El pasado mes de septiembre, en uno de los actos estrella de la Fiesta del PCE, Enrique Santiago y Pablo Iglesias dejaron bien claro que no hay que confundir gobierno y poder, y que hay poderes no democráticos que mandan demasiado. “No os podéis imaginar lo difícil que nos lo han hecho desde esas instituciones que tenían que estar sometidas al poder democrático pero que tienen cero de patriotismo, cero de ética, que carecen de empatía y donde todo vale para acabar con la democracia”, sentenció el Secretario General del PCE y Secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago. Pablo Iglesias contó que hay una cláusula de exclusión a los comunistas, que en la izquierda europea se les permite llegar a los Ayuntamientos e incluso a las comunidades autónomas, pero no al gobierno. “Por eso nos hicieron repetir las elecciones y por eso el verdadero poder judicial, económico y mediático que nunca había tenido necesidad de hacerse visible, lo hace ahora como nunca lo había hecho en la historia de la democracia”.

En los últimos meses, esos poderes que se imponen por encima de la soberanía popular se han confabulado para apartar de la política a las voces que cuestionan su status quo y amenazan sus intereses, que son el reflejo invertido de los intereses de la mayoría social. Han disparado su veneno para sacar fuera de juego a Alberto Rodríguez, a Isa Serra y, ahora, lo están intentando con Alberto Cubero, en Zaragoza. Sus armas preferidas son la judicialización de la política y la política de descrédito. Para difundir sus consignas utilizan sus medios de comunicación, esos que financian con sus acciones en bolsa, ingresos por publicidad, la difusión de los informes y conferencias armadas en torno a las tesis de sus thinks tank -6 de los 10 más poderosos son económicos- y a través de ciertos tertulianos colocados estratégicamente para ejercer de portavoz velado de esos intereses.

La última cabeza que han intentado colocar en su salón de trofeos es la de Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida y ministro de Consumo.

“La ganadería intensiva, absolutamente industrializada y tecnificada, da una producción masiva, barata y muy rápida. Amenaza la existencia de la ganadería tradicional”

Esta vez ha sido el lobby de las cárnicas el que ha fabricado el bulo sobre unas declaraciones distorsionadas del ministro de consumo Alberto Garzón recogidas en una entrevista en el periódico inglés The Guardian. Se han apresurado a prender fuego, poner el grito en el cielo y pedir su dimisión. En una versión grotesca de aquel juego infantil del teléfono estropeado cuyo mensaje se iba desvirtuando en cada eslabón de la cadena.

Todo coincide con las elecciones autonómicas, el próximo 13 de febrero, en Castilla León, tierra de agricultores y ganaderos. Las derechas han marcado la agenda con la polémica de las macrogranjas, pero cuanto más se estiran y gesticulan más se les va descosiendo el traje de luces, dejando a la vista los remiendos de la ropa interior, que no siempre está limpia. La hemeroteca les delata.

GEMA DELGADO: ¿Cree que más allá de la mejor o peor calidad de la carne hay una estrategia para desacreditar, deslegitimar y apartar de las instituciones a cargos públicos del PCE, IU y Unidas Podemos?
ALBERTO GARZÓN: La clave está en que además del poder democrático elegido en urna, hay un poder privado, salvaje, que no ha sido elegido por sufragio universal, sino que tiene influencia en función del capital que maneja y que trata de impedir que se produzcan políticas transformadoras, tratan de frenarlas y utilizan todo lo que está a su alcance para ello. Y su principal instrumento es la capacidad de influencia sobre los medios de comunicación a través de mecanismos económicos como es la propia publicidad, además de los contactos en esferas de poder. Y, por supuesto, esas grandes empresas saben que las políticas transformadoras que pueden cambiar la propia sociedad proceden del espacio de Unidas Podemos y de Izquierda Unida.

G.D.: Parece que ha tenido más entrevistas en una semana que en los dos últimos años ¿Le queda algo más que explicar del bulo del que ha sido objeto sobre la calidad de la carne y las macrogranjas?
A.G.: Afortunadamente ha habido periodistas y medios de comunicación que cuando alguien dice que está lloviendo, no se limitan a decir que alguien dice que está lloviendo sino que salen a la ventana y comprueban si efectivamente está lloviendo. Algo parecido han hecho estos periodistas, que en buen uso ejercicio de su profesión se han dedicado a contrastar si para empezar, lo que yo dije era efectivamente lo que otros estaban diciendo que yo dije y a partir de ahí he tenido oportunidad de desnudar ese bulo en gran parte de las entrevistas. Sin embargo, hay otros medios de comunicación, otros periodistas, y sobre todo las derechas en términos políticos, que siguen insistiendo y estirando el bulo porque le han encontrado una rentabilidad política a la mentira y a las fake news.

G.D.: ¿Cómo valora el posicionamiento del ejecutivo respecto a la polémica de la calidad de la carne de las macrogranjas, desde Pedro Sánchez al ministro de agricultura?
A.G.: Creo firmemente que lo que hemos hecho, lo que hemos declarado y lo que ponemos en marcha con nuestras normas, es la línea del gobierno de coalición, es la línea del gobierno progresista. Es consecuente y consistente con lo que tenemos que hacer. Y con eso nos quedamos, sin entrar en valoraciones de lo que han hecho los socios del gobierno.

“El modelo de producción y consumo capitalista es insostenible. Necesitamos un modelo que funcione dentro de los límites del planeta”

G.D.: Mientras el presidente socialista de Castilla La Mancha, se cachondea y le invita a embutido, la primatóloga inglesa, Jane Goodall, premio Príncipe de Asturias y mensajera de la Paz de Naciones Unidas, aplaude que sus declaraciones hayan abierto el debate, y plantea que España podría asumir un papel de liderazgo en la prohibición de las granjas industriales. Parece que ha abierto un melón al que nadie quería mirar y que va a dar mucho de que hablar fuera y dentro de nuestras fronteras.
A.G.: Todo lo que tiene que ver con el sistema alimentario a nivel internacional y nacional tiene importancia máxima. Evidentemente, porque todos nosotros necesitamos como ciudadanos, como seres humanos, alimentarnos. También porque sabemos ya a día de hoy que el impacto ecológico de estos sistemas alimentarios actuales, profundamente industrializados, profundamente intensivos en el consumo de materiales, con una cantidad de residuos imposibles de abordar por parte del propio planeta, son definitivamente insostenibles. Sabemos, porque la ciencia lo ha dicho así hace muchas décadas, que todo tiene que cambiar, y que si no cambia estamos conduciendo nuestro propio sistema social a la catástrofe medioambiental, al colapso del planeta. Por eso hay intereses en juego que están claramente posicionados del lado del negacionismo climático y por eso también hay muchos activistas científicos, y cada vez más gente, concienciados con la necesidad de hacer cambios y transformaciones sociales. Este será uno de los ejes principales de los próximos años y de las próximas décadas en la medida en la que está claro que el modelo de producción y consumo capitalista es insostenible. Y por lo tanto de lo que se trata es de quién le pone el cascabel al gato y cómo.

G.D.: Lo que no queda duda es que el debate está obligando a posicionarse a todos y algunos no están quedando bien parados; ni el PP de Daimiel impidiendo una macrogranja en su municipio, ni el presidente socialista de Castilla La Mancha, Emiliano García Page aprobando la moratoria que prohíbe nuevas macrogranjas hasta 2025. ¿Por qué tanta incongruencia?
A.G.: En política, desgraciadamente, en muchas ocasiones no importa quién dice la verdad, quién tiene razón, sino la construcción de la narrativa de un relato que te ponga en posiciones ganadoras con ventajas frente a los adversarios. Esto es lo que parece que muchas veces utilizan determinados actores políticos, como en este caso las derechas que sabiendo perfectamente que se trataba de un bulo lo han utilizado para intentar rascar votos y para intentar desgastar al gobierno de coalición. Y esto es lo que en gran medida explica esas incongruencias, porque no estamos hablando de personas que tengan mayor o menor capacidad para leer y comprender un texto sino sencillamente de un oportunismo político extraordinario que degrada la democracia e impide que se puedan tener debates interesantes y, como decía anteriormente que van a formar parte del eje político de los próximos años.

G.D.: ¿Quién constituye el lobby de la industria cárnica, cuánto dinero mueven y qué poder tienen?
A.G.: El modelo agroganadero se está modificando en los últimos años. En el campo de la ganadería, particularmente, está teniendo una expansión brutal el modelo intensivo en su grado más extremo, que es el de las llamadas macrogranjas, que es un modelo absolutamente industrializado y tecnificado, que lo que permite es una producción masiva, barata y muy rápida. Todo ello a un elevadísimo coste medioambiental, social y económico. Detrás de todo esto, como es normal por la alta financiación que requiere, están grandes familias adineradas de nuestro país y fondos de inversión tanto nacionales como internacionales, que agrupan el dinero y lo entienden como una actividad en muchos casos puramente especulativa. Estamos hablando de un modelo totalmente en contraste con un modelo de ganadería tradicional, social, extensiva, familiar, que es el que predomina en nuestro país, aunque cada vez tiene menos peso precisamente por la amenaza que supone para su propia existencia el modelo de las macrogranjas.

“En política, desgraciadamente, en muchas ocasiones no importa quién dice la verdad, sino la construcción de un relato que te ponga en posiciones ganadoras”

G.D.: ¿Cuál ha sido la respuesta que está obteniendo de los ganaderos, sindicatos y organizaciones sociales?
A.G.: Creo que la respuesta de los ganaderos es comprensible porque en gran medida han respondido ante el bulo, es decir, han respondido ante lo que no dije. Pero en el momento en que se discute sobre lo que sí dije, la inmensa mayoría de los ganaderos y de los sindicatos agrarios en nuestro país están de acuerdo con nuestras posiciones, y particularmente con las que yo expresé. Y es normal porque, al final, como decía anteriormente, el otro modelo es una amenaza clarísima para este modelo extensivo, social y familiar.

G.D.: Hoy es la carne, mañana puede ser cualquier otro tema. El problema de fondo es otro más grave: la intoxicación informativa que va erosionando los pilares de un sistema democrático. ¿Qué responsabilidad deberían asumir los medios de comunicación que elaboran y alimentan bulos poniéndose al servicio de los lobbies que les financian, a costa de patear un derecho fundamental reconocido internacionalmente como es el derecho a la información veraz?
A.G.: Los medios de comunicación son fundamentales para un buen funcionamiento de la democracia. Y si el ejercicio que hacen esos medios de comunicación es sesgado y partidista, si es un ejercicio que no actúa como filtro ante la mentira, ante los bulos, es un ejercicio por lo tanto futil, un instrumento inútil para proteger la democracia. Llega incluso a ser un agravante, como hemos visto, porque si los medios de comunicación se limitan simplemente a contar mentiras, a ser los instrumentos de manipulación que utilizan estos actores, en este caso de extrema derecha, están siendo cómplices.

Por eso creo que es muy importante poner en valor a quienes sí ya han hecho ese ejercicio de revisar la información, de comprobar. Y a quienes sin estar de acuerdo conmigo ni con nuestras posiciones, salen y dicen “señores, se le puede criticar por lo que sea, pero se le tiene que criticar sobre lo que sí ha dicho”.

“Hasta la llegada del Ministerio de Consumo, nuestro país no disponía de instrumentos legales para hacer frente a parte de los fraudes”

G.D.: “Garzón ataca cinco sectores en cinco meses tras su cruzada contra el azúcar y el turismo”. Así titula su información Libremercado.com, de Libertad Digital. Continúa, “El ministro de Consumo no da tregua a todo lo que se consuma: roscones, juguetes, ganadería y hasta contestadores automáticos” y habla de “las víctimas de Garzón”. Suena a “ladran, Sancho. Señal que cabalgamos”. ¿Cómo lo interpreta?
A.G.: Nuestra función es cambiar los hábitos de consumo de nuestra sociedad, lo que significa que, dicho desde un punto de vista económico, afectamos a la demanda, que necesariamente modifica la oferta. Es decir, cuando nosotros promovemos cambiar de hábitos de consumo estamos diciendo a la gente que, por motivos de salud, por motivos ecológicos u otros, sería razonable que cambiara sus hábitos de consumo y dejaran de consumir algún tipo de producto y empezaron a consumir otro. Eso cambia las proyecciones y las estrategias de las grandes empresas, y por eso las hay que no están dispuestas a tolerarlo y que maniobran para impedirlo. Cuando nosotros decimos que no se puede consumir un tipo de producto porque es nocivo para la salud, nosotros lo que hacemos es traducir al discurso político, a las políticas públicas, lo que ha dicho la ciencia. Pero eso no le gusta a quienes venden ese producto, y es legítimo que se defiendan, pero a esas empresas no las han votado y a nosotros sí.

G.D.: Acabamos de cruzar el ecuador de la legislatura y ya ha dejado una batería de medidas de protección de los consumidores frente a los abusos de algunas empresas. Una de ellas es la prohibición de los número de teléfono 902 de atención al cliente.
A.G.: Otra de nuestras funciones es proteger a las personas consumidoras. Muchas veces se producen abusos de manera terrorífica, porque se trata de abusos sobre elementos que deberían ser gratuitos. Esto es lo que sucedía, por ejemplo, con los servicios de atención al cliente y las llamadas al 902, es decir, cuando una persona, para ejercer un derecho como es el de la atención al cliente. tenía que pagar una cantidad extraordinaria de dinero por tener que llamar a un numero de tarificación especial. Cuando resolvimos esta cuestión también encontramos quejas importantes por parte de esos sectores que venían haciendo caja con ese derecho y que se revolvieron contra esta medida que lo que hacía era permitir que las familias no siguieran perdiendo dinero de sus bolsillos por ejercer sus derechos como consumidores.

G.D.: FACUA venía denunciando desde hace años lo barato que les salía a las empresas actuar de forma abusiva y fraudulenta, y urgía a acabar con esa impunidad. ¿Cómo se está actuando para que sus artimañas no les compensen?
A.G.: Hasta la llegada del Ministerio de Consumo, nuestro país no disponía de instrumentos legales para hacer frente a parte de los fraudes. De hecho, el famoso, Volswagen gate, puso de relieve cómo un fraude extraordinario en otros países se resuelve con unas sanciones enormes y multas de todo tipo y dimensiones, mientras que en España la empresa que cometió el fraude se fue de rositas desde el punto de vista administrativo. Esto era porque carecíamos de instrumentos afinados para poder luchar contra los fraudes y las sanciones. Afortunadamente, ahora ya tenemos ese instrumento, un régimen sancionador para que el Estado pueda complementar la capacidad que tienen las comunidad autónomas de hacer frente a estos fraudes y abusos.

Pero han hecho falta 2 años para prepararlo porque las competencias de consumo durante las últimas décadas han sido claramente menospreciadas por parte de la Administración.

“Nuestra función es cambiar ciertos hábitos de producción y de consumo hacia otros más saludables, y eso no les gusta a ciertas empresas. Pero a nosotros nos han votado y a ellas no”

G.D.: Estas Navidades también ha recibido críticas de algunos sectores por la campaña contra los juguetes sexistas y el impacto de la publicidad en la infancia. ¿Cómo ha funcionado?
A.G.: La campaña de la huelga de juguetes ha funcionado muy bien porque ha sabido conectar con la parte más progresista del país y también incluso con una parte conservadora que empieza a normalizar que no es apropiado ni deseable que haya una diferenciación de género y una reproducción de estereotipos en el ámbito de los juguetes, porque al final cuando se manda un mensaje diferenciado a los niños y a las niñas sobre con qué tipo de juguetes tienen que jugar también se manda un mensaje diferenciado en torno a qué funciones y roles tienen que asumir esas mismas personas cuando están ya en edad adulta. Ha funcionado muy bien y sí, es verdad que ha tenido una crítica digamos más beligerante por parte de los sectores más reaccionarios del país que están interesados en que se mantengan las desigualdades de género.

G.D.: Los Presupuestos Generales del Estado han aumentado un 22% los recursos económicos para que el Ministerio de Consumo desarrolle su trabajo. ¿A dónde se va a destinar ese dinero?
A.G.: Tenemos el presupuesto más modesto de todo el gobierno, pero también tenemos una gran capacidad de influencia social. El eje fundamental es cambiar los hábitos de consumo de la sociedad. Y esos cambios se producen a través de dos criterios fundamentales: el del consumo saludable, para que las personas puedan tener una mejor salud y donde el cambio de hábitos es fundamentalmente alimentario; y después está el de la protección de la salud del planeta, es decir el consumo sostenible. Nosotros hablamos ahí del impacto ecológico del consumo, precisamente para que la gente entienda que en nuestra mano también cabe la posibilidad de mejorar la salud del planeta. Mucha gente no es consciente, por eso una de las partes centrales es la pedagogía, y es parte de lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el tema de las macrogranjas, con la carne y con otros impactos ecológicos, como pueden ser los plásticos, la ausencia de reciclaje, etc.

“Los medios de comunicación son fundamentales para un buen funcionamiento de la democracia”

G.D.: Cambiar los hábitos de consumo para salvar el planeta implica replantearnos un consumo responsable, aumentar la austeridad y renunciar a privilegios de los que gozamos en este lado privilegiado del planeta. Se necesitarán medidas impopulares que nadie se atreve a plantear. ¿Hasta cuándo seguiremos aplazando el tema?
A.G.: Nosotros creemos que esto es central porque al final hay un mensaje muy claro y es que tenemos que hacer que el modelo de producción y consumo actual, que es el capitalista, deje paso a un modelo de producción y consumo que funcione dentro de los límites del planeta. Este es el eje central, por eso toda la materia de consumo y toda la materia ambiental será necesariamente un eje central para todos los gobiernos de la Unión Europea y probablemente del mundo en los próximos años. Eso nos obliga a hablar de poder, de pobreza, de desigualdad, de riqueza, de necesidades básicas… Nos obliga a hablar de otra forma de entender la economía como la ciencia que decide qué y cómo se produce, cómo se distribuye y qué se consume. Al final estas son las tareas que de una manera u otra nosotros tratamos de manera transversal con otros ministerios y dentro de las competencias y del presupuesto que tenemos.

G.D.: ¿Cuáles serán las próximas propuestas que salgan del Ministerio de Consumo?
A.G.: Vamos a mantener la protección de los consumidores con consumo saludable, especialmente de los sectores más vulnerables, como son los menores de edad y la publicidad dirigida al público infantil, y a trabajar por un consumo sostenible para la protección del planeta, porque sin planeta no hay vida.