El ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, está acusado de participar en una conspiración internacional para introducir quinientas toneladas de cocaína en Estados Unidos durante veinte años.
El presidente Donald Trump lo consideraba un socio clave, menos preocupado por el narcotráfico que interesado porque Hernández impidiera la emigración desde Honduras a Estados Unidos. Según el muy influyente senador Patrick Leahy, “durante los ocho años de impunidad, la administración estadounidense manchó nuestra reputación al tratar a Hernández como amigo y socio cuando su gobierno no tenía legitimidad”.
Según la acusación anunciada ahora por los fiscales estadounidenses, Hernández recibió millones de dólares en sobornos a cambio de impedir que los narcotraficantes fueran investigados, detenidos y enviados a Estados Unidos para su procesamiento. Aseguran además que el entonces presidente de Honduras facilitaba a los narcotraficantes información estratégica de la policía y del ejército para facilitar sus operaciones y utilizaba a las fuerzas de seguridad para proteger los cargamentos.
La pasividad de Trump se mantuvo a pesar de la condena por narcotráfico en Estados Unidos de un hermano de Hernández, en cuyo procesamiento los fiscales alegaron que había gestionado un millonario soborno para el presidente de Joaquín ‘el chapo’ Guzmán, el capo del Cartel de Sinaloa.
Hernández intenta eludir la extradición por formar parte del Parlamento Centroamericano pero esta cámara solo aplica a sus miembros la misma inmunidad que en el Congreso de sus países y en Honduras los parlamentarios no la tienen en las acusaciones por narcotráfico.
