La aprobación de una ley para la protección de los menores de 18 años frente a la violencia es un imperativo ético, un mandato del derecho internacional y europeo y un paso más para lograr el reconocimiento de que todos los niños y niñas son ciudadanos y merecen no solo la misma protección legal que los adultos sino una protección especializada. Es además un compromiso que este gobierno asumió y el resultado de un trabajo conjunto del Estado y la sociedad civil en un tema que debería ser siempre un lugar de encuentro de todas las posiciones políticas. El derecho de la infancia a vivir una vida libre de violencia y la obligación de proteger a las victimas respetando su dignidad están por encima de cualquier ideología.

El nuevo marco legal crearà un paradigma común basado en el enfoque de prevención. Reconoce la responsabilidad de casi todos los sectores en el nivel nacional, autonómico y municipal en la prevención de la violencia y la protección, recuperación y reparación del daño de las víctimas. Reconoce derechos, compromete inversión pública, obliga a todas las administraciones a trabajar mejor, de manera coordinada y con estándares comunes de calidad. Refuerza las garantías judiciales de las víctimas, obliga a la especialización de los profesionales vinculados con la prevención de la violencia y la protección de las víctimas. Aumenta por fin los plazos para la prescripción de determinados delitos contra la infancia y por tanto disminuye la impunidad y mitiga el abandono que sufren la mayoría de las víctimas.

Además de decir lo que hay que hacer propone cómo hacerlo, obliga a crear protocolos comunes de actuación en los ámbitos de la escuela, la salud, el ocio y el deporte y los centros de protección. Formas de actuar que deben contar con indicadores que permitan medir su impacto y el cambio que producen en la vida de los niños, las niñas y los adolescentes. Ya era hora de que nos tomáramos en serio la calidad de los servicios públicos que ofrecemos a la infancia y en particular a la infancia víctima de cualquier forma de violencia. En las escuelas y en las entidades de ocio y deporte habrá delegados de protección, responsables de que las cosas se hagan bien, de detectar precozmente posibles casos y de activar una respuesta coordinada y a tiempo.

Mejora de manera rotunda la protección de la infancia

La nueva regulación propuesta refuerza la obligación de rendición de cuentas de las administraciones publicas porque establece mecanismos de control y seguimiento de la ejecución de la ley, obliga a crear una estrategia nacional para erradicar la violencia contra la infancia, protege la inversión pública necesaria para implementarla y fomenta la investigación para mejorar la evidencia que indique qué funciona para prevenir la violencia y proteger a las víctimas.

La ley funcionará si logramos convertir en sistémica la actuación de todas las administraciones públicas, si se coloca a la infancia en el centro de un modelo de prevención y protección que asegure que los servicios llegan de manera concurrente, continua y oportuna a cada niño o niña que lo necesite, sin importar donde viva, de donde venga, cómo sea y cuantos recursos familiares y personales tenga. Y si somos capaces de dotar a los profesionales de los recursos, los medios y los conocimientos que necesitan para hacer mejor su trabajo y si se valora esta inversión en términos sociales y económicos como un beneficio para todos y todas.

La nueva ley se puede quedar corta en reconocer el riesgo mayor que sufren los niños y las niñas que viven en instituciones de protección y de justicia de ser víctimas de violencia y la situación de indefensión en la que muchas veces se encuentran. Las medidas de prevención y protección previstas no son suficientes a la luz de la realidad vergonzante que todos conocemos sobre abusos sexuales y explotación de niñas y adolescentes bajo la tutela de instituciones de protección.

El establecimiento de mecanismos de comunicación de situaciones de violencia adaptados específicamente para la infancia, como un teléfono de denuncia y auxilio, va a ser una nueva obligación de las administraciones públicas. Estos mecanismos deberían considerarse servicios especializados de titularidad pública, contar con estándares de calidad homogéneos en todo el territorio y recursos públicos que garanticen calidad y continuidad del servicio en todas las situaciones. Como ocurre con los mecanismos previstos para la violencia de género. Lo ocurrido durante la emergencia nacional del coronavirus no deja lugar a dudas: sin este blindaje, el Estado volverá a fallar a los niños, las niñas y los adolescentes cuando más lo necesitan.

Esta ley, que mejora de manera rotunda la protección de la infancia frente a la violencia, debe unir al Congreso en un pacto contra la impunidad y la ceguera institucional y social. La ley es buena y no debemos caer en la trampa de enredarla en la maraña de las luchas por el poder político.

La salud mental de un país también se mide por cómo trata a su infancia. Seamos grandes con los más pequeños. La violencia contra los niños es intolerable y se puede prevenir. La ley es muy importante y su aprobación urgente.