“El tirano muere y acaba su reinado. Cuando el mártir muere, comienza” S. Kierkegaard

Es corriente que se piense que los ambientalistas son gente necesaria, personas ejemplares empeñadas en defender la naturaleza, señalando los daños que se producen en todos los rincones, desde los ámbitos urbanos a los ecosistemas tropicales, caballeros andantes de nuestro tiempo, profetas que denuncian y proponen mejoras en la salud, el equilibrio y la sostenibilidad. Pero no tardaremos en percibir que estas tareas generosas, aplaudidas por tantos, no gustan a todos. Esta situación, que hoy conocemos en sociología como conflicto de intereses, no es sino una manifestación de la lucha de clases que cuenta con nuevos actores. Por una parte, los propietarios, es decir, los que representan los intereses económicos dominantes que son los mismos de siempre. Sin embargo, el sujeto revolucionario no está ya en el tradicional proletariado sino en los grupos que trabajan por la justicia en cualquier lugar del mundo. Y el enfrentamiento, antes como ahora, es inevitable.

Detrás de quien contamina, quien vierte, quien destruye un hábitat o persigue una especie, hay intereses de compañías que no dudan en supeditar la naturaleza, por muy valiosa que resulte, al negocio. Aunque algunas han ido entrando en razón, a lo que no son ajenos los greenwashing y el marketing verde, por un lado, y las normativas y sanciones por el otro, bastantes continúan llevándose por delante todo lo que les estorba. En Occidente predominan las primeras, sujetas a una legislación avanzada y una opinión pública más consciente. Pero en los países en desarrollo hay menos testigos, las vidas de los ambientalistas valen poco y las actividades económicas dudosas encuentran complicidad en las masas depauperadas. Conocidas transnacionales, aparentemente respetables en los países de origen, actúan como salvajes cuando intervienen a muchos kilómetros de sus sedes centrales.

Uno de los primeros casos se documentó en Nigeria con la petrolera Shell. Tras extraer petróleo por valor de millones de dólares, contaminando severamente el medio, la tribu de los Ogoni comenzó a organizarse para luchar por sus derechos y sus tierras. En 1990 formaron el Movimiento por la supervivencia del pueblo Ogoni, un grupo de resistencia pacífica bajo el liderazgo del escritor, productor y militante ecologista Ken Saro Wiwa. Orador brillante, viajó por el mundo para concienciar a la opinión pública de la escasamente conocida catástrofe ambiental y sanitaria que las perforaciones petrolíferas estaban causando en su país. Ken creó una red internacional de presión sobre Shell para obligarla a mejorar sus operaciones, reparar los daños ocasionados, respetar los derechos humanos y compartir sus ganancias con las comunidades afectadas.

En aquella época Nigeria se encontraba bajo una corrupta dictadura militar y Shell era la empresa más poderosa en una economía muy dependiente del petróleo, manteniendo una relación muy estrecha con el gobierno que obtenía más del 85% de sus ingresos de este recurso. Ni a la empresa ni al poder les agradaba la actuación de Ken que comenzó a recibir amenazas. Detenido junto a otros 15 ogoni, fueron juzgados por un tribunal militar que, tras acusaciones fraudulentas, le condujeron a la horca el 10 de noviembre de 1995, desatando un clamor internacional de repulsa.

En 1998, integrantes de otra comunidad nigeriana -los Ilaje- realizaban una protesta pacífica en una plataforma petrolífera de Chevron. La empresa llamó a la policía y al ejército, ofreciéndoles sus helicópteros, y dispararon a los manifestantes con un saldo de dos muertos y varios heridos. Alrededor de mil personas murieron en las diversas manifestaciones de los pueblos que más directamente sufrían los daños ambientales de las compañías petrolíferas.

Las víctimas de América Latina

Desde finales de los años 90 del pasado siglo, la persecución se hizo también patente en América Latina. En México, miembros de la comunidad de Tepozlán sufrieron la represión gubernamental por defender su territorio. En Bogotá, Elsa Constanza y Mario Calderón, activistas sociales y ambientales, fueron brutalmente asesinados, junto con sus familias, por varios pistoleros en 1997. Si nos traslademos ahora a Europa, concretamente a Rusia, Amnistía Internacional tuvo que adoptar como preso de conciencia a un capitán de navío jubilado por denunciar la contaminación radiactiva procedente de accidentes de submarinos nucleares de su flota. Esta tendencia se ha mantenido en el país eslavo, habiéndose registrado el caso de David Khakim, que tuvo que salir de Rusia y pedir protección internacional por el hostigamiento que sufría por parte de las autoridades tras denunciar abusos ambientales en los Juegos Olímpicos de invierno de 2014, entre ellos la proyectada construcción de una central térmica en un paraje natural que finalmente la presión ciudadana logró detener.

Será en la Amazonia donde se producirán buena parte de los crímenes ambientales. Esta singular región alberga la mayor biodiversidad del planeta, viviendo en su seno numerosas tribus indígenas. Algunas corporaciones ven allí un territorio virgen a explotar, para extraer madera o reconvertir algunas áreas en zonas agrícolas o ganaderas, además de otras actividades alegales como la búsqueda de oro que deja tras de sí un reguero de productos químicos altamente contaminantes.

La visión más avanzada sobre la naturaleza no la contempla como un santuario donde la presencia humana contamina todo lo que toca sino que el proyecto más completo integra medio y ser humano, de modo que éste viva y trabaje en su interior sosteniblemente como siempre lo ha hecho a lo largo de la historia. Así lo entendió también Chico Mendes, líder ecologista y sindical de un gremio conocido como seringueiros dedicados a la extracción del látex de un árbol llamado seringa, lo que constituye una actividad sostenible que integra conservación y aprovechamiento. Lógicamente, los que viven de esta clase de trabajo son los primeros interesados en que su ecosistema no se destruya.

Cuando motosierras y tractores entraban en la selva, Chico y sus compañeros formaban cadenas humanas para impedirlo, revelando un alto grado de organización y apoyo popular. Se convierte así en interlocutor ante diversos organismos, entre ellos el Banco Mundial, y recibe dos premios internacionales. Forma alianza con pueblos indígenas y ribereños con el objetivo común de defender pacíficamente la floresta. Frente a ellos, la Unión Democrática Ruralista, a la que pertenecen los latifundistas y ganaderos. Oponiéndose a sus ambiciones, Chico Mendes propone la constitución de reservas, áreas protegidas para preservar el medio bajo los criterios de sostenibilidad antes comentados.

Tras múltiples amenazas, dos latifundistas, con una larga serie de crímenes sobre sus espaldas, terminaron con su vida dos días antes de la navidad de 1988. Antes había dejado escrito lo siguiente: “Al principio creí que estaba luchando por salvar los árboles del caucho. Después pensé que estaba luchando para salvar la selva amazónica. Ahora me doy cuenta de que lo estoy haciendo por la humanidad”.

Tres asesinatos cada semana

En ningún modo pudiera pensarse que estas persecuciones fueron cosa del siglo pasado. Dorothy Stang, misionera estadounidense que había adquirido la nacionalidad brasileña, fue asesinada en 2005 por un sicario del lobby ganadero mientras se dirigía a una reunión en la que se trataba la protección de la fauna local. Había recibido el título de ciudadana de Pará y era una firme defensora de los derechos de la Amazonia, su biodiversidad y sus gentes.

Las persecuciones en la Amazonia no han cesado, más aún, los intereses de latifundistas y ganaderos se han visto beneficiados con la elección de Bolsonaro como presidente de Brasil, cuyo desprecio por el medio es bien patente. Entre agosto de 2018 y julio de 2019 la deforestación de la Amazonia se incrementó en un 30%, la tasa más alta registrada desde 2008. Los ataques contra los pueblos indígenas aumentaron en un 50% y 135 líderes fueron asesinados.

Esta preocupante tendencia se venía arrastrando desde años anteriores. Según Global Witness, desde 2015 tres personas fueron asesinadas semanalmente en el mundo mientras defendían sus tierras, bosques o ríos. Frente a ellos se encuentran la seguridad privada de las empresas, la policía, el ejército y asesinos a sueldo. El 40% de las víctimas son indígenas.

Uno de los casos mejor conocidos internacionalmente ha sido el de Berta Cáceres, líder indígena lenca, feminista y activista ambiental. En 1993 cofunda el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, con el objetivo de defender el medio ambiente, rescatar la cultura lenca y elevar las condiciones de vida de las capas populares del país. Fue muy importante su actividad contra la privatización de los ríos y frente a los proyectos de presas hidroeléctricas de compañías transnacionales, así como contra proyectos mineros y madereros que atentaban contra los bienes naturales. Fue asesinada en marzo de 2016 tras haber estado sufriendo, tanto ella como su familia, acoso y amenazas. Según Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental.

El pensamiento global y la actuación local

Otro de los daños, y no menor, generado por los impactos ambientales de amplio alcance es el deterioro de ciertas zonas del planeta, dificultando seriamente la vida en ellas. En relación con el cambio climático, se han descrito una docena de puntos calientes donde la vida humana se hace ya muy difícil. Desde estos lugares parten corrientes migratorias generando lo que ya se conoce como refugiados ambientales. ACNUR calcula que cada año se producen 21,5 millones de desplazamientos como consecuencias de una mayor severidad en el clima y estima que para 2050 serán 200 millones. Son víctimas silenciosas que pagan un alto precio para poder sobrevivir.

Pese a las dificultades, no hay otra opción que continuar trabajando. La vida, la verdad y la justicia se abren paso entre la oscuridad, con dificultad y dureza pero con determinación. Quizás sea conveniente terminar recordando, con esperanza, a Wangari Maathai, primera mujer africana en conseguir el premio Nobel de la Paz en 2004 por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Ella supo unir el desafío cultural, social y ecológico en Kenia, incluyendo los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres, sabiendo integrar el pensamiento global y la actuación local.

No le resultó fácil, pues tuvo que enfrentarse con valentía al antiguo régimen de su país, lo que suscitó un movimiento de solidaridad dentro y fuera de sus fronteras. Inspiró así a muchos en la lucha por los derechos democráticos y a las mujeres para mejorar su situación. Su forma de actuar no se dirigía a lo ambiental de una manera aislada sino integrándolo en un campo social más amplio, lo que suele ser común a todos los defensores ambientales. Así, uno de sus grandes logros fue la fundación del Movimiento Cinturón Verde con el que ha movilizado a muchas mujeres pobres para plantar treinta millones de árboles en un periodo aproximado de treinta años. Sus métodos se han adoptado en otros países como repuesta a la deforestación que asola muchos lugares del planeta.

Paralelamente, este movimiento, al ocuparse también de la educación, la planificación familiar, la nutrición y la lucha contra la corrupción, ha multiplicado su alcance apoyándose en amplios sectores populares. Wangari Maathai nos dejó en 2011 pero su ejemplo de valentía y tesón confirma la esperanza de los pueblos en sus justas aspiraciones por un futuro de justicia y sostenibilidad. Decía que “no son las cosas grandes las que marcarán la diferencia sino los pequeños pasos que demos cada día”.

Presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental