En enero se estrenó Sequía. Una serie de televisión hispano-portuguesa que se emite en las cadenas públicas de RTVE (La 1) y la Rádio e Televisão de Portugal (RTP1). La trama del thriller versa en torno a una fuerte sequía en la provincia de Cáceres, el cual hace resurgir de debajo de las aguas un pequeño pueblo llamado Campomediano. Junto a las ruinas aparecen dos cadáveres escondidos en una de las casas. Esto lleva a la policía a investigar este suceso en donde poco a poco se va descubriendo la implicación de dos familias poderosas en ambos lados de la frontera entre España y Portugal.

Aunque se supone que es una ficción basada en los años 90, la realidad de lo que está sucediendo con el agua embalsada en Extremadura podría entrar perfectamente en el guion de esta serie. La sequía y la desertización de la península ibérica avanzan progresivamente, especialmente en su mitad meridional. A los cambios naturales que ya actuaban se le han sumado los antropogénicos, los cuales han acelerado de manera radical la situación.

Uno de los principales efectos es la reducción de la cantidad de agua existente, consecuencia de un menor número de precipitaciones, su distribución cada vez más irregular y su peor calidad (en forma de tormentas torrenciales). Es decir, llueve poco y cuando llueve lo hace de tal forma que genera destrucción.

Si atendemos a los pantanos extremeños, sus niveles son preocupantemente bajos. Por ejemplo, la reserva hidráulica del Guadiana se encuentra por debajo del 30% y el embalse de La Serena -el mayor de España- no alcanza el 15%. Esta situación casi desesperada nos hace recordar cómo hace unos pocos meses, en plena escalada de precios de la luz, Iberdrola vació algunos pantanos para producir energía. Las consecuencias inmediatas fueron falta de agua para la agricultura y la ganadería en algunas zonas de la región.

A día de hoy dicho saqueo sigue sin consecuencias. El oligopolio eléctrico goza de impunidad en este país. Las puertas giratorias y los favores son la norma habitual de las relaciones entre los partidos del régimen y los representantes de las eléctricas. Si hay que tapar un escándalo producido por estas sanguijuelas, siempre encontrarán a un político del PP o del PSOE dispuesto a cumplir la faena.

NO ES SOLO LA SEQUÍA

Los extremeños y las extremeñas miramos al cielo todos los días. Hemos tenido el invierno más seco en lo que va de siglo y sabemos que, si no llueve esta primavera, nuestra tierra pasará por una de las peores épocas de sequía. Con la capacidad de nuestros embalses al límite es el momento de replantear nuestro sistema productivo.

En su momento los regadíos generaron riqueza y fijaron población pero ahora, en un contexto de emergencia climática, lo primero que hay que hacer es modernizar los que hay y gestionarlos para que sean más eficaces. En cambio la Junta de Extremadura, gobernada por el PSOE, tiene una política cortoplacista que consiste en aumentar los regadíos para favorecer los intereses especulativos de los terratenientes.

El caso más sangrante es el de Tierra de Barros, una zona de la región que tiene una de las tierras más ricas para producir. Siglos y siglos de trabajo de la tierra han convertido la comarca en una de las más prosperas de Extremadura. Sin embargo, la propuesta de la administración regional es un proyecto irracional de puesta en marcha del regadío. ¿Acaso tiene sentido que las fértiles y económicamente más que viables explotaciones de Tierra de Barros vayan a seguir el ejemplo desastroso medioambientalmente del olivar intensivo alentejano? ¿A quién benefician? Ya sabemos que cuándo su rentabilidad se reduzca estas obras serán abandonadas y las poblaciones del entorno se empobrecerán pero probablemente el daño ya esté hecho, el ecosistema perdido, los acuíferos esquilmados y los niveles potenciales de captación de agua por los embalses reducidos a un mínimo insostenible.

De esta forma, la potenciación de explotaciones agrarias sostenibles, familiares y adaptadas a las ricas potencialidades del terreno se demuestran una de las armas más eficaces para combatir el drama hidrológico que nos acecha.

El agua es y debe ser un bien público, básico para la vida, y su uso con fines especulativos y económicos debe ser señalado y perseguido. Es hora de que se aprueben de forma urgente medidas que garanticen el acceso del agua a la población, priorizando su uso en explotaciones sostenibles y familiares que fijen población frente a macroproyectos de dudosa viabilidad a medio plazo.