El gobierno afronta cambios decisivos

Han pasado dos años desde que el 30 de diciembre de 2019 Pablo Iglesias y Pedro Sánchez firmaran el acuerdo de legislatura. La sensación que me invade al escribir estas líneas es la de haber transcurrido un tiempo mucho mayor. La intensidad del debate político y el terremoto de la pandemia marcan un periodo convulso de decisiones sin precedentes ante la emergencia sanitaria y de polarización a todos los niveles. El balance de lo realizado está mediatizado por las políticas excepcionales que se han tenido que desarrollar en un escenario no previsto, aunque, si analizamos el grado de ejecución de los once ejes del programa suscrito entre Unidas Podemos y el PSOE, podemos concluir que han variado las prioridades y los énfasis pero que el trasfondo del cambio de rumbo, de la nueva política a desarrollar, permanece inalterable.

El planteamiento de una política económica orientada a potenciar el crecimiento sostenible y la generación de empleo, con medidas eficaces que redujeran la desigualdad y combatieran la precariedad del mercado laboral, ha tenido que afrontar la prueba de un parón de la actividad productiva sin precedentes. Lo que se ha denominado el “escudo social” y los expedientes de regulación temporal de empleo han permitido combatir el impacto más negativo de la crisis y recuperar con suma rapidez el nivel de ocupación anterior a la misma. La comparación con la respuesta gubernamental a la debacle económica iniciada en 2007/2008 no resiste la demagogia de las derechas ni el retraimiento de los escépticos. El esfuerzo público por ofrecer respuestas a las necesidades sociales por encima de los intereses privados constituye un precedente que se debe convertir en un patrimonio político de la izquierda. Aunque, por supuesto, ha habido carencias notorias y las medidas adoptadas, de carácter paliativo en gran medida, no suponen un cambio de rumbo definitivo, con una ruptura clara del modelo impuesto por el bipartidismo y el consenso neoliberal.

Recuperar derechos laborales y sociales

Cada una de las actuaciones aprobadas ha sido objeto de debates e impugnaciones. Sólo el impulso político desde Unidas Podemos ha permitido superar los obstáculos y señalar la perspectiva de una ruptura con la deriva de los últimos decenios. En este sentido no es circunstancial el protagonismo alcanzado por la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, con decisiones como el veto a la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad. El impulso al diálogo social tiene su reto más inminente en su empeño por sacar adelante una reforma laboral que recupere los derechos perdidos por la clase trabajadora. La reacción recelosa de los socios de gobierno y la espantada de la patronal son señales de la relevancia de una apuesta que supondrá un punto de inflexión en la sucesión de retrocesos a los que hemos asistido desde la transición a la democracia. La subida del Salario Mínimo Interprofesional y la lucha contra el fraude laboral, como por ejemplo la escandalosa situación de los falsos autónomos en el sector del reparto a domicilio, son pasos concretos que legitiman la acción de gobierno y tendrán un impacto duradero.

No menos importantes han sido las grandes apuestas en las políticas públicas en los sectores claves que garantizan derechos básicos. En el ámbito educativo se ha procedido a la derogación de la LOMCE, con una nueva ley que blinda lo público como eje vertebrador del sistema y que ha enfrentado una oposición visceral de las derechas y las empresas privadas. Como cualquier medida adoptada, la nueva regulación no satisface todas las aspiraciones de las organizaciones sociales ni recoge la totalidad de las propuestas de UP, ya que la correlación de fuerzas impone su lógica de forma implacable. En todo caso, esta constatación, lejos de suponer una justificación conformista con lo que hay, es un acicate para consolidar el proyecto propio y reivindicar la importancia de la movilización social que, en coordinación con la acción institucional, produce resultados palpables.

En el sector de la salud la propia emergencia sanitaria ha reforzado el compromiso del incremento presupuestario previsto en el acuerdo de legislatura. Unidas Podemos ha presentado una proposición de ley de salud mental clave para cubrir una de las principales carencias del sistema, agravada por la consecuencias de la pandemia. El aumento de recursos no ha impedido que las comunidades autónomas gobernadas por la derecha hayan aprovechado la oportunidad para profundizar su ofensiva contra la gestión pública y, en especial, la atención primaria. En el grupo parlamentario se ha recibido en estas semanas a una delegación de la comarca sevillana de La Vega, que ha desarrollado una movilización ejemplar contra el desmantelamiento planificado desde el gobierno andaluz. En este contexto llama la atención la propuesta que desde un ministerio dirigido por el PSOE se plantea al compromiso del pacto de legislatura de revisar la ley 15/1997, que, en vez de cerrar la puerta a las privatizaciones, consolidaría lo existente. Esta es una contradicción más que se está afrontando desde la fortaleza del proyecto político y la movilización social.

Comprometidos con la igualdad

El Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero se ha convertido en un referente en la defensa de la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres con la lucha contra la violencia machista y la defensa de la igualdad retributiva. Quedará como una conquista indiscutible el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, así como el conjunto de medidas para combatir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Las acciones incluidas en el pacto de estado contra la violencia de género, como la asunción de los contenidos del Convenio de Estambul, forman parte ya de las políticas públicas en todos los ámbitos a pesar de los ridículos ataques de la extrema derecha.

Otro aspecto relevante en esta primera mitad de la legislatura ha sido la garantía de unas pensiones dignas a través de la suficiencia y revalorización del sistema público de pensiones, que se ha concretado en la eliminación del factor de sostenibilidad a pesar de las declaraciones desafortunadas del ministro José Luis Escrivá. El debate sobre el futuro de la pensiones ha sido junto a la política de vivienda el reflejo de las opciones estratégicas de la futura acción de gobierno, lo que ha condicionado en gran medida la estabilidad del mismo. La ley que se está tramitando en este momento debe garantizar el derecho a acceder a una vivienda digna, tal y como se recoge en el acuerdo de legislatura. Este derecho se ha puesto en cuestión en la práctica en los últimos años, especialmente a raíz de la crisis. La paralización de los desahucios ha sido una medida necesaria pero con un marcado carácter temporal. El incremento paulatino de los precios de alquiler, singularmente en determinadas zonas del país, pone de manifiesto la necesidad de abordar medidas que permitan el acceso a una vivienda digna.

La agenda de libertades se encuentra en un momento crucial. Se han adoptado nuevas leyes para garantizar nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, a la salvaguarda de la diversidad y otras que derogan medidas represivas como el artículo 315.3 del Código Penal que criminalizaba el ejercicio de la huelga. En este momento se está debatiendo una nueva ley de memoria democrática y la de seguridad ciudadana que sustituirá a la “Ley mordaza» para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Para la población emigrante, con más retraso del que hubiéramos deseado, está en curso la eliminación del voto rogado en las elecciones. Asimismo, la futura ley de memoria reconocerá la nacionalidad española a las personas descendientes de progenitores españoles nacidos en el extranjero, en especial los casos de quienes perdieron la nacionalidad en el exilio causado por la guerra civil y la dictadura.

Cumplir los retos marcados dependerá de la fuerza que sumemos

Este breve repaso de las principales actuaciones del gobierno evidencia la relevancia de la decisión adoptada de asumir el compromiso de su participación hace dos años. Desde un primer momento se exteriorizó la dificultad de un proceso de este tipo. Queda mucho por cumplir de lo acordado en diciembre de 2019. Dependerá de la fuerza de la organización social que está en la base del proyecto de Unidas Podemos y del frente amplio constituyente en el que estamos empeñados. A pesar de los obstáculos y de algunos sinsabores no es difícil imaginar qué hubiera supuesto la renuncia a participar en el gobierno ante la ofensiva de las derechas y la polarización que se ha producido. El gobierno debe afrontar en los dos años que restan de legislatura cambios decisivos, algunos de los cuales los he señalado en este artículo. Que en paralelo esté ahora mismo en agenda la posibilidad de ampliación del espacio político demuestra la potencialidad de esta apuesta. La creación de este sujeto político no caerá del cielo, dependerá del cumplimiento de los objetivos marcados, de la acumulación de fuerzas sociales y de una lucha política que requiere unidad, firmeza y ambición para afrontar los cambios que defendemos.