La bajada de las ratios, allí donde se ha producido, ha supuesto un factor de calidad educativa: ha promovido una mejora de resultados en aquellos grupos que unían presencialidad y descenso de la ratio. Ha mejorado el ambiente del aula y la convivencia en los centros, ha permitido la atención más personalizada al alumnado y a las familias. El alumnado que asistía a las clases presenciales con menos ratio ha valorado muy positivamente su ambiente de aprendizaje y los equipos directivos han podido gestionar mejor los centros y la implementación adecuada de las medidas y protocolos COVID.

Como se puede deducir fácilmente, el descenso de la ratio es la pieza clave para el aumento de la calidad educativa, y sin embargo, el Ministerio de Educación está lanzando mensajes contradictorios al anunciar 13.500 millones de euros en educación, pero firmar en la práctica el aumento de la ratio en la educación.

En la comparecencia de la ministra Pilar Alegría realizada el 25 de agosto, bajo los eufemismos de “flexibilizar distancias” y “recomendar ratios bajas” se posibilita la vuelta a las ratios previas al 2020-21, así como el despido de miles de trabajadores de la enseñanza entre personal docente y no docente.

En este contexto las autonomías con gobiernos de derechas están claramente apostando por los recortes y privatizaciones en la educación pública, introduciendo vías de financiación pública para las empresas de educación privadas, tanto en el ámbito de la concertada, en las enseñanzas no obligatorias, la formación del profesorado y la digitalización educativa.

Por ello, y teniendo en cuenta la evolución de la pandemia entre la población infantil, de cara al próximo curso académico es necesario garantizar la seguridad y la calidad en las aulas fijando la distancia interpersonal de 1,5 metros, (y no disminuirla a 1,2 para subir las ratios), manteniendo el resto de medidas: organizativas, mascarillas, reforzar la limpieza y en ventilación tener en cuenta las bajas temperaturas y por tanto buscar sistemas de ventilación y confort térmico en las aulas. Las ratios durante la pandemia deberían estar entre 15-20 personas por aula, pero que en cualquier caso no se deben superar para el próximo curso las ratios que se establecían en secundaria (23), primaria (20) y se deben disminuir en 4º de ESO, infantil, Bachillerato y Ciclos.

Se deben facilitar los medios a los centros educativos de manera que no se produzcan desigualdades entre centros y entre las Comunidades Autónomas. Debe velarse porque dichas medidas no se lleven a cabo en detrimento de los derechos laborales y la salud del profesorado y el personal no docente de los centros educativos.

La pandemia ha desvelado cómo una menor ratio conlleva una mayor calidad educativa y ha puesto en valor la importancia de la educación pública y los servicios públicos para garantizar el derecho a la educación y a la salud. El gobierno de coalición no puede perder la oportunidad para revertir las políticas neoliberales y los recortes en la pública, dando un impulso de calidad y equidad a la educación. Por ello, son prioritarias:

• La enseñanza presencial, con las medidas y recursos que garanticen la enseñanza segura y las ratios reducidas. En ese sentido es importante disminuir en la ley el límite máximo.

• El incremento de la partida del actual presupuesto del plan integral de apoyo y refuerzo educativo, que incluya medidas de inclusión educativa.

• El impulso para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en el seno de la escuela pública, derecho de asociación, participación, derecho de expresión y dejar sin efecto el veto parental.

• Inversión en las plataformas digitales públicas de las diferentes CCAA, teniendo en cuenta el desarrollo de la red pública y la brecha educativa y digital.

La propuesta del Ministerio y las instrucciones de comienzo de curso de la mayoría de las Comunidades Autónomas han sido la gota que ha colmado el vaso para miles de profesionales y familias que esperan que se atiendan las demandas de la Marea Verde. Así lo hacen llegar las organizaciones sindicales, las plataformas, las organizaciones estudiantiles, las asociaciones de madres y padres de alumnos que exigen la garantía de un curso seguro y la defensa de la educación pública en todos los niveles y enseñanzas.

Secretaría de Educación CC PCE