La Ministra de Educación, Isabel Celaá, presentó ayer miércoles los acuerdos sobre el tercer trimestre y el inicio del curso siguiente, ante la situación actual de emergencia sanitaria por el Covid-19. Aunque solo dedica un párrafo a “destacar el gran esfuerzo realizado por el profesorado, el alumnado y el conjunto de la comunidad educativa para continuar su actividad formativa en estas condiciones anómalas”, es necesario valorar que sea ese reconocimiento el arranque de su comunicado. Porque si algo parece claro, a estas alturas, en esta situación tan anómala, es la ingente labor de coordinación, actualización, elaboración, seguimiento y creatividad realizada por los equipos docentes, por los propios estudiantes y sus familias, algunas en situaciones muy difíciles e incluso dramáticas.
Qué duda cabe que el criterio inicial para enmarcar los acuerdos es algo insoslayable: cuidar y apoyar a toda la comunidad educativa para que su labor y sus tareas respectivas “se hagan en condiciones que promuevan su bienestar” y “cumpliendo los derechos incluidos en la Convención de los Derechos de la Infancia de la ONU”. Compartimos pues la preocupación del Ministerio por abordar esta situación excepcional con un enfoque que, junto a su vertiente educativa y pedagógica,
Tras estos principios, que son compartidos por los distintos sectores de dicha comunidad educativa, los acuerdos alcanzados giran en torno a seis ejes fundamentales, cuyo enfoque suscribimos de forma global, por tener un amplio grado de coincidencia con la posición general mantenida por el Área Federal de Educación de Izquierda Unida, cuyas propuestas más concretas trasladamos al Ministerio en días previos.
Compartimos también y, ante todo, como no podía ser de otro modo, la preocupación fundamental por “que nadie se quede atrás”, por adoptar criterios y medidas para facilitar la adaptación del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como el sistema de evaluación del alumnado, “con el objetivo prioritario de que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación, teniendo en cuenta de manera especial la situación de los estudiantes más vulnerables”.
Asimismo, coincidimos con el reconocimiento del papel decisivo que desempeña al efecto el ejercicio de la autonomía profesional de los equipos docentes, como conocedores de primera mano del proceso seguido durante el curso por su alumnado, y de las circunstancias concretas que puedan estar atravesando en el extenso período de confinamiento al que se han visto abocados. Son los equipos docentes quienes, en última instancia, tienen que aplicar a cada caso concreto las directrices acordadas por las administraciones educativas y tomar las decisiones correspondientes. De ahí la importancia de contar con un marco común, de ámbito estatal, que evite disparidades y un posible trato desigual del alumnado entre distintas Comunidades Autónomas. Como podría suceder en aquellas, como la Comunidad de Madrid, cuyo enfoque de la evaluación del aprendizaje parece ser más punitivo que formativo, a la vista de las manifestaciones realizadas por su Consejero de educación.
Necesidad de un marco común pedagógico y no punitivo
Por eso consideramos imprescindible que la normativa estatal que se promulgue asegure el cumplimiento en todos los territorios del criterio según el cual “las Administraciones educativas, los centros y el profesorado adaptarán el sistema de evaluación del alumnado, con el objetivo prioritario de que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación, teniendo en cuenta de manera especial la situación de los estudiantes más vulnerables”. Y para ello se ha de contar sobre todo con el profesorado, que es quien más y mejor conoce a su alumnado, cuyos informes de todos y cada uno de sus estudiantes reflejarán los avances realizados y/o retrasos que hayan podido producirse, teniendo en cuenta las anómalas circunstancias de este curso, y al objeto de planificar las medidas de recuperación que sean necesarias y programar el próximo curso.
Respecto al periodo de enseñanza no presencial, que probablemente se va a prolongar hasta final de curso, nos parece acertado igualmente aprovechar el tercer trimestre no para avanzar materia, sino para desarrollar actividades de recuperación, repaso y refuerzo. Si se trata de que nadie se quede atrás, esa es una buena estrategia para evitar, en la medida de lo posible, que ningún escolar se pueda perjudicar por las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre; máxime cuando un porcentaje del alumnado no cuenta con suficientes medios tecnológicos ni con un contexto familiar que le permita seguir el aprendizaje online en igualdad de condiciones.
Un problema asociado al final de curso es cómo abordar la promoción y, en su caso, la titulación en las evaluaciones finales de las distintas etapas educativas. Nuestra posición ha sido desde el inicio apostar por la promoción de curso de todo el alumnado como criterio general, tanto en Primaria como en Secundaria; coincidiendo también en esto con lo recogido al respecto en estos acuerdos, donde literalmente se dice: La promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la repetición de curso una medida muy excepcional, que deberá estar sólidamente argumentada y acompañada de un plan preciso de recuperación, ajustándose al marco general que dispongan las Administraciones educativas.
Todas estas medidas (calificación, promoción, titulación…) exigen, en efecto, una adaptación de la normativa actual por parte de las administraciones educativas, empezando por el propio Ministerio de Educación y Formación Profesional, que debe garantizar una aplicación homogénea del nuevo marco legal de carácter excepcional.
Hay que evitar por todos los medios que, según sea su color político, haya Comunidades Autónomas que estén por la labor y otras que se desmarquen de este acuerdo, como ya han anunciado la Comunidad de Madrid, la de Galicia, Murcia y el País Vasco. Y que ello pueda suponer que en unos territorios la promoción de curso no sea la norma general en todas las etapas, ni tampoco la titulación en 4º de la ESO, 2º de Bachillerato o FP. Que no estén dispuestas a adaptar los criterios exigibles para obtenerla, ni quieran organizar pruebas extraordinarias de recuperación, con posibles exenciones de partes de estas, como se ha planteado en el acuerdo. No por razones pedagógicas o pensando en el bien común, sino como forma de desgastar al gobierno actual y utilizar todos los medios posibles, incluso a los estudiantes, como forma de presión en su fanática labor de acoso y derribo a un gobierno democrático, que se desmarca de sus posiciones neoliberales y de su control.
Señalar también que es un criterio acertado no prolongar el curso escolar más allá de junio, tras haber sufrido un periodo de confinamiento tan largo como el que estamos teniendo, al menos por tres razones pedagógicas: el curso escolar ha continuado a pesar de la pandemia, el coronavirus y el confinamiento, por lo tanto, este tiempo no ha sido de “vacaciones”; segundo, no podemos “castigar” con más “deberes” y más curso escolar a los estudiantes por una causa ajena a ellos e incontrolable; pero sobre todo, es antipedagógico y contraproducente concentrar en una época estival a grandes grupos de alumnado, pues las ratios siguen siendo altísimas, en aulas sin condiciones para afrontar temperaturas cada vez más altas, debido al cambio climático, y exigirles que se concentren y se dediquen a estudiar, en esas condiciones. Tanto el profesorado como el alumnado y sus familias están haciendo un esfuerzo considerable para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin clases presenciales, utilizando los medios a su alcance, no siempre idóneos para poder llegar a la totalidad del alumnado. Tras este largo periodo de confinamiento, no podemos privarles de tener vacaciones en espacios abiertos y donde puedan disfrutar, jugar, reírse y vivir de forma libre y descansada.
Otra cosa es que durante el verano, como se ha demandado desde diferentes organizaciones y movimientos educativos, se abran colegios, institutos y otras instalaciones públicas para ofrecer a todo el alumnado que lo desee o lo necesite un amplio y variado programa de actividades lúdico-educativas, a modo de ‘campamentos urbanos y rurales’, que les permitan compartir experiencias, hacer deporte, desarrollar habilidades sociales, divertirse y, en algunos casos, tener asegurada al menos una comida saludable y adecuada. Pero no para ponerlos a ‘estudiar’ lo que no se haya trabajado por la situación excepcional que estamos viviendo. Pues eso sería una nueva especie de “castigo”.
Por último, destacar que nos parece especialmente atinado llevar la ‘excepcionalidad’ de las medidas al curso próximo, previendo, desde ya, planes de recuperación y adaptación del currículo y de las actividades educativas desde su inicio, “para conseguir la recuperación, pero sobre todo el avance de todo el alumnado y especialmente de los más ‘rezagados’, en función de los informes individualizados que se emitan al final del curso y de las evaluaciones iniciales que pudieran realizarse”.
El problema es que se fía buena parte de estas medidas a la labor de las administraciones educativas autonómicas. A ellas se les encarga que pongan a disposición de los estudiantes los recursos tecnológicos y de otro tipo que necesiten para el desarrollo de sus actividades durante este periodo de confinamiento; así como la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en esta situación. También se fía a la responsabilidad de las administraciones autonómicas que provean de recursos y medios para desarrollar esos planes de recuperación, apoyo y seguimiento que se diseñen para el alumnado con dificultades durante el próximo curso escolar. Si todo esto no cuenta con la financiación necesaria ni figura en los presupuestos de educación, se quedará en meras declaraciones bienintencionadas, y quienes los sufrirán será, en primer lugar, el alumnado más vulnerable y después el profesorado que se verá desbordado de nuevo y sin recursos para dar respuesta a dificultades aún mayores de sus estudiantes.
Confiamos en que, al igual que la ciudadanía, nuestros responsables educativos hayan aprendido a “ir todos a una” y pensar ante todo en el bien común.
Área Federal de Educación de Izquierda Unida
