Sólo habrá reconstrucción desde lo público y con garantía de derechos

La Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica, según el nombre oficial que le otorgó el Congreso de los Diputados, ha desarrollado sus trabajos durante mayo y junio. En julio debe proponer un informe final que sea sometido a votación en el pleno de la cámara. Se trata de lograr un consenso político sobre la reconstrucción económica y social después de analizar las graves consecuencias derivadas de la crisis del COVID-19.

Existe un sentido común, basado en la experiencia traumática de estos meses, que reclama medidas de raíz que refuercen la capacidad desde lo público para afrontar una situación de esta envergadura, priorizando la atención a los derechos básicos y la sanidad.

¿Será capaz la comisión de responder a semejante expectativa?

Tras su constitución con representantes de los grupos parlamentarios, se eligió una mesa de cinco miembros: dos del PSOE, uno de Unidas Podemos y dos del PP. En la presidencia Patxi López, del PSOE, y como vicepresidente Enrique Santiago, Secretario General del PCE.

Aunque la pretensión de las derechas era establecer una especie de comisión de investigación, erigiéndose en acusadores, para de una manera oportunista aprovechar las circunstancias y reforzar su estrategia de oposición, la actitud responsable de la mayoría de los grupos y la presión social han forzado un consenso bastante amplio sobre los contenidos y las reglas de funcionamiento.

En la comisión se formaron cuatro grupos de trabajo.

El primero para analizar la situación de nuestro sistema sanitario, sus deficiencias y la necesidad de su fortalecimiento, todo ello para blindar el Sistema de Salud Pública y su capacidad de vigilancia, antelación y respuesta ante eventuales emergencias sanitarias.

El segundo para abordar las políticas de reactivación económica y la modernización del modelo productivo, con un mandato expreso de atender las necesidades de aquellas personas más afectadas por la crisis y sus consecuencias.

El tercero para reforzar nuestro sistema de protección social y de los cuidados, de forma que se pueda garantizar la dignidad y el bienestar de las personas que han resultado más vulnerables como consecuencia de la pandemia. En este grupo se incluyó todo lo referente al sistema fiscal porque ya sabemos lo que pasa cuando se prevén medidas sin la necesaria financiación, como ocurrió con la Ley de Dependencia.

El cuarto para establecer criterios comunes en la defensa de la posición española que reclama una respuesta solidaria de la Unión Europea ante la gravedad de la crisis.

Hay que destacar que, a pesar de la crispación y de los intentos de la derecha por generar un clima de inestabilidad y bronca permanente, los trabajos se han desarrollado con normalidad y, en algún caso, llegando a acuerdos muy amplios. Incluso Vox, que comenzó el trabajo de la comisión anunciando su retirada, se ha visto forzado a participar de manera normalizada. Una cosa es tirar la piedra y esconder la mano, con la política de bulos y acusaciones manipuladas, y otra, bien distinta, negar el sentido común de lo que hemos comprobado en estos meses, cuando se ha evidenciado la carencia de recursos públicos y la indefensión que el modelo neoliberal ha generado.

Consensos generalizados

La inmensa mayoría de las propuestas explicadas por las organizaciones sociales y los especialistas han sido muy claras en resaltar la importancia de una actuación desde lo público y la necesidad de reconocer derechos como primera reacción ante la crisis.

Si bien no han podido comparecer todas las organizaciones y plataformas que hubieran sido necesarias, ya que cada grupo parlamentario ha dispuesto de un cupo correspondiente a su peso en la cámara (en algunos casos, imponiendo la presencia de dirigentes políticos con muy poco que aportar), se han acumulado ideas fuerza y propuestas muy precisas que deberían recogerse en las conclusiones de la comisión. El volumen de lo aportado es ingente, por lo que voy a insistir en lo más relevante.

Numerosas comparecientes han insistido en la necesidad de garantizar los derechos económicos y sociales, con mecanismos eficaces que permitan su exigibilidad. En palabras de la secretaria general de Caritas, Natalia Peiró Pérez, “la primera propuesta sería una reforma constitucional que garantice que los derechos económicos, sociales y culturales tengan el mismo grado de protección que los derechos civiles y políticos, articulando por tanto la posibilidad de invocación de estos derechos ante jueces y tribunales”. Según el presidente del Consejo General de Trabajo Social, Vicente González, “es necesario establecer el derecho a los servicios sociales -y esto es muy importante-, a la sanidad, a la Seguridad Social y a las prestaciones económicas garantizadas como derechos fundamentales y llevarlos al marco de la reforma de la Constitución”.

En el mismo sentido que Caritas y el Consejo de Trabajo Social, la responsable de contenidos e incidencia de Intermón-Oxfam, Lara Contreras Redondo, insistió en “una reforma constitucional que equipare los derechos sociales, culturales y medioambientales al resto de derechos y garantice la misma protección”, al tiempo que recordaba que “a nivel de precariedad laboral, hablamos de plantear en un futuro una estructura ocupacional diferente, invirtiendo en sectores de mayor valor añadido, porque a día de hoy son el turismo y la construcción los sectores que han precarizado el mercado de trabajo”. En este sentido, la economista Amaia Pérez Orozco invitó a “pensar la economía no únicamente -es lo que solemos decir- como los mercados y el trabajo, como aquello que se paga, sino la economía como esa red de interdependencia que sostiene la vida, donde hay cosas que suceden en los mercados y cosas que suceden fuera de los mercados”. “Necesitamos -añadió- modificar el sistema de indicadores del bienestar y del trabajo porque hay que vincularlos a la vida concreta y desvincularlos de los procesos de mercado”.

Como era de esperar ante la situación vivida, ha sido un clamor el reclamo de una financiación suficiente para la sanidad y que se garantice la gestión pública, recuperando progresivamente lo privatizado.

Se ha insistido en la necesidad de crear un fondo estratégico de reservas de material sanitario, medicamentos y otros productos precisos para hacer frente a potenciales rebrotes o nuevas pandemias. Y la puesta en marcha de una industria sanitaria pública que garantice la capacidad de intervenir cuando sea necesario. Como señaló con claridad la aportación de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), a través de Marciano Sánchez Bayle, «no existe un fondo de reserva de material sanitario, que en alguna de las comunidades autónomas se redujo aún más por motivos económicos, y hay una excesiva dependencia del suministro de terceros países, en la mayoría de los casos ajenos a la UE, lo que dificulta el suministro en momentos críticos. Las carencias de material sanitario que han agravado la pandemia han sido provocadas por la ausencia de reservas estratégicas (agravadas por el adelgazamiento economicista de las existentes en algunas comunidades como Madrid) y por la ausencia de fabricantes en el país. Necesitamos una reserva estratégica de material sanitario, que podría estar gestionada por el ministerio de Sanidad, y poner en marcha una industria sanitaria pública que acabe con la dependencia de otros países”.

No podemos abordar en esta crónica todas las cuestiones planteadas, algunas de ellas de tanto calado como el incremento de la financiación en la atención a la dependencia y la reorganización del servicio de ayuda a domicilio, el aumento de los servicios de teleasistencia domiciliaria para los mayores de 65 años y la atención a los beneficiarios de centros de día. Se ha señalado la importancia de un sistema de alerta temprana y seguimiento en las residencias de mayores, así como el establecimiento de protocolos para garantizar la atención sanitaria del sistema público de salud. Todo ello acompañado de una auditoría de las residencias privadas y de la promoción de una red pública de centros para mayores.
En el ámbito de la educación se ha reivindicado la reversión de los recortes y el aumento de la financiación de la ciencia de manera sostenida y regular, la dotación de un presupuesto plurianual a la Agencia Estatal de Investigación o la puesta en marcha de un plan de choque para facilitar la progresión en el aprendizaje de todo el alumnado, tanto en educación presencial como a distancia, superando las diferencias socioeconómicas y la brecha digital.

El resultado de la comisión quedará sin duda como una evidencia de las carencias de nuestro sistema y de la existencia de alternativas concretas para superarlas. Lo más probable es que en el momento de la redacción del dictamen y en su votación primarán criterios ideológicos sobre ese sentido común del que venimos hablando. La derecha no ha esperado ni al final de los trabajos de esta comisión para alinearse con los halcones de las instituciones comunitarias en contra de los intereses de la mayoría social de nuestro país. En todo caso, quedará constancia de que hay un largo camino que recorrer para cambiar las prioridades y el modelo, única garantía de que la crisis no la paguen los de siempre.