La Operación Abu Dabi estaba clara desde un principio: alejar de España al investigado y apestado Juan Carlos de Borbón para que las escandalosas noticias sobre sus supuestas mordidas afectaran lo menos posible al reinado de su hijo Felipe VI. Se trataba de que los españolitos se olvidaran de él, establecer un cortafuegos entre el rey corrupto -con ocultas conductas turbias- y el nuevo rey, limpio de polvo y paja. Se trataba de proteger en primer lugar a Felipe VI y a la Casa Real de las feísimas noticias que durante meses iban a perjudicar la imagen pública de la institución y a causarle mucho daño. Porque el pueblo español se iba a enfadar mucho. Y es que a nada le tiene más miedo la oligarquía de este país -por el que no pasó la Revolución Francesa- que a la República. Ya Suárez en la primera transición impidió un referéndum. Por eso hay que reclamarlo y por eso el CIS sigue sin preguntar por la imagen de la monarquía.

La Operación Abu Dabi iba ligada en el fondo a la ficción de una investigación judicial en España por gravísimos delitos, como para dar la imagen de que en este país la justicia es igual para todos. Se ha anunciado por parte de varios medios que la Fiscalía podría acabar archivando las investigaciones para que el emérito se vaya de rositas.

Se pretendía alejarle solo el tiempo suficiente para que los españoles fueran aplacando su indignación, para poder marear la perdiz y archivar la causa sin denunciar ante los tribunales al investigado, manteniendo sus delitos -si existieran- en la impunidad.

Va a ser muy difícil que el pueblo español no se sienta engañado y víctima de una burla porque lo que esperaba es que «la justicia se aplique por igual para todos».

Lavandería de Estado

Sin la investigación de la Fiscalía suiza y sin una investigación de dos años de la Fiscalía Anticorrupción es muy posible que la Fiscalía del Tribunal Supremo ni siquiera hubiera iniciado unas pesquisas por blanqueo de capitales, fraude fiscal y comisiones ilegales de cien millones de dólares pagadas por la dictadura teocrática de Arabia Saudí a constructoras españolas en el caso del AVE a la Meca. Se pretende al parecer reconocer los delitos de comisiones ilegales pero decir que prescribieron pues se cometieron mientras era rey. Se pretende al parecer reconocer que los cien millones de dólares se ocultaron en paraísos fiscales para no pagar impuestos pero que después se produjeron dos regularizaciones voluntarias a Hacienda, una de 600.000 euros y otra de 4,5 millones, y con eso evitar el banquillo.

Será muy difícil de entender que la Fiscalía española busque el cierre de la causa y que tras un año de pesquisas, y vistos los indicios, no haya optado por colaborar estrechamente con la Fiscalía suiza para esclarecer posibles delitos investigables en ambos países.

El poder judicial, la derecha y el PSOE protegen al rey

Salvar al borbón Juan Carlos es una operación en dos fases: alejarlo lo más posible de este país y de los medios durante un tiempo y preparar su regreso con garantías de impunidad tras una aparente investigación. El conservador poder judicial volverá así a ser un garante firme del régimen del 78 para evitar derivas republicanas. La investigación, que podría haber avanzado en sede parlamentaria, ha sido también reiteradamente impedida con los votos del PSOE, el PP y VOX cada vez que Unidas Podemos, junto a otros grupos parlamentarios, ha propuesto la creación de una Comisión de Investigación.

Es cierto que el acuerdo de gobierno entre UP y PSOE en los tiempos que corren era imprescindible para frenar a una ultraderecha fascista y para impulsar políticas públicas al servicio de la mayoría social y de la clase trabajadora. Yo soy un firme convencido. Pero también es cierto, y muy lamentable, que el PSOE, contra la modernidad, está demostrando ser un pilar fundamental en la estrategia de supervivencia de la monarquía en sus peores momentos y así lo reconocen en Izquierda Socialista y en las propias Juventudes del PSOE.

Siempre dijeron que no eran monárquicos sino juancarlistas y ahora que Juan Carlos se ha convertido por sus propios actos en un impresentable ni reconocen el error histórico ni quieren decir que son felipistas pero defienden de facto el trono de Felipe VI y el régimen del 78 con audacia y discreción.

La inmunidad se paga con el descrédito de las instituciones

La crisis de régimen todavía no está cerrada pero algunos pretenden que la corrupción monárquica apenas pague facturas y otros creemos que en las instituciones no vale todo. Ni la corrupción ni la mentira de una monarquía que se había fabricado una falsa imagen de campechana y honrada, ni la impunidad de los delitos de un Jefe del Estado.

A nuestro juicio, y creemos que el del común de los mortales, si la investigación en este caso de más que evidente corrupción al final queda archivada y en la impunidad gracias al poder judicial español, se estará jugando la credibilidad de la monarquía y de un régimen en crisis muy erosionado ya en su legitimidad y en la de sus instituciones.

La República se convierte en una necesidad más urgente para el cambio político verdaderamente democrático.

Si hubo delitos claros que se cometieron durante su mandato, cuando era Jefe del Estado y estaba protegido por la inmunidad que le da una Constitución ya obsoleta, habrá que reformar la Constitución como ha reclamado Unidas Podemos porque no puede ser la inmunidad una coartada y la protección legal para cometer delitos. Inmunidad equivale en la práctica a impunidad, a derecho para delinquir, a decir que en este país todos los ciudadanos estamos sometidos al Estado de Derecho menos el rey.

De confirmarse próximamente la noticia de la impunidad del borbón Juan Carlos, contribuirá también al descrédito de una institución profundamente reaccionaria, el poder judicial, que no actúa aplicando una justicia imparcial por igual para todos los ciudadanos sin excepciones de privilegio. La justicia en este país, confabulada contra la izquierda, sigue tratando a los poderosos con suavidad y a los humildes con la peor de las durezas.

Un país verdaderamente democrático no puede garantizarle la impunidad ante los tribunales de justicia a nadie, más aun si se ve envuelto en casos de corrupción. Para cualquier demócrata, la inmunidad jurídica es un privilegio intolerable y tan antidemocrático como la propia institución monárquica y no tiene ningún sentido mantenerla en una democracia contemporánea en pleno siglo XXI. Urge por tanto la supresión del artículo 56.3 de la Constitución por anacrónico y antidemocrático.

La construcción de un rey que vivió por encima de sus posibilidades

Nada en la historia y trayectoria de Juan Carlos ha sido auténtico. Se crió a la sombra de Franco y juró los Principios Fundamentales del Movimiento. Su corona fue continuidad de la dictadura, violando la norma monárquica que obligaba a que su padre fuera el rey. Suárez impidió el referéndum al que tenía derecho el pueblo español e impuso en la Constitución la corona vinculada a la democracia para impedir la República. Hoy hay varios libros que muestran y demuestran que Juan Carlos no nos salvó del 23 F, más bien lo organizó y después lo desactivó.

Y sobre el origen de su oscura fortuna, valorada por la revista Forbes y The New York Times entre 1.800 y 2.300 millones de euros, lo que ya sabemos, pero que es solo la punta del iceberg, es que su origen no parece haber sido muy limpio. La periodista Rebeca Quintans ha publicado un libro muy valioso, Juan Carlos I, la biografía sin silencios, que deja muy clara la vinculación entre su fortuna y la corrupción y que no ha recibido ni argumentos en contra ni querellas aunque dice que su fortuna procede de donaciones saudíes desde 1973, comisiones ilegales sin fin y hasta de beneficios en la venta de armas.

Y es que 1.800 millones no salen de los Presupuestos Generales del Estado. En este país todo el mundo mínimamente informado sabe ya que Juan Carlos de Borbón sufre la fiebre del oro y lleva décadas acumulando maletines procedentes de empresarios, banqueros, millonarios árabes y multinacionales españolas. No lo cuenta solo Corinna. En el libro recientemente publicado Manglano, el jefe de los espías, de Juan Fernández Miranda y Javier Chicote, que tuvieron acceso en exclusiva a doscientos kilos de documentos secretos del archivo del que fuera jefe del CESID entre 1981 y 1995, se revelan nuevos y suculentos datos sobre el origen de la fortuna del campechano. El libro sobre Manglano es más que recomendable. El de Rebeca Quintans imprescindible.

Cada vez está más claro que el poder judicial español necesita una urgente reforma y que el sistema político de la inacabable transición hace aguas y necesita un proyecto histórico superador al servicio de los derechos humanos de todos los ciudadanos y de todos los pueblos y territorios que componen España. Donde quepamos todos pero no quepan ni la monarquía ni la corrupción ni una impunidad vergonzante para privilegiados. La República Federal, Laica y Solidaria es cada vez más urgente y los republicanos debemos reclamarla y luchar por ella. La lucha por el horizonte republicano, para los que somos de IU, es además un mandato de la XII Asamblea Federal.

Secretario General de Izquierda Republicana