“Los comunistas no podemos sentirnos satisfechos con una reactivación de la economía donde volvamos a tener más del mismo sistema que generó el estallido social”.
Daniel Núñez / Diputado

Los datos oficiales hablan de cerca de 3.200 muertes por el COVID-19 y 165.000 contagiados. Estos números no están claros por el baile de cifras que ha ido presentando el ministro responsable, lo cual hace que haya fuertes indicios de la existencia de subregistros y subinscripciones de contagios y decesos. Por ello la Cámara de Diputados ha aprobado, pese a la negativa de los partidos gubernamentales, la creación de una comisión investigadora que en un plazo máximo de sesenta días debe presentar sus conclusiones.

Mientras tanto los partidos opositores agrupados en la Unidad para el Cambio exigieron la dimisión del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Esta entidad opositora, de la que forma parte el Partido Comunista de Chile, denuncia que el ministro “implementó medidas fallidas y sin evidencias científicas de su impacto, como las cuarentenas dinámicas, la propuesta del cuestionado carnet Covid, la llamada a una ‘nueva normalidad’ cuando estábamos lejos del momento más crítico (incluso sugiriendo salir a tomar café con amigos), proclamaron mesetas irreales, se negaban a suspender las clases (medida asumida fundamentalmente por la presión de alcaldes), dificultaron decretar cuarentenas reales y dieron muestras de un injustificado exitismo que estaba lejos de ser real”. “He sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio”, se jactó en su momento Mañalich.

Además de la opacidad en la situación sanitaria, el gobierno de Sebastián Piñera, acorde a su ideario neoliberal, impulsa un Gran Acuerdo Nacional en el que plantea una serie de medidas que básicamente consisten en salvar a las grandes empresas y repartir unas migajas a familias necesitadas, priorizando la economía sobre las vidas y la salud, permitiendo e impulsando los despidos. Aunque en las declaraciones públicas Piñera solicita a la patronal que no eche a la calle al personal, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denuncia que en la práctica se está despidiendo, “incluso en empresas públicas como Correos de Chile (100% estatal), que ha preferido ampararse en el artículo 161 del Código del Trabajo (esgrimiendo supuestas necesidades de la empresa), contribuyendo al preocupante escenario de la cesantía”. Ante las evidentes incongruencias de Mañalich, el presidente Piñera se vio obligado a prescindir de su hombre de confianza y nombrar al médico Enrique Paris como nuevo ministro de Salud.

Frente a las actuaciones gubernamentales, el diputado comunista Daniel Núñez Arancibia dice que “el acuerdo nacional que propone el gobierno es un descarado chantaje a la oposición que condiciona la ayuda que necesita la gente en forma urgente -vía Ingreso Familiar de Emergencia- al apoyo a la salvación de megaempresas y a un ajuste fiscal en materia social para el 2021. Gran parte de los 10.000 o 12.000 millones de dólares de los que se está hablando -en materia de emergencia y reactivación- terminarán en manos de grandes empresas, a través de créditos con garantía estatal o apoyo en liquidez. Es grosero que una vez más el Estado termine subsidiando a los millonarios de Chile que son los dueños de esas empresas”.

Organizaciones sociales, sindicales y políticas han presentado diversas propuestas para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica. La Central Unitaria de Trabajadores lo hizo ante el Consejo Superior Laboral y la agrupación política Unidad para el Cambio lo hizo en la Cámara de Diputados.

Estas propuestas consisten básicamente en:

– Fin a los despidos.

– Impuesto del 2,5% a las grandes fortunas del país.

– Renta Básica de Emergencia.

– Transferencias en dinero mejor que canastas familiares. El Gobierno propone entregar a las familias cestas con alimentos que beneficiarían sobre todo a las grandes comercializadoras, ya que las compras se centralizarían. La propuesta de entrega de dinero a las familias necesitadas favorece al comercio de barrio, al comercio minorista.

– Salvar empresas estratégicas por la vía del ingreso del Estado a la propiedad y administración (nacionalización total o parcial) y bajo el compromiso del ingreso de los trabajadores a la misma con criterios de representatividad sindical.

– Frenar la especulación de precios de insumos y servicios básicos.

– Fortalecer el tejido hospitalario público.

Como afirma el diputado comunista Núñez, “los comunistas no podemos sentirnos satisfechos ni mostrar como un gran logro una reactivación de la economía donde volvamos a tener más del mismo sistema que generó el estallido social”.