La arrogancia de Álvaro Uribe lo ha convertido en el primer ex presidente de Colombia en prisión preventiva. Hay sesenta investigaciones abiertas contra él en la Corte Suprema y en la Comisión de Acusaciones del Parlamento, que van desde la compra de votos hasta el homicidio, pero la que lo ha llevado a la detención domiciliaria la provocó su chulería y su sensación de impunidad.

En 2014, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático (que forma parte de la izquierda colombiana), denunció a Álvaro Uribe por su complicidad con paramilitares y narcotraficantes. Utilizaba en su acusación los testimonios de integrantes de esas bandas criminales que identifican a Uribe como el organizador de uno de los escuadrones de la muerte. El ex presidente reclamó a la Corte Suprema que investigara a Cepeda porque, según Uribe, estaba sobornando a los testigos que lo implicaban en decenas de asesinatos. El más alto tribunal no sólo estableció en 2018 que no había pruebas contra Cepeda sino que además decidió investigar a Uribe porque considera que fueron sus abogados los que compraron a esos testigos para que cambiaran sus testimonios a favor del ex presidente. Ya han reconocido que les facilitaron “ayuda humanitaria”. Uribe es ahora senador y a la Corte Suprema le corresponde la intervención contra los parlamentarios.

El tribunal de mayor responsabilidad en Colombia ha decidido ahora, por unanimidad de los magistrados de su Sala de Instrucción, la prisión preventiva de Álvaro Uribe, en la forma de detención domiciliaria. Sostiene la corte que hay suficientes pruebas sobre su “presunta participación en delitos de sobornos a testigos y fraude procesal” y lo mantiene privado de libertad por “posibles riesgos de obstrucción a la justicia”. Los magistrados deben decidir si inician un juicio contra Uribe o archivan el caso.

Una acusación similar, comprar testigos para anular pruebas de complicidad con los paramilitares, está pendiente de sentencia en el proceso contra el hermano de Uribe, Santiago, encarcelado desde 2016. Los acusan a los dos de haber organizado un escuadrón de la muerte, en una de las haciendas de la familia, que sería responsable de 400 asesinatos de campesinos entre 1990 y 1998.

Muchos han sido los personajes acusados en Colombia de colaborar con los narcoparamilitares pero en el caso de los hermanos Uribe se trata por primera vez de un ex presidente que puede ser juzgado por organizar esas mafias criminales financiadas con el negocio de la cocaína.