España tiene un grave problema de acceso a la vivienda, consecuencia de haber reducido la vivienda a una mercancía en manos del mercado, con la complicidad durante décadas de las administraciones públicas. La inminente ley estatal sobre vivienda debe ser el instrumento para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible para toda la población. El sector público debe garantizar el derecho a la vivienda, al igual que lo hace con la sanidad o la educación, mediante un parque público de alquiler, que ahora no existe y que llevará años lograr, lo que implica que a corto plazo será necesario intervenir y regular el mercado del alquiler y limitar su precio máximo.

El coste de los alquileres debe ajustarse a los salarios de la población, los rentistas no pueden vivir por encima de las posibilidades del país. Hay que proteger a los hogares que residen de alquiler, en gran medida jóvenes, con bajos ingresos y que soportan una fuerte extracción de renta por parte de los propietarios rentistas, con altos ingresos y una situación económica mucho más favorable.

La precariedad y la carestía de la vivienda dificultan la emancipación de la población joven

En España la mayoría de la población joven no puede emanciparse y debe seguir residiendo con sus padres, al contrario de lo que sucede en la Unión Europea. En España residen con su padre/madre el 81% de las personas de 20 a 24 años, el 53% de las de 25 a 29 años y el 25% de las de 30 a 34 años.

El alquiler público/social es minoritario y el alquiler de mercado está ganando peso y ya es la principal opción de acceso a la vivienda para la población joven: en 2019 ya residen de alquiler la mitad de los hogares cuya persona de referencia tiene menos de 30 años y un tercio de los hogares encabezados por personas de 30 a 44 años.

Los inquilinos disponen de bajos ingresos y sufren una fuerte extracción de rentas

En España residen 7,35 millones personas en viviendas de alquiler de mercado, donde tienen un peso muy relevante la población con bajos ingresos: el 62% reside en hogares con ingresos que no superan los 26 mil euros al año y solo el 13% ingresan más de 40 mil euros. La mayoría de los inquilinos deben hacer frente al alquiler con ingresos inferiores a la media, lo que les dificulta poder llegar a fin de mes y atender otras necesidades básicas.

El 41% de los inquilinos/as (3 millones de personas) soportan un alquiler excesivo que supera el 30% de sus ingresos, un nivel insostenible. Este esfuerzo excesivo es mayoritario entre los hogares con menor renta: afecta al 84% de los inquilinos/as con ingresos hasta 14 mil euros al año y al 40% de los que ingresan entre 14 mil y 26 mil euros.

La vulnerabilidad es muy alta entre la población que reside de alquiler: el 43% está en riesgo de pobreza o exclusión social, casi el doble que en el conjunto de la población. Y si nos centramos en los 3 millones de personas que soportan un alquiler excesivo, el 69% además se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

La mayoría de los arrendadores tiene rentas muy altas

Frente a la difícil situación económica de los inquilinos, los propietarios disfrutan de una situación mucho más desahogada, cuentan con altos ingresos, y un bajo riesgo de pobreza o exclusión social. En España solo una minoría de la población (el 14%) pertenece a hogares que obtienen rentas procedentes del alquiler de viviendas y otros activos inmobiliarios. El 75% de los propietarios arrendadores ingresa más de 26 mil euros al año y el 51% más de 40 mil euros. Solo el 7% de los arrendadores no superan los 14 mil euros al año.

En el alquiler se produce una clara transferencia de renta desde los inquilinos, con menores ingresos medios, hacia los propietarios, con rentas superiores a la media. Los rentistas no deben vivir por encima de las posibilidades del país, los alquileres deben ajustarse a la capacidad de pago de los salarios.

El mercado del alquiler de vivienda en España es un mercado muy atomizado, con varios millones de propietarios rentistas. Pero en las principales áreas urbanas se está concentrando la propiedad del parque de alquiler en grandes propietarios y fondos de inversión, que acumulan ya decenas de miles de viviendas: en Barcelona el 32% de las viviendas de alquiler pertenecen a grandes propietarios que poseen al menos 10 viviendas.

Es urgente la intervención pública. La Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda debe limitar el precio máximo del alquiler para ajustarlo a los ingresos de los hogares y debe impulsar un amplio parque público de alquiler asequible. Esos son los ejes que figuran en la Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda presentada por CCOO y UGT hace ya un año.

La propuesta sindical defiende a corto plazo una mayor intervención del mercado del alquiler, limitar su precio máximo en zonas tensionadas al 30% de los ingresos de los hogares, impulsar un programa de alquiler seguro y asequible para rehabilitar y dar uso a viviendas vacías, incentivar el uso residencial de la vivienda a través de gravar la vivienda vacía, desincentivar la especulación y limitar las viviendas turísticas.

A largo plazo plantea impulsar un amplio parque público de alquiler asequible usando todos los recursos disponibles: ni el suelo público ni la vivienda sostenida con fondos públicos podrán ser enajenados o descalificados y deberán destinarse al parque público; ampliar los fondos públicos para vivienda, usando también los fondos extraordinarios de recuperación procedentes de la UE y reorientar/suprimir los beneficios fiscales existentes; ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las transacciones de viviendas protegidas o de grandes tenedores.

En España se puede garantizar el derecho a una vivienda a toda la población. No podemos permitir que nos sigan robando la vida para pagar la vivienda. La vivienda es un derecho, no una mercancía.

Gabinete Económico de CCOO