Durante la primera ola, el gobierno británico aplicó un programa de emergencia: el Covid-19 Homeless Response Fund que llegó a dar alojamiento a más de 15.000 personas sin techo en hoteles y hostales vacíos por la pandemia. Un estudio reciente indica que así se evitó la muerte de más de doscientas personas que dejaron de estar a merced del virus, del frío y lluvioso clima británico, las drogas y el hambre.

Sin embargo, el programa duró poco. A principios del mes de julio, cuando los hoteles empezaban a reabrir sus puertas a los turistas, varios medios empezaron a hacerse eco de los numerosos casos de personas sin techo que ya habían sido devueltas a la calle. Ante la presión de varias organizaciones, el gobierno británico anunció la distribución adicional de 105 millones de libras a los ayuntamientos y gobiernos locales con el objetivo de continuar el programa. Este presupuesto acabó siendo usado para pagar la extensión de la estancia de esas personas en los diferentes hostales, a beneficio privado de los propietarios. En el fondo, la intención era la de retirar de la calle a posibles vectores de transmisión – mientras la opinión pública así lo exigiera – y no la de garantizar la protección de quien lo necesitara.

La crisis de la vivienda en el Reino Unido

Varios estudios apuntan a un posible incremento de la indigencia en el Reino Unido a raíz de la crisis de la pandemia. En 2017, la organización Shelter estimó a partir de datos oficiales que había 307.000 personas viviendo en la calle o en alojamientos de infraestructura inadecuada. Ahora, 1,8 millones de trabajadoras – en su mayoría menores de 25 años – se encontrarían en riesgo de indigencia dado el incremento del paro registrado.

Después de décadas de recortes y privatizaciones, miles de viviendas de protección social han ido desapareciendo. Desde 2010, se calcula que ha habido un incremento del 165% de la indigencia y un aumento de la mortalidad asociada a la misma de un 51%. Se estima que 726 personas sin techo murieron en Inglaterra y Gales en 2018, con una media de 43/45 años de edad, el 40% debido a intoxicación por drogas.

El clima del país británico empeora gravemente esta crisis. Se calcula que el Reino Unido es el segundo país de Europa en exceso de mortalidad durante los meses de mayor frío (calculado según el exceso de mortalidad invernal por días/grado de calentamiento), solo superado por Irlanda. En 2018, un 10,3% de las viviendas en Inglaterra -2,4 millones- sufrían de pobreza energética.

Otra de las medidas que se llevaron a cabo durante los primeros meses de la pandemia fue la prohibición de desahucios. Esta medida se aplicó primero hasta junio y luego fue ampliada hasta septiembre, estableciendo tras su extensión un mínimo de seis meses de aviso previo al desahucio. Sin embargo, esta medida no evitó que 90.063 personas recibieran amenazas de desahucio y que 46.894 se quedaran en la calle.

La crisis de vivienda se da en un país que cuenta con más de 200.000 casas vacías (por un período mínimo de 6 meses), con incrementos del 322% en ciudades como York y del 229% en la City de London en el período que iba de 2012 a 2017. Un 1,2% de las viviendas del norte de Inglaterra eran viviendas vacías.

Esta crisis es la continuación de un fenómeno preexistente y generalizado en todo el continente europeo. El crecimiento de la indigencia en Europa durante la última década ha sido liderado por el Reino Unido, seguido de Irlanda y Bélgica. España también vio un incremento del 20,5% en solo dos años, de 2014 a 2016. Finlandia representaría la única excepción, con una reducción del 6% entre 2009 y 2017. Debemos, sin embargo, tener en cuenta que estos datos surgen de registros subestimados dado que solo se sabe de aquellas personas que hayan llegado a solicitar ayuda y alojamiento oficiales.

En Reino Unido los registros oficiales también incluyen a víctimas de abuso doméstico que han solicitado ayuda para huir de su vivienda oficial. Nos preocupa que esta mezcla de casos fundamentalmente tan dispares en los registros oficiales pueda limitar la capacidad del Estado británico para afrontarlos. Recordemos que al confinamiento por la primera ola de Covid le siguió un alarmante incremento de denuncias por abuso doméstico en todo el mundo.

Furlough, el ERTE británico

A medida que Europa entraba en cuarentena y se hacía patente la gravedad de la situación – el PIB británico cayó en un 6,9% en marzo, a pesar de que el confinamiento se decretó a solo nueve días de finalizar el mes, y caería otro 20,4% en abril -, el gobierno anunció medidas para evitar los despidos. Las empresas podrían acogerse al plan conocido como Furlough, según el cual el gobierno pagaría el 80% del salario de los trabajadores hasta el mes de junio.

En un primer momento el Furlough pareció funcionar y el paro se mantuvo estable en el 3,9%. Sin embargo, 730.000 trabajadoras dejaron de aparecer en las nóminas de las empresas entre marzo y junio en paralelo a un aumento del número de contratos precarios de cero horas de 156.000 trabajadores. Las solicitudes de entrada al sistema de ayuda conocido como Universal Credit – equivalente a nuestro subsidio por desempleo – vió un aumento del 69% entre marzo y abril, situándose en un total de poco más de dos millones de personas.

La finalización del Furlough en junio conllevó una inmediata ola de despidos. El desempleo entre julio y agosto subió a un 4,5% y ahora se encuentra en el 4,8%. El programa de Furlough solo se reactivó a finales de octubre, cuando la segunda ola de la pandemia ya cuadruplicaba el número de casos diarios registrados durante la primera. El presente programa se extenderá hasta marzo pero aun así hay cálculos que predicen un aumento del desempleo hasta el 7.5% para mediados del 2021.

En definitiva, las medidas aplicadas han probado ser insuficientes. Actualmente, casi medio millón de personas se encuentran con grandes dificultades para pagar el alquiler y temen ser desalojadas. Nos encontramos con la paradoja del sistema capitalista en la que vemos gente viviendo en la calle, trabajadores que temen perder su casa y, a su vez, un creciente parque de viviendas vacías.

Organización política frente a la crisis

Shelter es una de las organizaciones al frente de las campañas contra la indigencia en el Reino Unido. Women’s Aid y Zero Tolerance dirigen sus campañas contra la violencia doméstica, ahora exacerbada durante los periodos de confinamiento doméstico. Living Rent y ACORN son dos ejemplos de crecientes y muy activas uniones de inquilinos, similares a los sindicatos de inquilinos en España. Todas ellas, junto a nuestro partido hermano Communist Party of Britain (CPB), People’s Assembly y el ala izquierda del partido Laborista, mantienen campañas activas a favor de la seguridad de la vivienda en el país británico.

La Youth Communist League, organización juvenil del CPB, incluye en el tercer punto de su reciente manifiesto Youth Charter las siguientes propuestas:

• Garantizar el acceso a la vivienda a menores de 30 años.
• Garantizar el derecho a un alojamiento asequible para estudiantes de educación superior a tiempo completo.
• Revertir las privatizaciones y garantizar la construcción de un millón de viviendas de protección social bajo propiedad municipal en los próximos cinco años y 200.000 casas por año posteriormente.
• Establecer un control de precio del alquiler en base al valor de la propiedad.
• Promover la negociación colectiva para inquilinos e inquilinas frente a propietarios de viviendas, ya sean privadas o públicas.
• Establecer una comisión de alquiler en Inglaterra, Gales y Escocia que supervise el nuevo sistema de alquileres y establezca un índice de accesibilidad del alquiler para asegurar el acceso a la vivienda en todo el país británico.

Junto a todas las anteriores, la emigración española cuenta con organizaciones como Oficina Precaria, Marea Granate, Acogida Norte, así como el Consejo de Residentes en el Exterior, quienes además organizan encuentros y campañas contra la precariedad laboral y ofrecen consejo legal en trámites burocráticos que van desde el regreso y el voto rogado a la presente problemática del Brexit.

El PCE en Gran Bretaña y sus militantes colaboran y seguirán colaborando estrechamente con los agentes sociales que luchan incansablemente por el derecho a la vida digna de la emigración y la clase trabajadora en el Reino Unido.