A finales del pasado año se puso en marcha la iniciativa ciudadana europea Right to Cure, presentada ante el Parlamento Europeo, con el objetivo de liberar las patentes de los medicamentos para superar la pandemia, favoreciendo el acceso a los tratamientos y a las vacunas. Promovida originalmente por más de doscientas organizaciones de catorce países, esta iniciativa pretende llegar al millón de firmas durante este año en los países de la Unión Europea.
Decidimos apoyar este proyecto en una campaña que cuenta con la participación de Izquierda Unida y Unidas Podemos, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, el colectivo ILP Medicamentos a un Precio Justo, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, el Consejo de Estatal de Estudiantes de Medicina, la Federación de Asociaciones Medicusmundi, la Plataforma de Afectados por Hepatitis C, la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, Farmacritixs, la Federación de Planificación Familiar, la Federación Española de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional, Oxfam España, la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, UGT, CCOO y ATTAC España.
El éxito de esta iniciativa vinculante pondría a las instituciones europeas en una tesitura clara de tener que elegir entre proteger la salud de los ciudadanos o salvaguardar los beneficios de las compañías farmacéuticas. Supondría además alinear con un sentimiento mayoritario a amplios sectores, incluidos movimientos sociales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, expertos en salud pública y líderes mundiales, que están clamando para que las vacunas y los tratamientos recientemente desarrollados frente a la pandemia puedan estar disponibles para todas las personas y no sólo para una reducida parte de la población debido a las barreras financieras y logísticas y geográficas de las políticas de patentes.
Este anhelo es en este momento más entendible que nunca, especialmente teniendo en cuenta la ingente inversión de dinero público por parte de la Unión Europea en algunas de las vacunas, así como en otros productos para luchar contra la pandemia. No podemos permitir que el riesgo de la inversión se comparta por la iniciativa pública pero no así los beneficios sanitarios de la investigación cofinanciada.
La UE no puede ser cómplice de una situación en la que, después de haber financiado y facilitado la investigación y el desarrollo de las vacunas, sean los países que han pagado más (Israel, Emiratos Árabes, Gran Bretaña, Australia) los que tienen un mayor acceso. La disponibilidad de un recurso vital como las vacunas no debe verse limitada por la capacidad económica y las reglas del mercado. La pandemia sólo será derrotada cuando el conjunto de la humanidad tenga acceso a las mismas soluciones para acabar con ella, por lo que habrá que trabajar en estrategias solidarias más ambiciosas que el fondo de vacunas disponibles a bajo precio para los países de renta baja y media, conocido como COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access), puesto en marcha el pasado verano.
SOLIDARIDAD PARA DEFENDER EL DERECHO A LA SALUD
La situación creada es un ejemplo más de la inoperatividad de la UE para resolver problemas vitales y responder a las necesidades de la mayoría de sus ciudadanos. Su querencia por la defensa del libre mercado la incapacita para tomar el papel relevante que debiera tener en la protección de la salud de los ciudadanos europeos. Acertábamos en el XX Congreso del PCE cuando aprobamos pedir la salida de España de la UE.
Partiendo de dicho compromiso congresual de superación de la UE y del mandato de construcción de espacios de colaboración internacional basados en la solidaridad y la igualdad, creemos que ante la crisis social motivada por la pandemia debemos desde el PCE apoyar inequívocamente esta campaña.
La campaña se sustenta en los siguientes puntos básicos:
1 — Salud para todos y todas.
La salud es un derecho. En una pandemia, la investigación y las tecnologías deberían compartirse ampliamente, rápido, a través del mundo. Una compañía privada no debería tener el poder de decidir quién tiene acceso a tratamientos o vacunas ni a qué precio. Las patentes otorgan a una sola compañía el poder y monopolio sobre productos farmacéuticos esenciales. Esto limita su disponibilidad e incrementa su coste para las personas que los necesitan.
2 — ¡Transparencia ya!
La información sobre los costes de producción, las contribuciones públicas y la efectividad y seguridad de las vacunas y medicamentos debería ser pública. Los contratos entre autoridades públicas y compañías farmacéuticas también deben publicarse.
3 — Fondos públicos, control público.
Los y las contribuyentes pagan con sus impuestos enormes sumas para la investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos. Lo que la gente paga deber ser para la gente. No podemos permitir que las compañías farmacéuticas privaticen tecnologías médicas cruciales que han sido desarrolladas con recursos públicos.
4 — Que nadie se lucre con la pandemia.
Las grandes compañías farmacéuticas no deberían lucrarse con esta pandemia a expensas de la salud de la gente. Una amenaza colectiva requiere solidaridad, no lucro privado. La financiación pública debería darse solo con la garantía de que el producto final tendrá disponibilidad y un precio asequible. No se debería permitir que las grandes compañías farmacéuticas se enriquezcan de situaciones de necesidad en nuestros sistemas de seguridad social.
Esta campaña toma como base para su puesta en marcha el marco legislativo existente y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular sus artículos 114, 118 y 168. A través de ella se pide a la Comisión Europea que proponga y ponga en marcha cuanta legislación sea necesaria para:
– Velar porque los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, no dificulten la accesibilidad o la disponibilidad de cualquier futura vacuna o tratamiento para la COVID-19.
– Velar por que la legislación de la UE sobre los datos y la exclusividad comercial no limite la eficacia inmediata de las licencias obligatorias expedidas por los Estados miembros.
– Introducir la obligación jurídica de los beneficiarios de fondos de la UE de compartir conocimientos en materia de tecnología sanitaria, la propiedad intelectual o los datos de un consorcio de tecnología o patentes en relación con la COVID-19.
– Introducir obligaciones jurídicas para los beneficiarios de los fondos de la UE en materia de transparencia de las contribuciones públicas y los costes de producción, así como cláusulas de accesibilidad y asequibilidad combinadas con licencias no exclusivas.
DIFUNDE Y APOYA
Desde el Partido Comunista de España partimos de una apuesta política clara de reversión de la políticas de privatización sufridas por nuestro sistema sanitario en las últimas décadas y de un fortalecimiento de nuestro sistema de salud que permita su reconstrucción, garantizando la gestión pública directa a partir de una financiación suficiente y de políticas laborales que aseguren la adecuada dotación de profesionales para asegurar los servicios que la población necesite. El carácter inequívocamente público del sistema sanitario ha de basarse en los principios de universalidad, equidad e igualdad de acceso de atención, mediante la coordinación entre niveles asistenciales con una estructura de base comunitaria que preste políticas y servicios sin limitaciones por el origen, el estatus económico, la raza, el sexo o cualquier otro condicionante diferente al de ser un ser humano viviendo en el Estado español.
Frente a una pandemia, que no entiende de fronteras, está iniciativa ha de ser el primer paso para extender el acceso a tratamientos, vacunas, material y atención médica más allá de las propias fronteras europeas. Una pandemia mundial que afecta y pone en riesgo al ser humano como especie ha de afrontarse y atacarse de forma global y solidaria. Por lo tanto, desde el PCE exhortamos a nuestro gobierno a su implicación en políticas de acceso a tratamientos frente al COVID para poblaciones en vías de desarrollo con dificultades de abastecimiento y especialmente para aquellas que, como en los territorios ocupados del Sahara o en los territorios palestinos, siguen sufriendo los efectos de políticas coloniales e imperialistas.
Por todo ello, desde la Secretaría de Salud del PCE pedimos a todas nuestras camaradas, simpatizantes, amigas y compañeras de lucha la difusión y apoyo a esta campaña cuya información puede encontrarse en la siguiente página web
Secretaría de Salud