I.V.A., tarifas y mercado eléctrico

El epígrafe 3.2 del Acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos establece como objetivo la “Aprobación del Plan nacional integrado de energía y clima, reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura». Al margen de cuestiones técnicas o medidas concretas, el acuerdo de gobierno tenía la clara vocación de reducir la factura eléctrica de nuestros hogares y reducir los beneficios del Oligopolio Eléctrico. Ese es el objetivo ineludible del Gobierno y la puesta en marcha de las distintas medidas deben garantizarlo.

El 1 de junio entraba en vigor un nuevo sistema de tarifa eléctrica en España, apenas un mes después la factura de la electricidad de los hogares ha sido la sexta más cara de la historia, a pesar de la reducción del I.V.A. in extremis que el Gobierno ha aprobado en previsión de un encarecimiento de la factura eléctrica.

Podría interpretarse erróneamente que la subida de la factura eléctrica es consecuencia directa del cambio tarifario, sin embargo, la interpretación más adecuada es considerar que el oligopolio eléctrico ha aprovechado la coyuntura para incrementar sus ingresos a costa de la ya precaria situación económica de la mayoría de los trabajadores.

Aunque se haya producido como consecuencia de la elevación del precio de la electricidad en el mercado mayorista, reducir el IVA al 10% es positivo desde el punto de vista cualitativo, es el reconocimiento de que la energía no es un bien de lujo y es un bien de primera necesidad. Algo innegable en la actualidad. Desde el punto de vista cuantitativo su incidencia puede ser nula al medio plazo pues el oligopolio puede alterar los precios para que ese 11% que deja de ingresar el Estado lo ingresen las eléctricas por la vía del precio del Kwh.

Reducir el coste de la potencia contratada frente al coste de la energía consumida puede tener un efecto positivo en el impacto de la adopción de medidas cuyo objetivo sea el ahorro energético. Cuanto menor sea el importe fijo de la factura eléctrica, mayores serán las posibilidades de reducir nuestras facturas por la adopción de medidas que ahorren consumo energético, si bien, este ahorro sólo es aplicable en el caso de que exista despilfarro energético.

La puesta en marcha de un sistema de tarifas por tramos horarios tampoco tiene una incidencia positiva ni negativa a priori. Incentivar la reducción de la diferencia de producción/consumo entre las horas pico y las horas valle, puede permitir desde el punto de vista técnico una simplificación de la gestión de la red y posiblemente una reducción de costes en general. Sin embargo, por más pedagogía que quiera emplearse, la derivación del consumo energético desde las horas punta a las horas valle está limitada a aquellos usos cuyo horario no está condicionado por la meteorología, los horarios laborales u horarios escolares. Así, el 43,23% de nuestro consumo está vinculado a la climatización, el 8,2% al frigorífico o el 5,1% a la iluminación.

Libre mercado, libre especulación

No es el cambio de hábitos lo que va a producir una reducción o un aumento de nuestras tarifas eléctricas, sino la diferencia de precio entre las horas punta, las llanas y las valle, y estos precios siguen estando determinados por un Mercado Eléctrico sobre el que .

Y he aquí el quid de la cuestión, sin intervención directa en el Mercado Eléctrico y en el precio de la electricidad, cualquier medida que ponga en marcha el Gobierno puede ser amortiguada por el Oligopolio Eléctrico, cuyo objetivo es antagónico al marcado por el Acuerdo de Gobierno.

Aunque desactualizado, en 2008, la Comisión Nacional de la Energía establecía que los ingresos de la generación de electricidad eran entre un 21% y un 58% superiores a los costes de producción, dependiendo del tipo de tecnología. La tecnología con mayor margen de beneficio era la hidroeléctrica, que “curiosamente” ha fijado el precio de la electricidad en el 58% de las horas del mes de junio. La propia CNE planteaba en su informe de 2008 que dichos márgenes eran probablemente mayores, ya que cuestionaba el coste de generación eléctrica establecido por el Oligopolio Eléctrico. La explotación de la hidráulica Pueyo de Jaca tras su reversión a lo público mostró que la CNE no andaba desencaminada en su tesis.

Urge la puesta en marcha de una Auditoría de costes de generación pública que determine los márgenes reales entre ingresos y gastos del Oligopolio Eléctrico. La limitación de estos márgenes es fundamental para acabar con un Mercado Eléctrico altamente especulativo. Sólo a partir de esta intervención será posible que las medidas acordadas en el Acuerdo de Gobierno cumplan su objetivo fundamental, reducir el importe de la factura eléctrica.