El pasado 22 de noviembre CCOO convocó una concentración ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por la situación en el sector y la necesidad de impulsar políticas públicas. Estuvo presente una delegación del grupo parlamentario de Unidas Podemos (Roser Maestro y Miguel Bustamante). A raíz de la movilización, la ministra se comprometió a convocar la Mesa de la Automoción. En su intervención, la secretaria general de CCOO en Industria, Garbiñe Espejo, saludo el acuerdo y anunció futuras acciones si no se adoptaban medidas eficaces.
En la concentración se visibilizaron las demandas de los trabajadores de Pilkington, una empresa de componentes del automóvil ubicada en Sagunto (Valencia), que enfrentan la amenaza de un proceso de deslocalización. También se denunció la situación de Mahle, que amenaza con el cierre de su planta en Vilanova (Barcelona) con 400 empleados. Días más tarde, el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha mantenido una reunión con representantes del comité de empresa de Renault en sus centros de Palencia, Valladolid y Sevilla para conocer las dificultades que afrontan. A raíz de toda esta problemática, el 1 de diciembre se han acordado en la comisión de Industria del Congreso de los Diputados dos proposiciones no de ley para orientar las políticas públicas en este ámbito.
Fondos europeos para impulsar la transformación estructural
La crisis sanitaria derivada de la pandemia y su impacto económico han puesto de manifiesto la necesidad de impulsar un cambio del modelo productivo español. Aunque a veces se utiliza esta referencia como un significante vacío, más retórico que otra cosa, la realidad impone tomárselo en serio e impulsar cambios reales. La vuelta a la normalidad no debe concebirse como volver a lo de antes, un modelo productivo de bajo valor añadido con la construcción y el turismo como elementos centrales de la economía. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que proporcionará a España hasta 140.000 millones en transferencias y créditos para el período 2021-2026, servirá para canalizar los fondos europeos e impulsar este proceso de transformación estructural.
Nuestra industria es muy dependiente de grandes empresas multinacionales de capital extranjero. Sus filiales operan en España y alrededor de ellas se establecen un nutrido grupo de pequeñas y medianas empresas auxiliares que se insertan en las cadenas globales de producción, junto a las multinacionales españolas exportadoras de capital, en una posición subalterna. Un ejemplo claro es la industria del automóvil donde las plantas localizadas en España son filiales de grupos empresariales extranjeros. Por tanto, el cambio de modelo productivo debe abordar las siguientes preguntas: ¿Quiénes lo van a llevar a cabo? ¿Qué agentes van disponer de las palancas de toma de decisión y de los recursos para ello? ¿Dónde se van situar los centros de poder y decisión en las cadenas globales de producción en las que se inserta el tejido industrial localizado en España?
Ya en 1916, en su obra “Imperialismo, fase superior del capitalismo”, Lenin anticipaba una situación similar a la que se está viviendo en este momento, cuando señaló que se estaba avanzando hacia un capitalismo de grandes monopolios que controlarían cadenas completas de producción. Definía esta fase como la más reaccionaria y antidemocrática del capitalismo, ya que la toma de decisiones en el ámbito de la economía elude por completo la esfera pública y el interés general.
El comportamiento de las grandes empresas responde a sus propios intereses, a la búsqueda del mayor beneficio en el menor tiempo posible. Es evidente que este comportamiento entra en contradicción con los cuatro ejes diseñados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: la transformación digital, la transición ecológica, la cohesión social y territorial, y la igualdad de género. Aquí es donde el estado, como garante del interés general, debido a su visión de conjunto y su capacidad de planificación estratégica, debe pasar a ser un actor de primer orden para diseñar y poner en marcha una estrategia coordinada que promueva un cambio en el modelo productivo. Para ello dispone de herramientas de política económica que permiten orientar la actuación del sector privado hacia determinados objetivos diseñados desde las instituciones públicas en aras del interés general.
Se extienden los conflictos laborales
Uno de estos objetivos del citado plan es el de fomentar una mayor cohesión social. Cohesión que se ha visto gravemente erosionada como consecuencia de la expansión de la desigualdad económica y la brecha social exacerbada tras la crisis financiera iniciada en 2008. La aplicación de políticas neoliberales de recortes en los servicios públicos y devaluación de los salarios de los trabajadores como consecuencia de las reformas laborales de 2010 y fundamentalmente de 2012, ha contribuido a la precarización del empleo y al desequilibrio en favor de la patronal en la negociación colectiva. El salario medio de 2019, antes de la pandemia, tenía un poder de compra de un 6,2% inferior al de 2008.
El número de convenios negociados y registrados, tanto a nivel de empresas como de ámbito superior, se ha reducido sustancialmente. Tendencia que se ha agravado con la pandemia, con lo que se está postergando la actualización de las condiciones laborales en multitud de empresas y sectores. Un ejemplo palmario lo hemos tenido con la huelga del metal en Cádiz. Más de dos años se ha prolongado el conflicto laboral en Novaltia, en el País Vasco, con salarios por debajo de los 1.000 euros y una dirección que se niega a negociar un nuevo convenio de empresa, caducado desde 2017. En el caso de Zardoya Otis, a quienes acompañamos en una reciente movilización que concluyó en el Congreso de los Diputados, también en huelga en todo el estado debido al deterioro de las condiciones laborales, el convenio lleva negociandose desde 2020. A todo ello, se suman conflictos industriales en otras muchas empresas y territorios de nuestro país: Alu Ibérica y Vesuvius en Asturias, en Tubacex en Álava, Alcoa y Vestas en Galicia, o la huelga en Inditex en Zaragoza.
Crisis de los semiconductores
La otra iniciativa debatida y aprobada en la Comisión de Industria tiene que ver con la coyuntura actual. Estamos viviendo la interrupción en las cadenas globales de suministro de semiconductores, lo que está afectando especialmente a la industria de la automoción.
Tras el parón de la actividad económica se ha disparado la demanda de productos tecnológicos, incrementando la necesidad de semiconductores. Existen factores coyunturales que tienen que ver con la falta de coordinación entre una fuerte reactivación de la demanda industrial tras la pandemia y una oferta productiva que no está pudiendo satisfacerla con garantías. Sin embargo, más allá de elementos de tipo coyuntural, la producción de microchips tiene una fuerte concentración geográfica y empresarial, lo que supone un problema estructural en una industria estratégica. Los semiconductores son un elemento pequeño y complejo técnicamente que requiere un elevado grado de especialización. En este sentido hay dos grandes multinacionales especializadas en la producción del ciclo completo, la estadunidense Intel y la surcoreana Samsung. Además de la concentración empresarial, la producción también se encuentra con una elevada concentración geográfica, fundamentalmente en Taiwán y Corea del Sur.
Tratándose, por tanto, de una industria estratégica fundamental para componentes informáticos y el desarrollo de los nuevos modelos de coches, las grandes potencias económicas están desarrollando planes para garantizar el acceso a la misma. Actualmente, EEUU mantiene aún el dominio de la cadena de producción. No obstante, ha llegado a acuerdos para que los dos principales fabricantes de chips a nivel mundial instalen fábricas en territorio estadounidense con el objetivo de incrementar la producción en el territorio. China, principal fabricante mundial de productos electrónicos apenas logra producir una mínima parte de los semiconductores que necesita, lo que le obliga a realizar importantes inversiones para poder importar. Para cubrir estas carencias se ha marcado como objetivo alcanzar la producción del 70% de los semiconductores para 2025 en el marco de la planificación de la economía propia de los países con un modo de producción socialista.
Europa se encuentra en una posición de vulnerabilidad, afectando fundamentalmente al sector del automóvil que ha sufrido una paralización como consecuencia de la falta de este componente. En este contexto, los países europeos deben desarrollar una industria propia que permita diversificar la producción y garantizar el acceso a los semiconductores por parte de la industria.
España, junto con otros diecisiete estados miembros de la UE, firmó en diciembre de 2020 la declaración: «Una iniciativa europea sobre procesadores y tecnologías de semiconductores». En ella se recogía el compromiso de trabajar de forma conjunta para invertir en tecnologías de semiconductores en toda la cadena de valor. En ese sentido, tratándose de una industria tan compleja, que requiere elevados niveles de inversión y una actualización tecnológica constante, parece lógico la búsqueda de alianzas que impulsen este proyecto, jugando un papel fundamental desde lo público en la búsqueda de inversores de capital con alto valor tecnológico, en la toma de decisiones y la planificación de un sector estratégico. El objetivo es claro: ganar soberanía y avanzar hacia un proceso de reindustrialización con el diseño de estándares laborales y medioambientales. También es fundamental reducir la brecha tecnológica española y que es común a nivel europeo respecto a EEUU, China y otros países más avanzados, mediante la planificación y la inversión en planes específicos de I+D. Como vemos, el cambio de modelo productivo cada vez tiene un sentido más preciso y relevante, con decisiones políticas que dependerán de la movilización social y de la fuerza de Unidas Podemos en el gobierno.
(*) Diputado de Unidas Podemos por Sevilla y coordinador de Izquierda Unida en el grupo parlamentario de UP respectivamente.
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NUEVA LEY DE INDUSTRIA EN ESTA LEGISLATURA
La iniciativa presentada por Unidas Podemos en la Comisión de Industria defiende una distribución equitativa de la renta, para que se convierta en uno de los pilares fundamentales en la promoción del cambio de modelo productivo y la transición socialmente justa. El gobierno debe aprovechar la coyuntura actual para llevar a cabo las reformas y las inversiones necesarias. Para ello dispone de los fondos y programas de apoyo financiero a la inversión industrial productiva, y de herramientas legislativas con las que poder realizar reformas estructurales vinculadas a la regulación del mercado de trabajo o al diseño de una nueva Ley de Industria, uno de los objetivos del gobierno en esta legislatura.
La proposición aprobada insta a introducir mecanismos de condicionalidad en los instrumentos de apoyo financiero asociados a los fondos europeos para fomentar el desarrollo de proyectos industriales viables a medio y largo plazo que contribuyan no solo a la creación de empleo (combatiendo además las deslocalizaciones), sino también a garantizar un marco de buenas condiciones laborales, incluyendo en las actividades auxiliares. Asimismo, se establece un mandato para revisar la regulación del mercado de trabajo español e introducir reformas que potencien la negociación colectiva y fomenten una mejora de las condiciones laborales. Por último, se remite a la próxima Ley de Industria para introducir instrumentos y programas de promoción que fomenten la cohesión económica, social y territorial en España.
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