Hacía apenas un año de la muerte del dictador y nos encontrábamos metidos de lleno en un periodo que, si bien no era tan oscuro como la dictadura, estaba lleno -por lo novedoso- de incertidumbre: la transición.

Se llama transición al periodo de «adaptación» del sistema de un estado a otro diferente. Concretamente en España se llama transición al paso de «sufrir la dictadura» a, o eso pensábamos, «disfrutar la democracia».

Este periodo de “tránsito” no debería haber tenido mayor complicación que la disolución del gobierno de la dictadura, la depuración de las instituciones, la derogación de las leyes franquistas o la reedición democrática de nuestra Carta Magna, a la que el dictador puso fin en 1936. Sin embargo, todo siguió prácticamente igual, con pocos cambios. La bestia ya no estaba físicamente con nosotros pero sí su legado.

Un periodo (la transición), que debió haber transcurrido en paz y armonía entre el Estado y la ciudadanía, se hizo de manera burda primero, aceptando los designios del dictador de imponer la monarquía, sin dar opción al pueblo de elegir la forma de Estado como es preceptivo en todas las democracias del mundo. Y luego, atender las peticiones de mejora de esa ciudadanía en la justa medida de las posibilidades del Estado.

Una de esas reivindicaciones -la amnistía para los presos políticos- llevó a la gente a las calles en demanda de una ley que finalmente fue aprobada y que luego, por un intencionado defecto de forma, «nos salió rana».

En la mañana del 23 de enero de 1977, en una manifestación pro-amnistía por las calles de Madrid, un grupo de personas (cuatro en concreto, identificados como pertenecientes a la organización ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey) increpó a los manifestantes y terminaron haciendo uso de armas de fuego. El resultado: Arturo Ruiz, de 19 años, recibe dos disparos «a bocajarro y por la espalda» que le destrozaron el pulmón y el corazón, causando su muerte instantánea. El crimen sigue impune. De los dos implicados en su asesinato, uno huyó a Francia y el otro fue condenado a seis años de prisión pero cumplió apenas uno porque fue amnistiado en aplicación de la citada ley.

Al día siguiente, una manifestación de protesta por el asesinato de Arturo es violentamente reprimida por la policía con el lanzamiento de pelotas de goma y botes de humo. Uno de esos botes impacta en la cabeza de Mari Luz Nájera, de 20 años, que moriría poco después. ¿Cómo acallar las protestas por un crimen? ¡Con otro!

Y en la noche de ese mismo día, 24 de enero, otro comando ultraderechista irrumpe en un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid, causando la muerte de cinco jóvenes abogados de CCOO e hiriendo a otras cuatro personas, culminando así la que pasaría a conocerse como «la semana trágica» o

Por lo tanto, ni fue modélica ni hubo transición, ya que la ley para la Reforma Política fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas, recibiendo el apoyo de 425 de los 531 procuradores (81% a favor) y sometida a referéndum el 15 de diciembre con una participación del 77% del censo y más del 94% de votos a favor. Tenía carácter de ley fundamental, siendo la última de las leyes fundamentales franquistas del reino. Nada más lejos de la realidad, pues a día de hoy y a pesar de esa supuesta reforma política continúan plenamente vigentes 265 normas preconstitucionales. De éstas, 169 fueron aprobadas en plena dictadura, 66 de ellas siguen sin ser modificadas y 43 están firmadas de puño y letra por el dictador.

Y para l@s que dudan o discrepan, el entonces ministro del Interior, responsable directo de las acciones violentas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Rodolfo Martín Villa, continúa siendo protegido por el Estado, impidiendo a la justicia internacional (concretamente la justicia Argentina) su extradición para ser juzgado, añadiendo a esta protección la medalla que “el democrático Congreso de los Diputados” le concediera en 2018 como reconocimiento a su trayectoria política.

Secretario del Área de Exhumaciones y Fosas de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciá (CAMDE PV)