La Knesset adoptó el 19 de julio de 2018 una ley «supuestamente fundamental», es decir, el más alto grado de principio legislativo después de la Constitución que afirma «que Israel es el hogar nacional del pueblo judío». El Primer Ministro en el cargo, Benjamin Netanyahu considera durante su intervención en la Knesset, inmediatamente después, que esta ley constituye «un momento crucial» en la historia del país.

En respuesta a esto, Ayman Odeh, líder del grupo «Árabes Unidos» en el parlamento israelí considera que esta ley «consagra la supremacía judía y que los árabes de Israel, que representan el 20% de la población total, siempre serán» ciudadanos de segunda clase».

Entre los atributos de esta ley, notamos que el idioma árabe, que tenía un estatus idéntico al idioma hebreo desde la creación del Estado de Israel en 1948, está sufriendo una degradación ya que pierde su condición de idioma oficial, ahora solo será el hebreo.

Además, otro artículo de esta ley reafirma, a lo contrario de todas las resoluciones de la comunidad internacional, que Jerusalén «entera y unida» es la capital del Estado de Israel.

El tercer principio del artículo 1 de esta ley llamada ley fundamental dice lo siguiente: «El derecho a ejercer la autodeterminación nacional dentro del Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío», lo que, implícitamente, pone fin a la teoría de los dos Estados.

Este principio, a priori, anodino, cuestiona todas las resoluciones de las Naciones Unidas, en particular la más explícita la del 22 de noviembre de 1967, después de la guerra de los seis días en la que el Consejo de Seguridad «condena la adquisición de territorios por la guerra y pide la retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados, afirmando la inviolabilidad territorial y la independencia política de cada Estado de la región”. ¡Es cierto que ningún gobierno israelí ha aceptado todavía las resoluciones de la ONU al respecto!

Los Acuerdos de Oslo firmados en Washington el 13 de septiembre de 1993 sellaron un acuerdo histórico entre la OLP, representada por el difunto Yasser Arafat, el difunto Isaac Rabin, primer ministro israelí que, como general de la Guerra de los Seis Días en junio de 1967, entendió que el mutuo reconocimiento entre palestinos e israelíes requería la coexistencia de dos estados independientes con plena soberanía, el tercer líder en firmar los acuerdos fue el fallecido Shimon Peres, ministro de Relaciones Exteriores de Isaac Rabin.

Este acuerdo tuvo un eco considerable entre las poblaciones israelí y palestina que finalmente vieron un rayo de esperanza después de tantos años de guerra.

El asesinato de Isaac Rabin el 4 de noviembre de 1995 en Tel Aviv por un extremista judío durante una gran manifestación en apoyo a los acuerdos de Oslo marcará el inicio de una serie de obstáculos que conducirán a la llamada ley fundamental del 19 de julio 2018, que oficialmente convierte a Israel en un Estado Nación judío.

De hecho, la voluntad expresada ambas veces de toda la comunidad internacional desde la resolución 242 de las Naciones Unidas, incluidos todos los gobiernos españoles, es la creación de un Estado Palestino soberano, con Jerusalén Este como capital, fronterizo con el Estado de Israel, la única condición, sine qua non para garantizar la paz en esta región del mundo.

Las reacciones a esta llamada ley fundamental siguen siendo muy tímidas. La Unión Europea ha emitido un comunicado en el que expresa «su preocupación por el riesgo de complicar la solución de los dos Estados».

La Liga Árabe considera peligrosa esta ley porque según ella “consolida prácticas racistas”.

A raíz de esta decisión, el primer israelí dejó claro en varios discursos ante la Knesset su deseo de anexar Cisjordania y cuando «Hamas sea aniquilado» de retomar Gaza.

Es de temer que sin una presión significativa de la comunidad internacional y de acuerdo con la letra de la llamada ley fundamental, la creación de un estado palestino independiente se convierta en un piadoso deseo hecho de manera reiterada, como un ritual magico, sin ningún resultado político.

El gobierno español podría, como en los tiempos de la conferencia de Madrid de 1991, tomar una fuerte iniciativa diplomática, basada en la teoría de los dos Estados, la única solución viable y duradera para los pueblos palestino e israelí.