Crisis migratoria en Canarias, el resultado de la política de fronteras

El drama humano de la mal llamada “crisis de los cayucos” del año 2006, sólo se desempolva cuando un número significativo de migrantes toca tierra en las costas canarias, tal y como ha sucedido en 2020.

Median, no obstante, importantes diferencias entre un escenario y otro. De entrada, en el año 2006 llegaron a las islas 31.678 migrantes, mientras que en el pasado año fueron 23.023, es decir, 8.655 menos, y, además, con un perfil más joven: si en el año 2006 tan solo un 5% de los llegados eran menores de edad, en 2020 el porcentaje ascendía al 10%. La llamada “ruta canaria” es considerablemente más peligrosa que otras alternativas y solo se activa -sobre todo por mafias dedicadas al tráfico de personas-, cuando las otras opciones están vedadas. La fortificación de las fronteras mediterráneas de la UE, por medio de FRONTEX; la creciente presión policial hispano-marroquí; y el cierre de fronteras por la expansión de la COVID-19, hizo que en 2020 las rutas migratorias se desviaran hacia opciones menos vigiladas, pero que entrañan más riesgos. Los datos son, como acostumbran en el ámbito de la migración, escalofriantes: 609 personas fallecidas en el 2020 y 1.851 desparecidos en el intento de llegar a Canarias, según la Organización Internacional de Migraciones y la ONG Caminando Fronteras, respectivamente. Quienes consiguen llegar, lo hacen después de una travesía que puede durar de 2 a 11 días, en función del lugar del occidente africano del que se parta, en unas embarcaciones tan precarias que cualquier movimiento, por levemente brusco que sea, puede volcar.

El punto de llegada de los migrantes también ha cambiado respecto al de 2006. En aquel momento, la mayoría de embarcaciones tocó tierra en la isla de Tenerife, mientras que en 2020 el destino de prácticamente la totalidad de los migrantes estuvo en los pequeños pueblos costeros de Gran Canaria. Especialmente dos, el municipio de Mogán y su localidad dependiente, Arguineguín, se han llevado el protagonismo de esta “crisis”. La alcaldesa del municipio, más preocupada por acoger el turismo de masas (y depredador) que por hacer valer los derechos fundamentales de las personas en su municipio, amenazó con sancionar a aquellos hoteles que siguieran acogiendo a migrantes más allá del 31 de diciembre. En el muelle de Arguineguín, por su parte, se instaló un campamento, que muchos tildan con razón “de la vergüenza”, y que llegó a acoger a siete veces más personas (2.700) de lo que marcaba el máximo de su capacidad (400). CEAR denuncia en su informe Migración en Canarias, emergencia previsible que la asistencia jurídica a las personas llegadas era inexistente; que no se llevaban a cabo las preceptivas gestiones para identificar perfiles de especial vulnerabilidad; que se producían, violando la ley española, retenciones superiores a las 72 horas y, en definitiva, que las condiciones de hacinamiento e insalubridad que imperaban en el campamento eran incompatibles con la dignidad y los derechos humanos (extremo reconocido tanto por Fiscalía Provincial de Las Palmas, como por el Defensor del Pueblo).

La deficiente respuesta institucional a la crisis no se circunscribe solo a las autoridades insulares. El gobierno del país no ha actuado de forma preventiva para atajar una coyuntura de la que estaba avisado y solo ha acertado a elaborar el llamado “Plan Canarias” para abordar nuevas olas de migración en el archipiélago. En la más que escueta información que sobre él se ha difundido, solo se acierta a vislumbrar la creación de campamentos de mayor capacidad. No hay rastro, sin embargo, de un plan a largo plazo de inclusión que posibilite la integración. De ello, la deducción más probable que se puede extraer es la de que se busca reducir la presión migratoria desde la perspectiva de la deportación de todas aquellas personas que no puedan ser beneficiarias de algún tipo de protección internacional. Con ello se reproducen, en realidad, las directrices que marcan el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, suscrito por los ministros de Justicia e Interior de los estados miembros de la UE, que otorga a las islas el papel de primer elemento de contención migratoria. Canarias se ha convertido en un escenario más del modelo de “Islas” o “territorios jaula” (Lampedusa, Ceuta, Melilla o Lesbos), auspiciado por la UE, es decir: espacios fácilmente perimetrables que permitan la “clasificación” de las personas migrantes y determinar quiénes son beneficiarios de protección internacional y quienes serán retornados.

La diferencia con el plan de acogida que se elaboró en 2006 para los migrantes llegados a las islas es enorme. Desgraciadamente, la respuesta de una parte de la población, también. Se han producido preocupantes brotes de xenofobia en Canarias, alentados por algunas autoridades y por la extrema derecha, que se han de interpretar como la consecuencia de una década de políticas regresivas y hostiles a la migración, bulos, difamaciones, retroceso del compromiso con los DDHH y, sobre todo, no asumir que migrar es, también, un derecho básico y que, mientras persistan las condiciones de hambre, persecución o guerra en gran parte del mundo, no habrá mar, océano o policía fronteriza que pueda torcer la voluntad de quien aspira a un futuro mejor.