Seguimos asistiendo, en cuanto a memoria democrática se refiere, a situaciones incomprensibles e inequívocamente opuestas y antitéticas que, a nuestro entender, deberían ser, de una vez por todas, atajadas y eliminadas de raíz, pues se suceden reiterativamente y parece no darle importancia a esta ya más que alarmante continuidad en el tiempo.
Creemos que no es de sentido común para ninguna mente pensante, como otro ejemplo más de los que se van saliendo a la luz, que mientras la administración pública aragonesa declara bien de interés cultural y lugar de memoria democrática la tapia del cementerio de Torrero, la que sirviera de paredón de las ejecuciones sumarísimas del franquismo en Zaragona, el nombre del poeta Marcos Ana aparezca injuriado y vandalizado por pintadas de simbología nazi en la fachada de la sala con que se le homenajea en el Centro Cultural Federico García Lorca en la localidad de Rivas-Vaciamadrid. Evidentemente es rechazable pero ni comprensible ni aceptable que se repitan con impunidad y sin investigación estas situaciones que violentan cualquier convivencia normalizada.
Somos más que conscientes de la pervivencia de comportamientos y actitudes derivados directamente del franquismo, manifestados, ya vemos, sin complejos e incluso más allá de partidos políticos ya conocidos y con representación parlamentaria. Son piezas necesarias del instrumento que obstaculiza permanentemente el mantenimiento, el avance y la implementación de la memoria democrática en el conjunto de la sociedad, tenga cada cual el pensamiento que tenga; brazo ejecutor que rehuye y frena la conformación de un relato común sobre nuestro pasado reciente y en base a valores democráticos asumidos.
Siguiendo el argumentario tantas veces esgrimido por la ONU para el caso español, no hay democracia sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin garantías de no repetición. Así de taxativo, así de contundente es, y porque así lo entendemos y creemos nosotros, consideramos urgente, sin dilación, la aprobación de la nueva ley de Memoria Democrática cuyo borrador entró en el Congreso el pasado agosto. No es la solución magistral definitiva, pero nos dota de una normativa que puede ayudar, proteger y desarrollar nuestra memoria común y la memoria de las víctimas y la de sus familiares, porque de materia de Derechos Humanos también hablamos y de manera muy significativa.
En este sentido, y volviendo a la ONU, su Comité de Desapariciones Forzadas emitió un informe el pasado 27 de septiembre alentando al gobierno sobre una serie de consideraciones para que el nuevo texto de ley, resultante del definitivo debate parlamentario, sea acorde con lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas, remitiéndose a todas aquellas recomendaciones realizadas en los últimos años -fundamentalmente desde las de 2016 hasta la fecha- y no adoptadas hasta ahora que propician, a su entender, la superación de los obstáculos jurídicos de orden interno que les impidiera el no poder incluirlas en el cuerpo del nuevo texto.
No queremos dejar pasar, antes de concluir esta columna, un hecho más bien insólito -al menos con lo que estamos acostumbrados a conocer- y que sucedió en la ciudad de Málaga, concretamente en la iglesia del Carmen, donde se encontraban depositados desde 1971 los restos de Joaquín García-Morato, célebre aviador del ejército franquista que intervino en el frente de Andalucía, en la batalla del Jarama y fue miembro de la escuadrilla de cazas italianos, entre otros méritos y hazañas curriculares, fallecido en abril de 1939 durante una exhibición aérea en la localidad madrileña de Griñón. Sus descendientes -al parecer por iniciativa propia aunque una solicitud de traslado ya había sido planteada ante el Ayuntamiento por entidades de memoria-, exhumaron los restos del militar para una nueva inhumación en lugar privado y sin mayores alharacas que las que se permite en un círculo estricto familiar. Recordar que García-Morato fue reconocido como conde del Jarama por el general Franco -quién si no él podía hacer tal cosa- desde 1950; eso sí, a título póstumo.
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