“No cabe la utilización de la más alta institución del Estado con fines corruptos y de enriquecimiento personal masivo. Si esto ha sido así, la ciudadanía tiene el derecho a saberlo y las instituciones el deber de investigarlo y determinar las responsabilidades políticas” Así se expresa la petición que el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – Galicia en Común y el Grupo Parlamentario Republicano ha presentado esta mañana solitando al Pleno del Congreso de los Diputados que acuerde la creación de una Comisión que investigue “exhaustivamente y a fondo” las presuntas ilegalidades cometidas por el ex Jefe de Estado, Don Juan Carlos de Borbón en relación con las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí.

Suiza investiga una supuesta donación de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí a Juan Carlos I. Según la Fiscalía suiza, el día 8 de agosto de 2008, el gobierno de Arabia Saudí transfirió 100 millones de dólares a una cuenta del banco Mirabaud con sede en el paraíso fiscal de Bahamas. Aunque esa cuenta estuviera controlada por expertos en la creación y gestión de sociedades offshore, éstos estarían actuando como meros testaferros y el verdadero dueño y único beneficiario sería el ex Jefe de Estado Juan Carlos de Borbón.

La petición registrada hoy en el Congreso, se hace eco de la invistigación suiza, según la cual Juan Carlos de Borbón dispuso de los fondos libremente hasta 2012, cuando, tras el escándalo de la cacería de elefantes en Botswana, el banco Mirabaud, alegando un problema reputacional, invitó a Juan Carlos de Borbón a cerrar la cuenta. Así lo hizo, transfiriendo 65 millones de euros a Corinna Larsen (hoy Corinna zu Sayn-Wittgenstein) y un millón de euros a otra mujer residente en Ginebra.

Según apunta la petición registrada en el Congreso, el origen de ese dinero podría estar relacionados con el contrato de 6.300 millones de euros del AVE a la Meca que consiguieron varias empresas españolas en Arabia Saudí. El Confidencial publicó que el ingreso de esos 100 millones se realizó siete días después de que el BOE publicara un acuerdo estratégico de colaboración con Riad y apenas tres semanas después de que se celebrara en Madrid una conferencia de Diálogo Interreligioso “que presentó el régimen saudí como un país abierto y tolerante, pese a estar considerado una de las peores dictaduras del mundo que, además, patrocina una visión extrema del islam.» La Fiscalía Anticorrupción española ha remitido una comisión rogatoria a Suiza para conocer formalmente los detalles de la investigación en marcha en aquel país.

Ante “las graves sospechas de presuntas actividades corruptas conducentes a la acumulación de una gran fortuna por parte del ex Jefe de Estado, que se viene a sumar a una larga lista de indicios (…) resulta evidente que responsabilidades a determinar no pueden circunscribirse a lo fiscal y a lo penal sino que hablamos de sospechas que pueden erosionar gravemente las bases de nuestra democracia.

Que se llegue hasta el fondo
“Por ello, es obligación del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía del pueblo español, llevar a cabo una investigación exhaustiva que llegue hasta el fondo del asunto y para tal fin se propone la presente Comisión de investigación”.

La Comisión, que se constituiría “a la mayor brevedad posible”, trabajaría durante seis meses investigando las presuntas irregularidades realizadas por el ex jefe del Estado en relación con la relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí, desde las redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos en territorio nacional y en Arabia Saudí y su relación con el ex Jefe de Estado, a las presuntas cuentas irregulares del ex Jefe de Estado en Suiza y otros paraísos fiscales, pasando por “la posible existencia” de comisiones o donaciones en especie o dinerarias entre el gobierno de Arabia Saudí y el ex Jefe de Estado a cambio de su mediación en la consecución de contratos o de operaciones de promoción internacional del régimen saudí. También investigaría el grado de conocimiento de dichas presuntas actividades del ex Jefe de Estado por parte de las empresas y los organismos y departamentos del gobierno implicados en las mismas.