El gobierno regional plantea la privatización de los fondos europeos para la recuperación económica a través de la ley de medidas urgentes de agilización y simplificación de procedimientos para su gestión y ejecución.

Algunas ciudades de la región ya han pedido en los diferentes plenos municipales, casi siempre de la mano del PP y Ciudadanos con el voto favorable de Vox, que se habiliten concejalías de asuntos europeos o gabinetes europeos en las dependencias municipales con el objetivo de contactar con entidades externas privadas, consultoras, que se hagan responsables de la presentación de estos proyectos como si los trabajadores públicos no supieran hacerlo.

Estos trabajadores y trabajadoras, sin embargo, serían los garantes principales de que lo que llegue a los ayuntamientos es el reflejo de lo que necesitan los vecinos y vecinas y no la constatación de lo que quieren las grandes firmas consultoras y empresariales del país para su propio beneficio.

En Albacete, por ejemplo, los proyectos serán presentados por la empresa Aguas de Albacete que tiene detrás a la empresa privada Aquona, que a su vez está sustentada en la estructura de la gran Veolia. La realidad es que Albacete tendrá, por lo tanto, lo que necesita esta multinacional, coincida o no con las necesidades de la ciudadanía.

Con este anteproyecto el gobierno de Castilla-La Mancha legaliza la privatización, como si la plantilla de los trabajadores públicos no estuviera a la altura de las firmas consultoras expertas en presentar los planes para beneficiarse de una parte económica de los mismos.

Con esta norma el gobierno regional decide entregar a las corporaciones privadas los fondos que deben servir para no dejar a nadie atrás y lo hace legalizando sus beneficios empresariales.

Además, lo hace con dos premisas muy peligrosas. La primera es que tampoco hay memoria económica. No es la primera norma con rango de ley que no tiene esta memoria, como ocurre con la ley para una sociedad libre de violencias, la ley de despoblación, la ley del estatuto de la mujer rural o la ley de simplificación de trámites urbanísticos.

En segundo lugar, en algunos artículos del anteproyecto de ley presentado por el gobierno regional no se plasma de forma clara quiénes componen determinadas comisiones contempladas en el texto ni cuál es su finalidad, dejando el informe jurídico una verdadera sombra sobre la utilidad de las mismas y la motivación de crearlas.

La Comisión Regional de Coordinación de Fondos de Recuperación, Fondos Estructurales y de Inversión e Instrumentos Financieros Europeos, creada en la nueva ley regional, tiene asignadas funciones que no se contemplan en ninguna norma y se crea sin salvaguarda reglamentaria.

Legalizar la privatización de la gestión

Más peligrosas nos parecen las medidas propuestas de agilización administrativa que eliminan el informe jurídico que hasta ahora era preceptivo, dejando únicamente el informe de fiscalización y presupuestario para aprobar la gestión de estos proyectos, obviando también la exigencia de autorización del Consejo de Gobierno prevista en el artículo 58.5 c) del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. Así, el Artículo 10.2 de la nueva ley dice que en la tramitación de la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de estas subvenciones no será necesaria la autorización del Consejo de Gobierno, permitiendo así otorgar subvenciones por importe superior a 5.000.000 de euros sin mantener los exigidos mecanismos de control. En este sentido, el Dictamen del Consejo de Estado nº 783/2020 y el propio Tribunal de Cuentas recalcan la necesidad de que las medidas de flexibilización que se introduzcan en materia de subvenciones vayan acompañadas de controles para garantizar el correcto cumplimiento de las finalidades para las que las subvenciones fueron otorgadas. El anteproyecto de ley informado supone la reducción de los diferentes mecanismos previstos en el ordenamiento para asegurar la correcta asignación de los fondos europeos.

Este proyecto regional elimina la función que en esta materia tienen los servicios jurídicos de la Junta, eliminándolos de los controles previos en la aprobación de convocatorias y bases reguladoras que regirán los millonarios procesos de adjudicación de proyectos a empresas que tendrán muchas más facilidades para gestionarlos de espaldas al control público.

Según el artículo 18 de la norma regional, bastaría con justificar la tramitación de urgencia de los expedientes. Esto supone ampliar indebidamente el ámbito de aplicación de la Ley del Sector Público.

IU denuncia que esta norma viene a legalizar la privatización de la gestión de unos fondos millonarios procedentes de Europa para el rescate ciudadano que van a terminar sirviendo para que las grandes corporaciones multinacionales los gestionen con la excusa de la eficacia y eficiencia frente a la administración.

La administración debe asumir el reto sin complejos y no entregar su responsabilidad de gestión a empresas que se muevan por la obtención de su beneficio empresarial frente al bien común.

Las distintas administraciones, a nivel municipal, provincial y regional están suficientemente preparadas para el reto de gestionar los fondos europeos y además saben realmente cuales son nuestras necesidades.