El asunto ya no es noticia: ayer, lunes 1º de marzo de 2021, la justicia francesa condenó a tres años de cárcel –uno de ellos en firme– a Nicolas Sarkozy, ex Presidente del país. Es el segundo Jefe de Estado francés condenado a una pena de prisión, de los cuatro que ha tenido la V República. Ambos pertenecen además a la misma familia política, la derecha conservadora, que ha reaccionado ante el hecho como un club de fans.

El asunto Chirac se había producido en 2011 y guardaba relación con un caso de empleos ficticios en el ayuntamiento de París. En esta ocasión, Sarkozy, que estaba contemplando su vuelta a la política en el marco de las próximas presidenciales francesas que se celebrarán en 2022, se ve condenado al menos a un año de prisión firme, lo cual es un nuevo paso adelante de la justicia francesa, a pesar de que podrá cumplirlo en forma de arresto domiciliario.

Los hechos se remontan a 2014, cuando Sarkozy intentó obtener información confidencial de un juez del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert. A cambio, el ex presidente Sarkozy presuntamente prometió intervenir a favor del magistrado para que pudiera obtener un puesto de prestigio en Mónaco.

Según el Tribunal, «Los indicios del pacto de corrupción surgen de un cúmulo de pruebas fidedignas, precisas y concordantes que resultan de los estrechísimos lazos de amistad entre los protagonistas».

Nicolas Sarkozy, que debía ser «el garante de la independencia del poder judicial, utilizó su condición de ex presidente para recompensar a un magistrado que servía a sus intereses personales», declaró la Presidenta de la 32ª cámara correccional de París, Christine Mée (Le monde, 1/2/2021)

En su escrito de acusación, la Fiscalía situó estos hechos «en lo más alto del espectro de lo que es posible en términos de corrupción y tráfico de influencias (…) La República no olvida a sus presidentes; en contrapartida, no se puede admitir que un ex presidente se olvide de la República» (Libération, 8/12/2020)

Nicolas Sarkozy, que no tiene antecedentes penales, está implicado en otros casos, como el de las sospechas de financiación libia de su campaña de 2007. En efecto, el 21 de marzo de 2018, el expresidente fue acusado de «corrupción pasiva», «financiación ilegal de campaña» y «recepción de fondos públicos libios», y el 12 de octubre de 2020 de «conspiración criminal». Varias personas cercanas a Nicolas Sarkozy también están siendo investigadas en este caso, como Claude Guéant, ex secretario general del Elíseo, el ex tesorero de la campaña Eric Woerth y Brice Hortefeux, ex ministro de Nicolas Sarkozy.

Según declara el historiador Christian Delporte en una entrevista en el periódico Libération, esta condena es más simbólica aún que la de Jacques Chirac. En primer lugar, porque en esta ocasión la máxima autoridad del Estado ha de cumplir un año de prisión firme, aunque «la justicia no es menos laxa, son las leyes las que han evolucionado».

En segundo lugar, la condena tiene una implicación mucho mayor en el terreno político: «En 2011 –continúa Delporte– Chirac era viejo (…) ya no interesaba a nadie, sabíamos que el ex presidente de la República no tenía ninguna posibilidad de volver al juego político. Nicolas Sarkozy sigue siendo joven. Siempre existe la hipótesis del regreso y tiene en su campo un núcleo duro que le apoya. Esta condena es una gran desventaja para él (…) Pero, a pesar de todo, cuando vemos los sondeos de opinión, sigue estando en el imaginario colectivo y en el de su familia política. Siempre hay gente que estaría dispuesta a apoyarle si vuelve».

España es diferente

Desde el Reino de España, la noticia mueve a otras reflexiones. Apunta, por ejemplo, a la esencial diferencia que existe entre una república y una monarquía –por constitucional que esta sea– en la que la justicia pena por imponer el Estado de derecho, sencillamente.

Si repúblicas como la estadounidense o la francesa pueden ser criticadas por el excesivo poder que otorgan a la autoridad máxima del Estado, ésta siempre estará limitada por dos poderes: el de las urnas y el de la justicia, como pone de manifiesto el reciente caso Sarkozy.

Sin embargo, corrupciones de mucho mayor calado y consecuencias han podido mantenerse en el Reino de España durante décadas sin siquiera llegar a la opinión pública y, cuando esto último ha ocurrido por fin, una institución arcaica y arcaizante como la monarquía imposibilitan que la justicia siga su curso, otorgando a los culpables el don de la más ominosa impunidad.

Aún más preocupante es lo que ello implica simbólicamente: el caso Sarkozy pone de manifiesto que en una república termina siempre por imperar el Estado de Derecho, y la radical igualdad ante la ley que este requiere. El caso Borbón demuestra la impotencia de la justicia, la desconfianza en las instituciones, el sentimiento de impunidad de los poderosos y el temor permanente de la ciudadanía que todo lo anterior provoca… características más propias de una dictadura que de una auténtica democracia.

La II República española fue truncada por una brutal guerra civil iniciada por un golpista fascista que obtuvo no solo el apoyo de otros fascismos del momento, sino también de ciertos Aliados, y de muchos gobiernos que se reivindicaron y se reivindican democráticos. Sería hora de recordar cuándo y cómo se reinstauró la monarquía en nuestro país, y con qué apoyos, internos y externos, para tenerlo muy en cuenta a la hora de juzgar lo que implica y lo que realmente representa.

Redacción MO Francia