. Como resultado de todo lo anterior, según datos del MECD, actualmente hay 1.303.252 estudiantes universitarios frente a los 1.416.827 que había en 2014. Así, el número de estudiantes universitarios continúa en caída libre, con la juventud trabajadora agrupándose alrededor de una Formación Profesional muy degradada y vendida a las empresas privadas.

En definitiva tenemos un escenario con una correlación de fuerzas desfavorable para la clase trabajadora, que se hace más palpable en las condiciones laborales de la juventud, mientras se transmite un ideario que soporta todas estas reformas (economía neoliberal, la meritocracia, el emprendimiento, etc). Por tanto afirmamos, que aunque ni la precariedad laboral ni el resto de ataques materiales a la clase trabajadora se deben a la crisis, lo que claramente demuestran los datos es que estos ataques se han consolidado aprovechando el periodo de crisis iniciada en 2008.

Secretario General de la UJCE