Solventados los obstáculos iniciales para articular las ayudas europeas para hacer frente a la crisis económica que siguió al estallido de la pandemia, estamos ya en la fase de acceso a los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que constituyen el eje central del programa Next Generation EU (NGEU).
Para hacerlo, cada Estado miembro tiene que presentar un plan de inversiones y de reformas que deberá acometer antes de 2026 y que en nuestro país se concentrarán en diez grandes áreas que sumarán 140 mil millones de euros, entre transferencias y préstamos. En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya se han incluido inversiones por valor de 26.634 millones de euros a cargo de estos fondos europeos.
Pero el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía no es solo “dinero que viene de la Unión Europea”. En el mismo se incluyen también las reformas estructurales que el país deberá acometer en los próximos años. Y eso no sería nada malo porque es evidente que precisamos de ellas. Urgen políticas que la pandemia ha convertido en ineludibles porque, cuando más arreció la crisis sanitaria, más se puso de relieve la precariedad de millones de trabajadoras y trabajadores, verdaderamente esenciales para que todo siga funcionando o la insuficiencia de los servicios públicos de titularidad y gestión pública para hacer frente a la crisis económica.
Pero hay quien tiene planes muy diferentes para el futuro. Igual que cuando en septiembre de 2008, Nicolas Sarkozy declaró, sin reírse siquiera, que había que “refundar el capitalismo» y asistimos a continuación a un disparatado austericidio que despojó de derechos económicos y sociales a la clase trabajadora de todo el continente, ahora hay quien aspira a dar más vueltas de tuerca a la explotación.
Y por eso el Banco de España plantea en su Informe Anual [1] una batería de reformas que tendrían que poner a organizaciones políticas, sindicales y sociales a organizar desde este momento una feroz resistencia. Porque, lejos de abordar los verdaderos retos a los que se enfrenta la mayoría social, intenta cual Caballo de Troya, destruir derechos conquistados e instalar definitivamente la precariedad en las relaciones laborales.
De hecho, el planteamiento que realiza para poder abordar la estrategia global de crecimiento tiene como objetivo aumentar la productividad con políticas que favorezcan el crecimiento empresarial y estimulen la acumulación de capital humano y tecnológico. Y la “mejor” herramienta que se le ha ocurrido plantear es dedicar recursos procedentes del programa a la aprobación de la llamada “mochila austriaca” que recibe este nombre porque fue Austria la que en 2002 reformó su normativa laboral, sustituyendo la indemnización por despido a sus trabajadores, por un sistema en el que las empresas realizan una contribución a una cuenta a nombre del trabajador, equivalente a un determinado porcentaje de su salario.
Indica el Banco de España que hay una enorme diferencia entre las indemnizaciones percibidas por trabajadores temporales y quienes tienen contratos indefinidos y antigüedad en sus empresas. Según estimaciones realizadas por el propio organismo a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), entre 2013 y 2016, el 10% de los trabajadores que percibieron indemnización al finalizar su relación laboral, recibieron 23 euros o menos, mientras que el 10% de los trabajadores que recibieron las mayores indemnizaciones cobraron 6.400 euros o más. En vez de ser consciente el Banco de España de lo que supone esa situación para la gran mayoría de trabajadores en el país, opta por echar una mano a la CEOE y propone cambiar el sistema, que tiene elevadísimas dosis de injusticia y perversidad, por uno… peor.
El nuevo empezaría por reducir a la mitad los ya recortados costes de despido y de finalización de contrato que existen en la actualidad. A cambio, las empresas aportarían una cantidad equivalente a seis días por año trabajado a fondos individuales de los trabajadores que estos podrían llevarse consigo si deciden cambiar de empleo, a diferencia de lo que ocurre actualmente y es que la indemnización solo se percibe en caso de despido. Con el “caramelo” de facilitar la movilidad laboral y de una mayor facilidad para contratar, se abarata un 50% el coste de despedir.
Pero, hay un problema. Y son los derechos adquiridos.
Porque para que este nuevo expolio funcione, es necesario cubrir el coste del período de transición en el que los actuales trabajadores acumulan de indemnizaciones hasta la entrada en vigor en su totalidad del nuevo sistema.
Pero cuando se trata de socorrer a los de arriba, el Banco de España siempre encuentra una solución. Y lo que plantea en su Informe Anual es que sea el Estado el que financie una parte de las contribuciones empresariales al nuevo fondo. Eso sí, solo en el corto plazo y de manera decreciente en el tiempo. Cinco días por año trabajado en el primer año después de la reforma, cuatro días en el segundo año, y así sucesivamente, de modo que las empresas se harían cargo totalmente de los pagos al fondo seis años después de aprobarse la reforma.
El coste total para las arcas públicas de la financiación de este nuevo hachazo a los trabajadores y trabajadoras ascendería a unos 8.660 millones de euros. Y como el Banco de España cree que podría suponer un problema defender en el mismo documento que hay que equilibrar las cuentas públicas y gastarse ese pastizal en ayudar a las empresas a que puedan recortar sus plantillas con un coste inferior en el futuro, propone que se financie, al menos parcialmente, con fondos del programa NGEU.
Lo han estudiado bien y dicen que el propio Reglamento de la Comisión Europea “indica que las reformas susceptibles de ser financiadas con estos fondos deben ayudar a potenciar el crecimiento o a mejorar la sostenibilidad económica o medioambiental” y por eso el Banco de España cree que las reformas del mercado de trabajo encajan perfectamente.
Lo que simple y llanamente propone el Banco de España es un abaratamiento del despido y la financiación de la puesta en marcha del sistema con fondos públicos. Hasta el propio organismo reconoce que la introducción del nuevo sistema podría suponer que “las empresas podrían ser más propensas a despedir al reducirse a la mitad el coste marginal de esa decisión, y estos despidos no estarían tan concentrados en los trabajadores de menor antigüedad”. Pero propone incentivar a las empresas con bonificaciones y penalizaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas con menor rotación laboral, y viceversa. En definitiva, más ayudas públicas para que nos despidan más barato.
Al lado de este verdadero torpedo bajo la línea de flotación de los derechos laborales y sociales, las llamadas del Banco de España a recortar el gasto público en los próximos años se quedan en fuegos artificiales.
En un momento en el que es urgente poner en marcha las transformaciones profundas que requiere la economía en nuestro país y fortalecer los instrumentos del Estado para garantizar una mayor protección social y un mayor control de la economía que supedite el mercado al interés general, el Banco de España abandera medidas que, en vez de reducir la desigualdad, garantizan el empobrecimiento de la clase trabajadora. Y de nuevo se quieren servir del dinero público para ello.
Es absolutamente imprescindible que el Banco de España deje de actuar como ariete contra la mayoría social.
La historia de este nuevo Caballo de Troya puede acabar de muchas formas. Depende de nosotras y nosotros que lo haga bien para la clase trabajadora y mal para el Banco de España.
Nota:
(*) Profesor de Economía Aplicada UCM / Responsable de elaboración programática de IU
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