En el Consejo de Ministros del pasado martes 27 de julio, además de aprobarse la Oferta de Empleo Público para 2021, se ha acordado el límite de gasto no financiero para el año 2022 como paso previo a la elaboración de los PGE. El Gobierno afirma que los objetivos de las cuentas públicas para 2022 son la consolidación de la recuperación económica y el blindaje del Estado de bienestar.

El Gobierno mantiene su previsión de crecimiento del PIB en el 6,5% para 2021 y en el 7% para 2022, y confía en una recuperación del empleo acompañada por una reactivación relativamente importante del consumo y de la inversión en bienes de equipo. De esta forma, la economía española podría recuperar en 2022 el nivel de PIB previo a la pandemia y la tasa de paro podría situarse en el entorno del 14%.

Así las cosas, la mejora en la economía, la evolución de los ingresos públicos (con un crecimiento estimado del 4,6%), el papel de los fondos europeos (se incluyen 26.355 millones de euros en los presupuestos) y la suspensión de las reglas fiscales restrictivas europeas (siguen en suspenso como en 2021) permiten mantener una estrategia expansiva en los PGE aunque se gaste en 2022 lo mismo que en 2021 y se reduzca el déficit público. Efectivamente, se congela prácticamente en términos nominales el límite de gasto no financiero para 2022 (196.142 millones de euros frente a los 196.097 millones acordados en 2021), y se prevé reducir el déficit público del conjunto de administraciones públicas hasta el 5% del PIB en 2022 desde el 8,4% de 2021.

Hace falta una reforma fiscal progresiva en profundidad para avanzar en el escudo social

La política fiscal está intentado apoyar la recuperación de la economía haciendo pleno uso de la financiación europea y tomando medidas para evitar una retirada prematura de los estímulos. No hay recortes ni devaluaciones internas y se prosigue por la vía del gasto para superar la crisis. Pero cabe preguntarse si se están aprovechando suficientemente los márgenes de maniobra cuando se congela el gasto no financiero del presupuesto y se renuncia a articular en paralelo a la tramitación de las cuentas públicas una reforma fiscal en profundidad que aumente la suficiencia y progresividad del sistema tributario. Se necesitan esos márgenes de maniobra a corto plazo si queremos avanzar en el escudo social desplegado hasta el momento para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia.

La letra pequeña de la histórica Oferta de Empleo Público

De la misma forma, la aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2021, que asciende a 30.445 plazas y se anuncia como la mayor de la serie histórica, puede acabar por ser insuficiente para rejuvenecer las plantillas y mejorar la calidad de los servicios públicos. Hay que considerar, en este sentido, que 9.509 plazas de las ofertadas son de promoción interna, que la proporción de empleo en la función pública en España es inferior todavía a la media de la OCDE, que hay una necesidad apremiante de potenciar los servicios públicos y que la edad media de las plantillas públicas es muy elevada (los sindicatos afirman que cerca del 57% del personal se jubilará en los próximos diez años). En suma, que con estos mimbres ni siquiera se recupera el empleo público perdido en la última década.

Economista IU Federal