Comienza en la Audiencia Nacional (8 de junio) el juicio contra el coronel Inocente Montano, viceministro de Defensa de El Salvador en 1989 cuando las Fuerzas Armadas asesinaron a seis jesuitas (cinco de ellos españoles) y a una empleada y a su hija en la Universidad Centroamericana (UCA).
Montano está acusado de “participar en la decisión, el diseño y la ejecución de ocho asesinatos terroristas” en la matanza que el Alto Mando encargó al Batallón Atlácatl, entrenado por asesores militares de Estados Unidos.
El coronel formaba parte del grupo de veinte oficiales de la cúpula del ejército procesados en la Audiencia Nacional bajo el mandato de la jurisdicción universal por ordenar el asesinato de los sacerdotes. Montano es el único que ahora va a ser juzgado porque el Tribunal Supremo de El Salvador se negó a extraditar al resto de los acusados.
El entonces viceministro de Defensa se refugió en Estados Unidos pero fue encarcelado por los delitos de fraude y perjurio en su tramitación migratoria. Cuando cumplió su condena de casi dos años, lo mandaron a España en 2017 para ser juzgado.
Los jesuitas de la UCA fueron asesinados durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989 mientras la guerrilla asediaba San Salvador. Las Fuerzas Armadas acusaban a los sacerdotes de ser cómplices de los insurgentes.
La Asociación Pro Derechos Humanos de España presentó la querella contra los militares salvadoreños ante la Audiencia Nacional en 2008, incluyendo al entonces presidente Alfredo Cristiani, de la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Pero ha quedado fuera del procesamiento como también los asesores militares de Estados Unidos que participaron en las reuniones del Alto Mando cuando se decidió la operación criminal contra los jesuitas.
