La Fundación Lazos de Dignidad -FLD- y el Equipo Jurídico Pueblos han denunciado en un comunicado este 30 de julio ante la opinión pública la persecución política contra luchadores y luchadoras populares y juveniles que han apoyado el Paro Nacional en los departamentos del Atlántico (Barranquilla y Soledad), Santander (Bucaramanga) y Bugalagrande (Valle del Cauca).
El viernes 30 de julio, en el departamento de Santander, miembros de la SIJIN detuvieron de madrugada al líder juvenil LUIS ADOLFO FLORES CASTELAR, estudiante de la Universidad del Atlántico, quien se dirigía desde Bogotá hacia Barranquilla, y lo trasladaron a la Estación de Policía del municipio de Sabana de Torres.
En la ciudad de Barranquilla y el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, miembros de la Policía Nacional llevaron a cabo varios allanamientos y 9 capturas contra líderes sociales que han participado activamente de las jornadas del Paro Nacional, entre ellos, JONATHAN ISAAC QUINTERO, FRANK LOZANO y YESID ROMERO. Cabe resaltar que estas arbitrariedades se llevan a cabo luego de que jueces de la república ordenaran la libertad de 6 jóvenes capturados el 29 de julio tras emitir el alcalde Jaime Pumarejo un pronunciamiento público estigmatizante.
En la madrugada del 30 de julio en Bugalagrande, la Policía realizó varios allanamientos y detenciones, que afectan a más de doce personas, entre ellas, dirigentes sindicales, estudiantes y jóvenes trabajadores/as, a quienes acusan de participar en distintos actos durante el levantamiento popular iniciado el 28 de abril de este año y que aun se mantiene en varias regiones del país.
Todas estas acciones constituyen una sistemática persecución política contra la expresiones que respaldan el Paro Nacional y es una evidente criminalización a la protesta popular, que desatiende completamente las observaciones y recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; sin duda, se trata de represalias contra dirigentes sociales que, obedecen a la absurda visión del gobierno Duque y de su partido de gobierno, de considerar a los dirigentes políticos y sociales como enemigos internos de la nación.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos defensores de los Derechos Humanos a seguir vigilantes y denunciando las arbitrariedades que se adelantan por parte del Estado colombiano contra las y los que luchan por la justicia social.
RECHAZO INTERNACIONAL A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LA PROTESTA EN COLOMBIA
La Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos (CADP) ha manifestado su “rechazo a la persecución política y punitiva que está realizando el Estado colombiano contra líderes sociales, populares y juveniles que apoyan el Paro Nacional iniciado el año 2019 y que ha tenido varios ciclos de levantamiento popular, siendo el más reciente el del 28 de abril de 2021 hasta la fecha, sin que las demandas de la población hayan sido resueltas por los gobiernos nacional y locales”.
“Recibimos con preocupación la denuncia de las capturas realizadas el 30 de julio de 2021 y el proceso penal contra los líderes sociales juveniles Luis Flórez, Jean Carlos Pino, Justin James Urzola, Jonathan Quintero, Yesid Romero, José Luis Arévalo, Francisco Lozano, Luis Alberto Bueno, Carlos Ernesto Bermúdez, por hechos relacionados con las jornadas de protestas desarrolladas en marco del Paro Nacional en Colombia”, continúa el comunicado.
“Teniendo en cuenta esta grave situación y conocedores/as de las observaciones y recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con ocasión a los hallazgos de graves violaciones a los derechos humanos con relación al ejercicio del derecho a la protesta social y las jornadas del Paro Nacional en Colombia, presentamos solicitud formal a la Juez 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, dentro del proceso 080016099031201900017 seguido contra los líderes sociales, populares y juveniles arriba mencionados, para que permita nuestra participación en calidad de observadores internacionales, en la audiencia programada para el día lunes 2 de agosto a las 2:00pm.
Estaremos vigilantes de que se respeten el debido proceso y las garantías procesales a los líderes sociales, populares y juveniles detenidos por protestar.”
La Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos (CADP) está integrada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Observatorio para cierre de la Escuela de las Américas, Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Chile), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Liga Boliviana por los Derechos Humanos, Centro de Investigación y Documentación Comparte Esperanza (Perú) y la Fundación Lazos de Dignidad (Colombia).
PATRULLERO EN CALI COACCIONA A JÓVENES DEFENSORES DE DDHH EN SUS CASAS, CON AMENAZAS
El siguiente video, publicado en redes sociales el 31 de julio, documenta la actuación de un patrullero de la Policía Nacional en Cali, coaccionando y amenazando a los jóvenes que salen a las protestas como defensores de derechos humanos:
Fuente: https://www.facebook.com/100069785472241/videos/516639892895745/
USME: REPRESIÓN Y ALLANAMIENTOS
En Usme, una localidad de Bogotá que ha sufrido una represión brutal durante las protestas, se volvió a repetir una jornada de acoso policial el 28 de julio. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se llevaba así a un joven de su casa:
@TembloresOng, @GustavoBolivar, @cancinodiegoa, @CIDH, @LauraMMoficial, @petrogustavo, @Betocoralg, @, @JulianRoman, @AdrianaLucia, @Santialarconu , @susanamuhamad, @subcantante. Usme, hoy 28 de julio. ESMAD arremete con toda y se lleva a un joven detenido. RT por favor. pic.twitter.com/O4978Ee6DZ
— sandramgomezs (@sandramgomezs1) July 28, 2021
LA CIDH ORDENÓ LIBERAR A LOS DETENIDOS EN LAS PROTESTAS, PERO LA POLICÍA ANUNCIA MÁS DE 150 DETENCIONES NUEVAS
Los jóvenes que están siendo detenidos por todo el país – la semana pasada eran 7 los detenidos en Pereira, capital del departamento de Risaralda- son judicializados bajo acusaciones como «concierto para delinquir; hurto, empleo y lanzamiento de sustancias peligrosas; violencia contra servidor público; daño en bien ajeno; constreñimiento ilegal y perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial», etc.
Las llamadas Primeras Líneas se organizaron en los puntos de resistencia con escudos, cascos y gafas para proteger a los manifestantes de las cargas policiales en las que murieron decenas de personas, miles fueron heridas y 90 perdieron sus ojos. Los medios oficiales insisten en mostrarlos como terroristas, tratando de arropar la ola represiva que el gobierno de Iván Duque ha desatado contra los manifestantes.
La represión del Estado colombiano contra los jóvenes que defienden su legítimo derecho a la protesta contraviene directamente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que insta precisamente a poner en libertad a todos los manifestantes detenidos en el marco de las protestas del Paro Nacional.
La Policía Nacional informó el 25 de julio de la captura de al menos 134 integrantes de la «primera línea», en allanamientos efectuados en 18 ciudades del país. En Bogotá se reportaron 21 de esas capturas. Le siguen Cali con 20 y Soacha, Cundinamarca, con 15. También en Pasto se reportaron 10 detenciones, mientras que en Rionegro, Santander y Armenia fueron 10 y 9, respectivamente.
Pero a ese dato hay que sumarle las capturas de esta pasada semana. La ola represiva es masiva.
