Costó pero salió. El Senado aprobó el 4 de diciembre el proyecto legislativo de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas. Tiene como objetivo inyectar una suma extra al Estado para paliar las consecuencias de la grave crisis económica, agravada por la pandemia. Según las últimas estimaciones del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina, los índices de pobreza treparon hasta el 44% de la población mientras que la indigencia alcanzó el 10%. Este año se sumaron dos millones de nuevos pobres.

Recorrido difícil

El proyecto de ley se aprobó en la Cámara de Diputados el 17 de noviembre. Votando en contra casi la totalidad del espacio de Juntos por el Cambio, liderado por el ex presidente Mauricio Macri.

Llevaron la iniciativa el diputado Máximo Kirchner (hijo de los ex presidentes Cristina Fernandez y Néstor Kirchner) y el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quienes debieron construir con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (del Frente de Todos), el escenario más favorable posible.

Lo que primero se había tanteado como un impuesto a las grandes fortunas mediante una contribución permanente, terminó siendo un aporte único y extraordinario de un grupo bastante reducido de argentinos: las 11.865 personas más millonarias del país, según informó la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Las condiciones para entrar a la nómina de pagadores es tener un patrimonio declarado -personas físicas, no empresas- de más de 200 millones de pesos argentinos (alrededor de 2 millones de euros). Pagarán un 2% hasta llegar al 3,5% para patrimonios superiores a los 3.000 millones de pesos. El aporte extraordinario terminará afectando sólo al 0,02% de la población.

Sin duda, un aspecto positivo (además de la recaudación) es el avance en el debate político de fondo, que demostró cierta fortaleza argumentativa y cuyo lema fue socialmente incorporado: los ricos deben hacer mayores aportes -o pagar más impuestos- debido a sus márgenes de posibilidad en contraste con los sectores más empobrecidos del país que, por el carácter profundamente regresivo del sistema tributario en Argentina, pagan mucho más de impuestos en relación a sus ingresos.

Voces en contra

El monto de alrededor de 300 mil millones de pesos que se espera recaudar ya tiene destinos establecidos: 20% para comprar o fabricar equipamiento médico, vacunas e insumos sanitarios, 20% será destinado a subsidios para pequeñas y medianas empresas, 20% a un programa de becas para estudiantes y 15% para la mejora de las condiciones habitacionales o proyectos de urbanización en barrios populares. El último 25% estará destinado a equipar a la empresa de carácter mixto YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) para la producción y envasado de gas natural.

Desde la derecha, las críticas fueron constantes. Consideran la ley de carácter confiscatorio y también aluden a que ya existe un gravamen similar, como lo es el Impuesto a los Bienes Personales. Sin embargo, este último es un impuesto mucho más general (abarca sectores medios y medios altos) y las alícuotas son menores. Los más enojados con la medida ya amenazaron con una catarata de causas judiciales para frenar su alcance.

El aporte de las grandes fortunas tiene un claro carácter excepcional, tanto en su implementación como por el contexto de la pandemia. Y sobre todo deja al descubierto que, mientras las grandes mayorías perdieron, algunos pocos ganaron y mucho. Es hora de que en Argentina, como en el resto del mundo, comencemos a cuestionar no solo el aumento de las tasas de pobreza sino los márgenes cada vez más concentrados de la riqueza: suelen ir de la mano.

Periodista / Misiones (Argentina)