Médico, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y miembro del Consejo Asesor de Sanidad, Marciano Sánchez Bayle ha coordinado un libro, publicado por El Viejo Topo, que con el título Privatización sanitaria, análisis y alternativas, explica cómo el Sistema Nacional de Salud español, creado en 1986, universalizó la sanidad de una forma equitativa y gratuita y cómo 5 años después en 1991, con el PSOE en el gobierno, se marcó la hoja de ruta para la privatización de la Sanidad Pública. Se iniciaba la carrera por la mercantilización de la salud, “la fagocitosis de los derechos sociales por el mercado que aboca al desamparo a millones de ciudadanos” como escribe Sánchez Bayle citando a Karl Polanyi.

Los autores de este libro son miembros de FADSP, una asociación de profesionales relacionados con la sanidad e interesados en la defensa de un sistema sanitario público, universal y redistributivo que garantice el acceso a la atención de calidad de la salud en condiciones de igualdad. El objetivo de este trabajo colectivo es combatir el proceso de privatización de los recursos sanitarios analizando y discutiendo con objetividad sus resultados en el conjunto de España. También pone sobre la mesa las alternativas para parar y revertir la privatización.

MUNDO OBRERO: La privatización de los servicios públicos, especialmente Educación, Sanidad y Cuidados, es el negocio más codiciado por el capital trasnacional. Los gobiernos han abierto las compuertas y se cuela por todos los resquicios. ¿Cómo está funcionando la mercantilización de la salud en España?
MARCIANO SÁNCHEZ: Modelos hay muchos, pero todos se basan en la misma idea: favorecer con dinero público los negocios de las empresas privadas.

En España llevamos muchos años con una deriva de privatización que se ha ido produciendo de manera muy distinta según las Comunidades Autónomas. También con ritmos diferentes según el momento político. Básicamente hay tres tipos de privatización. Una, la financiación generada por lo que gasta la gente cuando recibe una prestación sanitaria en el sector privado. Un clásico en España es el dentista, por ejemplo. También lo hacen para saltarse listas de espera. O con los copagos que se establecieron a partir de la RDL16/2012, aunque antes ya había alguno.

Otro tipo de privatización es la que tiene que ver con el aseguramiento. Por una parte está el aseguramiento privado, que se paga cada uno de su bolsillo y que ha aumentado de una manera muy notable. Por otra, está el aseguramiento que hacen las empresas a sus trabajadores, que normalmente se limita a los trabajadores de élite y a sus directivos, aunque en algunas compañías está más extendido; en cualquier caso se desgravan en el impuesto de sociedades y, por lo tanto, en gran parte lo estamos financiando el conjunto de la población. Y luego está otro aseguramiento que está financiado con dinero público, con lo que lo estamos pagando todo el mundo, como es el modelo de Muface, que es el que tienen los funcionarios del Estado, en el cual les dan la opción de elegir una aseguradora privada y mayoritariamente la utilizan.

Y, por último, el otro gran bloque de privatizaciones, que es el que analiza fundamentalmente el libro “Privatización sanitaria. Análisis y alternativas”, es el que tiene que ver con los centros sanitarios que son privatizados y que están financiados con dinero público. En el libro no se entra en los que son privados y son financiados privadamente, que no son lo relevante. Lo relevante son los centros privados que se están financiando con dinero público, en los que ha habido un incremento importante en los últimos tiempos.

M.O.: Háblenos de la privatización de nuestros hospitales.
M.S.: La mayor financiación para los hospitales privados no parte del bolsillo de los usuarios sino de las arcas públicas. Las condiciones para el sector privado son muy ventajosas y además les garantizan que el canon se va actualizando año a año aunque el presupuesto sanitario disminuya.

En la privatización de los hospitales también hay tres sistemas. Por una parte están los conciertos, que ya existían antes de la Ley General de Sanidad, y que es cuando una administración sanitaria llega a un acuerdo con centros privados porque hay algunas coberturas que puede garantizar y se hacen con recursos privados financiados con fondos públicos. Aquí hay una diferencia muy importante de unas comunidades a otras. En Cataluña, por ejemplo, un 24% del presupuesto sanitario va a conciertos, en Madrid un 10% y luego otras comunidades autónomas que están por debajo del 5%.

Por otra parte está lo que se conoce como las externalizaciones y que en realidad son privatizaciones en las que en lugar de concertar con un centro privado determinados servicios, éstos se derivan al sector privado. Por ejemplo las pruebas diagnósticas como radiología, que es la más frecuente, pero también pruebas de laboratorio, algunas consultas externas, algunas actividad quirúrgicas, etc. Eso está muy relacionado en algunas comunidades autónomas con los planes de disminución de las listas de espera quirúrgica.

Y luego, la tercera fórmula es la colaboración público-privada, en la que empresas privadas asumen prestaciones sanitarias del sistema de una manera estable y regulada y en la que se hace un acuerdo durante mucho tiempo. El modelo más conocido es el de los hospitales. Y hay dos formas distintas. Una es el modelo PFI (Iniciativas de Financiación Privada, en español) en la que un grupo temporal de empresas contrata con una empresa la construcción de un hospital mediante un canon que se va a pagar durante 20 ó 30 años. En este caso, esa empresa que ha construido el hospital se hace cargo de todo lo que no sea sanitario, es decir todo menos lo que no sea personal médico y de enfermería. Y de esas hay mucho en Madrid, todo lo que hizo Esperanza Aguirre como el hospital de Vallecas, el de Arganda, el de Coslada, Majadahonda…

El otro modelo es el que se conocía como “modelo Alzira” y que es la concesión administrativa: igualmente una empresa privada, o un grupo de empresas, construye un centro sanitario, pero en este caso se hace cargo de la gestión de toda la prestación, la sanitaria y no sanitaria, como ocurría en el hospital de Alzira y sigue ocurriendo en el de Denia, Vinalopó, Torrevieja… y en Madrid el de Torrejón, Valdemoro, Collado Villalva, Móstoles, Rey Juan Carlos… y que se ha pretendido extender a otros puntos de la geografía.

Aparte, hay otros hospitales privados preexistentes para atender a la población de una determinada zona o área, como la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, que ya no es una fundación sin ánimo de lucro sino que pertenece a Fresenius, la multinacional alemana líder en sanidad privada en Europa que gestiona 47 hospitales en España… u otros hospitales como Povisa en Galicia, San Juan de Dios, en Alfarache, gestionado por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, etc.

Otra cosa que también se hace, y que tiene una presencia relativamente importante, es concertar mediante un sistema de colaboración pública y privada, durante largo tiempo y dejándoselo a una empresa privada, la utilización de la alta tecnología, como las resonancias magnéticas en la Comunidad Valenciana.

Luego hay sitios, como en la Comunidad de Madrid, donde a través de un centro de llamadas de gestión privada se favorece el paso de enfermos que tenían que ir a la pública y se derivan a la privada. En 2017 fueron desviados 137.000 enfermos según la memoria del Servicio Madrileño de Salud.

Hoja de ruta neoliberal

M.O.: El Banco Mundial en 1987 y el Foro Económico Mundial trazaron los planes para la privatización del sistema de salud a nivel internacional. Luchar contra este modelo es luchar contra el gran poder económico transnacional.
M.S.: Esto es un movimiento mundial que está ligado al neoliberalismo, que lo iniciaron Thatcher y Reagan el siglo pasado y que pretende desmantelar los sistemas públicos de protección social, en este caso la Sanidad, y dejarlos en manos privadas para que puedan hacer un gran negocio. Y lo que ha pasado, y España es un caso muy clásico, es que inicialmente las concesiones se hacen como uniones temporales de empresa, donde las empresas nacionales suelen ser mayoritarias. Y en el caso de los hospitales PFI la presencia mayoritaria era de cajas de ahorro y constructoras. Luego, una vez construido el centro, estas empresas se desentienden y venden su participación a otras empresas, que al final acaban vendiéndolo a las grandes multinacionales.

M.O.: ¿Quiénes son esas multinacionales?
M.S.: Ahora en España hay tres grandes multinacionales que son la alemana Freseniun, la estadounidense Centene Corporation y la británica Bupa, que controlan la mayoría de la provisión privada. Y esto tiene muchísimos riesgos. El primero es que al ser oligopolios, casi monopolios, pueden fijar precios y condiciones. Y de hecho muchos de estos centros han hecho modificaciones de contratos que cada vez benefician más a la empresa privada. Además, plantean el problema añadido de que como son empresas que en algunos casos están ligadas a grandes empresas de capital de riesgo, fondos de pensiones, etc, en un momento determinado pueden decidir que no les interesa estar aquí porque no les es rentable, dejando sin ninguna respuesta garantizada a una importante parte de la población. Pasó con el Casar, que era un consorcio que se había formado en el norte de Huesca entre unos municipios, una mutua patronal etc… el gobierno se acabó haciendo cargo no sólo del hospital sino de la deuda de 1,8 millones que éste tenía.

De pacientes a clientes

M.O.: Se juntan muchas cosas. Lobbies muy poderosos, beneficios millonarios, negocios de los laboratorios, exceso de pruebas diagnósticas innecesarias… ¿qué tipo de atención sanitaria vamos a tener cuando pasamos de pacientes a clientes y prima el negocio sobre la salud?
M.S.: En Estados Unidos, que es donde la privatización está más avanzada en el mundo, algunas empresas han hecho un bloque compacto de atención sanitaria: son empresas de aseguramiento, de provisión sanitaria y empresas farmacéuticas y tecnológicas. Ellos producen todo lo que consumen. Aquí nos encontramos con una situación en la que lo que se intenta es incrementar los beneficios a costa de aumentar la utilización, a veces innecesaria, de servicios. Conviene saber, por ejemplo, que en Estados Unidos la tercera causa de mortalidad son los efectos adversos a los medicamentos. En España hay mucha utilización excesiva.

M.O.: Cuentan en el libro que en el intento de parar la reversión de la privatización de Alzira intervino hasta el embajador estadounidense.
M.S.: El propio embajador estadounidense se presentó a hablar con el presidente de la Comunidad Valenciana, que era Zaplana, para interesarse en el asunto porque la empresa que estaba detrás, Centene, tiene un presupuesto mayor que el de este país, con lo que tiene una capacidad importantísima de influir en la opinión pública, en los medios, en las autoridades… y de hacer lobby. Detrás de estas privatizaciones hay potentísimos intereses. De hecho, hace poco salió un artículo en El País defendiéndolas. Hay muchísimo dinero por medio, muchísimos grupos de presión Think-tank que trabajan en el tema.

M.O.: Y aquí entra en juego la voluntad política para potenciar una sanidad privada o una pública gratuita de calidad y universal. ¿Qué se puede hacer para revertir este proceso privatizador?
M.S.: Lo que pase en el sistema sanitario público depende de tres condicionantes. Uno, que tiene que ver con que haya una población que tenga un gran aprecio por el sistema sanitario público. Afortunadamente en España, y así lo dicen todas las encuestas, existe una opinión pública muy favorable a la sanidad y a la gestión pública y se expresa a través de las múltiples movilizaciones que se han hecho durante mucho tiempo. Creo que influye mucho el hecho de que las personas que más utilizan el sistema sanitario, que somos las personas mayores, conocimos cómo era la Sanidad en España durante el franquismo, que era un desastre, y esa gente tiene la conciencia muy clara de que la Sanidad pública en España fue un gran avance y una transformación muy positiva. Y si se trabaja y se hace un esfuerzo para explicar la situación, se da información, etc., mejorará la conciencia y se llegará a la gente que no vivió aquella situación en primera persona.

Luego, también es importante que haya un grupo de profesionales dentro del sistema que esté implicado con el buen funcionamiento de la Sanidad pública. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública nació precisamente con la idea de poder vertebrarlo.

Y, por último, están los gobiernos, tanto a nivel central como de las comunidades autónomas.

Alternativas

M.O.: ¿Qué medidas debería adoptar un gobierno que apueste por la sanidad pública?
M.S.: Lo primero, parar la privatización porque cuanto más se privatice más difícil será desprivatizar. Seguro que mientras mantenemos esta entrevista se está privatizando algo, algo que no sea muy visible.
Otra opción es esperar a la finalización de los contratos y no renovarlos, como se hizo con el hospital de Alzira. A veces es difícil porque son contratos de 20 y 30 años de duración. Aunque en Valencia en esta legislatura cumplen dos contratos hospitalarios.

También hay contratos que no son tan a largo plazo, como el centro de llamadas en Madrid, la privatización de la extracción de sangre, de la lavandería… Cosas que se pueden ir recuperando simplemente con no renovar los contratos.

Por otra parte, existe la posibilidad de desprivatizar utilizando los términos del contrato, aunque normalmente son muy leoninos y favorecen mucho a la empresa privada. Sería muy caro y probablemente no se podría hacer de golpe, sobre todo en sitios donde hay mucha privatización, como en Madrid.

Hay otra fórmula que es exigir el cumplimiento a rajatabla de los contratos existentes. Y se sabe, porque ya hay mucha información como el informe realizado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, el que hizo el Sinde en Valencia, el informe de la comisión sobre el Hospital de Burgos… se sabe que el incumplimiento del contrato suele ser habitual por parte de la empresa… y sin embargo no se les penaliza.

Además, la Administración pública no cobra por los enfermos que atiende que dependen del sector privado. Por otra parte, los centros privados utilizan personal que es de la Administración pública en algunas áreas en las que tendrían que utilizar personal propio, por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz está utilizando el centro de especialidades de Quintana, que es un centro de la Seguridad Social que ha sido cedido por la Comunidad de Madrid a coste cero. El hospital de Torrejón también utiliza el centro de especialidades a coste cero. Oiga, eso hay que cobrarlo. En Madrid, un edificio en la calle Quintana es carísimo. Sólo con cobrarles el alquiler del espacio a coste de mercado la cosa ya cambiaría de forma relevante.

También deberían utilizar el sistema de penalizaciones que establecen los propios contratos. Si realmente se pusieran un par de inspectores trabajando a jornada completa en cada uno de estos centros privatizados vigilando todas y cada una de la cosas de incumplimiento y sancionándolas, las cosas pintarían de otra manera porque ya les dejaría de interesar tanto a las empresas privadas.

Hay otra fórmula más complicada pero también factible. Las empresas iniciales fueron desapareciendo del accionariado y se fueron vendiendo a otras empresas. Pues bien, para que se pueden hacer estas reventas hace falta la autorización de las comunidades autónomas: si no las autoriza y se postula como compradora, podría tener una presencia a un precio razonable porque muchas veces las ventas se hacen por falta de liquidez o por quiebra. Esto es lo que la Comunidad Valenciana está intentando hacer con el hospital de Denia: DKV se quiere desentender de su parte del hospital y la comunidad ha bloqueado la reventa y ha ofertado su compra.

Detrás de estas compras y recompras hay cuestiones que son puramente especulativas. El hospital de Torrejón se le concedió a Ribera Salud, Ribera Salud se lo vendió a Bupa Sanitas, y Bupa Sanitas se lo ha vuelto a revender a Ribera Salud, todo en un plazo de 5 ó 6 años.

Habría otra posibilidad más arriesgada y dura de llevar a cabo que es la expropiación por motivos de interés público. Hay bastantes motivos para hacerlo pero sería más complejo porque acabaría probablemente en los tribunales de la UE y porque necesitaría un gobierno muy fuerte y políticamente comprometido con la desprivatización, lo cual no parece que vaya a suceder en este país, al menos en esta legislatura.

M.O.: El libro no sólo denuncia cómo se ha producido la mercantilización de la sanidad, también da alternativas y recuerda algunas victorias conseguidas.
M.S.: El hospital de Alzira, por ejemplo, se consiguió desprivatizar, a pesar de que Ribera Salud hizo todas la maniobras posibles para que no se hiciera, con mucho coste político y personal. Lo importante es creérselo.

Hay que ser conscientes que las movilizaciones tienen un carácter defensivo pero cuando la gente está organizada, movilizada y trabajando se pasa de la parte defensiva a la propositiva como la derogación de 15/97 y el cambio de las legislación en las comunidades autónomas.

Las transformaciones como la desprivatización necesitan de la voluntad política de un gobierno fuerte y comprometido. En Valencia la ley autonómica establecía la colaboración de la pública y la privada y en 2018 se cambió la ley por otra que garantiza de una manera bastante potente la provisión pública.

Desde la calle se pueden hacer muchas cosas, entre otras condicionar a los gobiernos para que actúen.

Movilización por la Sanidad Pública

M.O.: En la movilizaciones y en la marea blanca ha habido una coordinación de usuarios, profesionales y sindicatos. ¿Cómo ha sido el trabajo entre todos?
M.S.: Hay que ser consciente de que la capacidad de la movilización de las mareas está muy condicionada porque haya un detonante concreto. Hay que tener organizaciones potentes que tengan capacidad de influir y de generar conciencia y también capacidad de organizar movilizaciones cuando realmente se dan las condiciones. En este año ha habido tres movilizaciones significativas sobre la Sanidad: una en Valladolid, con 50.000 personas en la calle a primeros de año; otra en Santiago de Compostela en marzo con 20 o 30.000 personas y la última en Teruel con 15.000 personas. Lenin decía que la vanguardia se caracterizaba porque iba un paso por delante de las masas, pero sólo un paso. Hay que saber pegarse a las condiciones objetivas. Hay que saber canalizar las fuerzas que tenemos y saber aplicarlas.

M.O.: Para que la gente acepte la sanidad privada primero hay que desprestigiar lo máximo posible el Sistema Nacional de Salud pública tan estupendo que tenemos y que tenía el Reino Unido antes de que empezarán a minarlo. ¿Qué significa el Servicio Nacional de Salud?
M.S.: El Servicio Nacional de Salud es el esfuerzo solidario que hace la gente que tiene más recursos económicos y más salud con las personas que tienen menos recursos y más enfermedad. En el fondo la idea es que cada uno debe de contribuir según sus posibilidades y recibir según sus necesidades. Hay que ser consciente de que esto es muy complicado de mantener en el sistema social y económico que vivimos en el que se favorece la insolidaridad, el sálvese quien pueda, el tanto dinero tienes tanto vales y tantas posibilidades tienes de conseguir lo que quieras, incluida la atención sanitaria. Pero la Sanidad pública tiene a su favor algo muy importante y es que representa los intereses del 90-99% de la población que se beneficia con este sistema sanitario. Mantener la sanidad pública solo puede perjudicar a los dueños de las grandes empresas que van a tener que pagar más impuestos y van a tener menos beneficios en sus maniobras empresariales.