Con ocasión de las protestas que vienen sucediéndose en Colombia, el denominado Paro Nacional, procede realizar un análisis de la relación entre la actual situación que atraviesa el país y la deficiente implementación del Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las FARC-EP en noviembre de 2016, acuerdo que puso fin a más de cincuenta años de cruento conflicto armado qué dejó más de ocho millones de víctimas.

La oligarquía colombiana, el denominado establecimiento, siempre fue mayoritariamente reacia a implementar en plazo y seriamente las medidas incluidas en el Acuerdo de Paz, en especial las que pretendían corregir las causas estructurales del conflicto como el acceso a la tierra, la reforma política y las garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y la protesta social. Pero desde la llegada del partido ultraderechista Centro Democrático a la presidencia de Colombia en enero de 2019 -el presidente Iván Duque fue designado por Álvaro Uribe, quien controla todo lo relativo a esa fuerza política- se ha impedido abiertamente la implementación del Acuerdo de Paz, a la vez que se ha consentido el permanente asesinato y persecución de líderes sociales, sindicales y campesinos y de las minorías étnicas sin tomar las medidas incluidas en el acuerdo para evitarlo. Han sido asesinados doscientos ochenta ex combatientes de las FARC, estando estos crímenes en su mayoría en la impunidad.

LA PROTESTA SOCIAL CON EL PLAN DE PAZ

El Acuerdo de Paz del Teatro Colón se alcanzó en el cuarto proceso de negociaciones entre el Estado y la guerrilla. Durante las conversaciones de La Habana siempre se tuvo en cuenta la más que probable perfidia de importantes sectores del establecimiento colombiano para dificultar la implementación del acuerdo, así como el alto riesgo de guerra sucia que se podría desatar contra los ex guerrilleros una vez que hubieran dejado las armas. Uno de los argumentos de más peso para que, a pesar de ser conscientes de los riesgos, las FARC EP estuvieran dispuestas a firmar el acuerdo de paz fue el análisis político de la realidad regional latinoamericana del momento y el papel que en la misma desempeñaba el conflicto armado colombiano. Tras décadas de enfrentamiento militar, ambas partes percibían un “empate catastrófico” en el terreno militar. La guerrilla era consciente de la inmensa dificultad de alcanzar el poder por la vía armada y el Estado sabía que no podía acabar militarmente con una guerrilla con extensas zonas de retaguardia en vastas regiones campesinas. En ese contexto, el conflicto armado había convertido a Colombia en el referente militarista de la ultraderecha latinoamericana, así como en el principal punto de concentración de tropas de los Estados Unidos para controlar la región y contrarrestar los procesos de cambio político abiertos en Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia en la primera década del siglo. Y también era la excusa para reprimir brutalmente o disuadir las movilizaciones populares que en Colombia reclamaban justicia social.

Tras casi dos siglos de profundo conflicto social y político, la lucha armada no era una vía eficaz para que los campesinos y las clases populares accedieran al gobierno que sin embargo era alcanzado por la izquierda a través de procesos de movilización social y posteriores victorias electorales en los países vecinos. En Colombia el acceso de las clases populares al poder político continuaba siendo impedido por la eficaz apropiación de las instituciones y las riquezas del país por la oligarquía colombiana. En el momento en que cualquier protesta contra la injusticia social alcanzaba un punto álgido era estigmatizada y desmantelada aplicándole leyes antiterroristas y acusándola de estar provocada como parte de una estrategia guerrillera, acusación que, acompañada de la correspondiente presión judicial, policial o mediática, desmovilizaba o disuadía la participación de importantes sectores sociales, sindicales y políticos. El fin de la lucha armada debía eliminar el principal freno que hasta entonces había tenido la protesta social, favoreciendo el surgimiento de las movilizaciones populares. El acuerdo de paz por sí mismo no iba a corregir las tremendas injusticias padecidas en el segundo país más desigual del continente americano, según el índice Gini, pero si debía establecer un nuevo marco para que todas las opciones políticas pudieran optar a gobernar cualquier institución en igualdad de condiciones de seguridad, sin riesgo de caer asesinados en el intento.

LA OLIGARQUÍA CONTRA LA MOVILIZACIÓN POPULAR

En la agenda de conversaciones de La Habana quedó claro que no se discutía el sistema político o económico del país pero si las medidas que propiciaran cambios estructurales para alcanzar la justicia social y mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano. Por ello, distintos puntos de la agenda de conversaciones -y los acuerdos alcanzados- versaban sobre participación política y en concreto sobre cómo remover los obstáculos existentes en la legislación colombiana al libre ejercicio de la protesta social una vez finalizado el conflicto armado.

El establecimiento colombiano siempre fue consciente del peligro que para sus intereses entrañaba la finalización del conflicto armado, un conflicto que les permitía mantener a su servicio a la más poderosa fuerza militar del continente sudamericano, además de contar con el recurso de la aprobación de leyes de excepción, dos mecanismos que les facilitaban enormemente mantenerse en el poder. Eran conscientes de que el Acuerdo de Paz contendría innumerables medidas para corregir las causas estructurales de la injusticia social que ha causado el largo conflicto social y político colombiano, conflicto muy anterior a 1964, fecha en la que comenzó el enfrentamiento armado entre el Estado y las FARC-EP.

Por todo ello, durante el proceso de paz un importante sector de la oligarquía colombiana optó activamente por hacerlo fracasar y por el mantenimiento del conflicto armado -cada vez más reducido a zonas rurales y sin amenazar seriamente a las grandes ciudades- antes que aceptar una situación de paz que previsiblemente abriría un horizonte de importantes movilizaciones sociales e incremento de la organización de la clase trabajadora, los campesinos, las minorías étnicas y en general de los numerosos sectores populares que han sufrido duras condiciones de vida y privación de derechos desde la fundación de la república, quienes ahora podrían reclamar sus derechos con las debidas garantías.

LA VIOLENCIA DE LA DERECHA COLOMBIANA

Entre el 21 de noviembre de 2019 y el 21 de febrero de 2020, Colombia ya vivió un primer Paro Nacional que movilizó a más de millón y medio de personas. Desde el 28 de abril de 2021 se viene sucediendo ininterrumpidamente un nuevo Paro Nacional que ha movilizado permanentemente a millones de colombianos y que ha sido duramente reprimido.

El 20 de mayo, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, culpaba explícitamente al Acuerdo Final de Paz de ocasionar las actuales protestas sociales en Colombia:

“Durante la campaña del referendo del acuerdo con las FARC, repetí insistentemente que el punto 2.2 [1] presentaba el riesgo de pasar del país del conflicto al país ‘en modo protesta y modo paro’ y así está sucediendo”.

La actual vicepresidenta expresaba el pánico que buena parte del establecimiento colombiano tiene al Acuerdo de Paz, los motivos por los que se han conjurado para impedir su correcta implementación. Tras la desaparición de la excusa del conflicto armado para poder mantener medidas de excepción restrictivas de las libertades políticas y de los derechos sociales, el incremento de la participación política del pueblo colombiano a través de las normales formas reivindicativas -que cualquier democracia debe garantizar para el desarrollo de la movilización y la protesta pacífica- está precipitando el inicio del fin del poder político de la derecha colombiana, después de décadas de hegemonizar el gobierno convencidos de ser los únicos legitimados para desempeñarlo. Por eso no es de extrañar la desmesurada violencia con la que han sido reprimidas las movilizaciones, mostrándose unos abusos policiales impropios de un Estado que, a la vez que se pretende Democrático y de Derecho, mantiene un cuerpo de Policía Nacional completamente militarizado y dependiente no de un ministerio civil, como ocurre en cualquier democracia, sino del Ministerio de Defensa. Una policía que en Colombia forma parte de las denominadas Fuerzas Militares.

La ONG estadounidense Human Rights Watch ha denunciado 67 muertes verificables desde el inicio de las protestas en el mes de abril. Otras organizaciones humanitarias añaden al menos 3.789 casos de violencia policial, 25 víctimas de violencia sexual, 1.649 detenciones arbitrarias, 548 presuntas desapariciones y 149 agresiones a periodistas. Al menos son treinta las víctimas de agresiones oculares, manifestantes que han perdido sus ojos por acción del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional, a lo que hay que sumar 1.264 personas detenidas arbitrariamente. Ante esta catástrofe humanitaria, llama la atención la falta de una posición lo suficientemente firme por parte de la comunidad internacional, reclamando a las autoridades colombianas que pongan freno a estos abusos contra el pueblo, máxime cuando por situaciones mucho menos graves ocurridas en países de la región con gobiernos de izquierda la respuesta de la comunidad internacional ha incluido no solo contundentes declaraciones sino sanciones al país y a las autoridades a las que se han endilgado las responsabilidades por los hechos represivos.

CINCO AÑOS Y MEDIO DE INCUMPLIMIENTOS

Resulta imprescindible que Colombia apruebe y ponga en funcionamiento las garantías de participación política, movilización y protesta social -parte inescindible del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición- que se establecieron en el Acuerdo de Paz. Solo así se podrán alcanzar las condiciones y garantías necesarias para que todas las fuerzas políticas, especialmente las de oposición y las situadas en la izquierda, puedan ser alternativa de gobierno y por tanto alcanzar la presidencia de la Republica en las elecciones de 2022. La implementación del Acuerdo de Paz es imprescindible para satisfacer las demandas del pueblo colombiano expresadas en el Paro Nacional. También es condición indispensable para alcanzar la plena democratización de Colombia, para erradicar el caciquil y clientelar sistema electoral que aún pervive a pesar de haberse acordado su modificación en el acuerdo de 2016.

Comprobando las medidas pendientes de implementar desde la firma del Acuerdo de Paz, concluiremos que la correcta aplicación de las medidas negociadas es la imprescindible hoja de ruta para acabar con los problemas sociales que siempre ha padecido Colombia. Atendiendo al mecanismo de seguimiento y evaluación de la implementación del acuerdo elaborado por el Programa Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos) en junio de 2021, la inmensa mayoría de las medidas acordadas están pendientes de aplicarse cinco años y medio después de la firma del acuerdo.

NI TIERRAS NI DEMOCRATIZACIÓN

Respecto a la reforma rural, queda pendiente “acelerar la adjudicación de tierras” a los campesinos, una forma diplomática de decir que de los diez millones de hectáreas que tenían que entregar o titularizar a los campesinos sin tierra apenas se han cedido unas decenas de miles [2].

Respecto a la participación política, no se han aprobado las medidas más importantes: ni el Estatuto de Oposición, ni las licencias de emisoras de radio para los movimientos sociales. Tampoco se ha aprobado la legislación que debía garantizar el ejercicio de la protesta social, ni se ha aprobado la reforma electoral o la puesta en marcha de las Circunscripciones Especiales de Paz [3].

Respecto del fin del conflicto, el instituto Kroc reconoce que la única implementación exitosa ha sido la que correspondía cumplir a las FARC: el cese al fuego y de hostilidades y la dejación de armas. También ha habido un importante avance en el proceso de desminado, realizado igualmente con la activa implicación de los antiguos combatientes de las FARC, lo que ha permitido que 432 municipios hayan sido declarados libres de sospecha de minas en 2020, de los 715 que presentaban algún tipo de afectación.

Quedan pendiente de implementar las medidas que corresponden en exclusiva al Estado: desmantelar el paramilitarismo -que hemos visto actuar abiertamente acompañando a la policía colombiana en la represión a tiros de las manifestaciones- y acabar con la violencia política que ha causado más de mil quinientos asesinatos de guerrilleros desmovilizados y de líderes sociales, campesinos y étnicos [4].

Respecto a la solución del problema de las drogas ilícitas, el único avance ha sido la identificación de las iniciativas PDET que han diseñado los campesinos para poner en marcha Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) en 56 municipios (2020) con el fin de erradicar los cultivos de hoja de coca y sustituirlos por cultivos alternativos que les garanticen dignas condiciones de vida. Pero nuevamente el Estado paraliza la implantación de los cultivos alternativos al no poner en marcha la financiación ni las reformas legales necesarias para la implementación de los planes de sustitución [5].

Respecto a la implementación del acuerdo sobre las víctimas, por ahora es notorio que la antigua guerrilla es el único actor del conflicto que está comprometido de forma generalizada y eficaz, compareciendo a ofrecer verdad ante las instituciones de justicia para la paz creadas en el acuerdo, incluso sin disfrutar de las mínimas garantías de seguridad para su reincorporación a la vida civil. Mientras se constata la falta de compromiso con el ofrecimiento de verdad por parte de la mayoría de los actores civiles del conflicto, los paramilitares y los miembros de las fuerzas militares [6].

Y respecto al acuerdo parcial sobre la implementación y verificación de todo el plan de paz, queda pendiente que el Estado apruebe las normas para la participación política y la reforma a la ley que regula los planes de desarrollo económico y social, además de que no se han adoptado las medidas relativas a la atención de los pueblos afrodescendientes y para dotar de las necesarias garantías de seguridad a los pueblos indígenas y raizales.

Para ayudar a Colombia a salir de la difícil situación en que se encuentra, se requiere una acción coordinada de la comunidad internacional para lograr el fin de la violenta represión de una protesta social que en democracia siempre es legítima y debe contar con garantías para su ejercicio. Pero sobre todo es necesario que la comunidad internacional garantice la implementación de un Acuerdo de Paz qué fue alcanzado con el apoyo de los países acompañantes y garantes y qué también contó con el compromiso de las Naciones Unidas para garantizar su correcta implementación. Toda la sociedad colombiana está reclamando que se cumplan las medidas que estableció el acuerdo de paz para corregir la brutal desigualdad social y acabar definitivamente con las limitaciones al libre ejercicio de la participación política que Colombia arrastra desde hace generaciones.

NOTAS:

1. “2.2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas: (…) 2.2.2. Garantías para la movilización y la protesta pacífica (…)”

2. Medidas pendientes según el Informe Kroc: “Implementar otras medidas para garantizar el acceso a tierra y descongestionar los procesos agrarios rezagados. Nutrir el Fondo de Tierras, por ejemplo, mediante la recuperación de los baldíos indebidamente apropiados. Apoyar planes de desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina. Tramitar el proyecto de ley que crea la especialidad agraria. Elaborar las trece hojas de ruta pendientes para la implementación de los PDET en cada región. Socializar en las regiones los planes de acción PDET 2021, producto de las mesas de impulso para la coordinación de iniciativas”.

3. Medidas pendientes según el Informe Kroc: “Asegurar la implementación territorial y nacional del Estatuto de Oposición, particularmente en la disponibilidad del espectro electromagnético y asignación de presupuesto para acceder a medios de comunicación. Otorgar garantías a la participación ciudadana, la movilización y la protesta pacífica, incluyendo los mecanismos de diálogo y vigilancia, y control a las autoridades para prevenir el uso excesivo de la fuerza mediante los ajustes normativos pendientes. Aprobar las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Definir y aprobar la reforma política y electoral, siguiendo las recomendaciones de la Misión Electoral Especial. Y articular las distintas iniciativas institucionales de pedagogía en temas de cultura política democrática”.

4. Medidas pendientes según el Informe Kroc: “Formular e implementar la política pública para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas ilícitas. Implementar los cuatro componentes del Programa de Protección Integral. Articular las instancias, programas y planes que conforman el SISEP y crear las que hacen falta”.

5. Medidas pendientes según el Informe Kroc: “Asegurar la financiación de los compromisos adquiridos con los beneficiarios PNIS. Aprobar la normatividad para el tratamiento penal diferenciado de los pequeños cultivadores de coca”.

6. Medidas pendientes según el Informe Kroc: “Avanzar con espacios de contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades de actores que participaron en el conflicto armado. Garantizar condiciones de seguridad para comparecientes ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), especialmente para ex combatientes de las FARC-EP y personas defensoras de los derechos humanos. Establecer cronogramas y planes de trabajo concretos en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de la UBPD. Adecuar la Ley 1448 de 2011 con los compromisos en materia de reparación establecidos en el Acuerdo Final”.

Secretario General del PCE