Ayer, 10 de marzo de 2022, las feministas de Castilla y León, nos habíamos concentrado en, Valladolid, ante las Cortes de Castilla y León, y en León, ante el edificio de la Junta, para hacerle llegar a Alfonso Fernández Mañueco una carta instándole a que no firmase acuerdo de gobierno con VOX.

En ese mismo momento se producía la firma del acuerdo de legislatura entre en Partido Popular y VOX. Todas las declaraciones en medios de comunicación apuntaban ese resultado: El Partido Popular en Castilla y León abrió la puerta a los gobiernos con la ultraderecha. VOX que aseguran que van a derogar la ley de violencia de género en nuestra comunidad en cuanto tengan oportunidad; que cuestionan los logros de las políticas públicas de igualdad y acusan al feminismo de aprovecharse del sistema “para subsistir mediante subvenciones”.

La firma de este acuerdo de gobierno es una mala noticia para la democracia, para todas y todos que defienden y luchan por valores de justicia e igualdad, pero serán las mujeres, las personas LGTBIQ, las migrantes, las trabajadoras y trabajadores quienes primero sufrirán las consecuencias de este pacto de legislatura.

El PP de Castilla y León ha pactado con quienes declaran: El gobierno de la Junta se comprometerá a rechazar la política impulsada por la Agencia 2030 y a cualquier incumplimiento ideológico al desarrollo energético e industrial.

La Secretaría de Estado de la agenda 2030 a la que alude VOX, se ocupa de la implementación y la garantía de todos los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible definidos por la ONU y que persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta, erradicar la pobreza y asegurar la prosperidad.

VOX es una formación política que ha denominado a las entidades del tercer sector, de acción social, como “chiringuitos y estercoleros multicultural”.

El Partido Popular será el responsable de dejar en manos de VOX el control directo sobre más de 12.000 millones de euros y el poder de vetar leyes básicas para la convivencia como son la lucha contra la violencia de género, la ley de libertad y derechos LGTBIQ, la ley de memoria democrática, políticas sobre personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

Cuando el acuerdo de legislatura alcanzado ayer dice: Aprobaremos una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar (algo que ya recoge el Código Penal), está diciendo que la violencia de género no existe, que esta violencia no se debe a causas estructurales, profundamente patriarcales.

Ese mismo acuerdo habla de promover una inmigración ordenada, todo en orden para facilitar la criminalización y la persecución de colectivos como la población migrante.

Y también acuerdan: reivindicar nuestra historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratar de utilizarla para dividir a los españoles. Lo que supone que esta será una Comunidad Autónoma que no contará con ley de memoria democrática propia.

No permitiremos ni un paso atrás en nuestros derechos

El Partido Popular es el responsable de pactar con un partido que ha declarado que sacar fuera de la sanidad publica el derecho al aborto que tanto esfuerzo costó conseguir en nuestro país y que es un apoyo fundamental para lograr la autonomía de las mujeres y sus proyectos de vida.

Pero lo que ni el PP ni VOX saben es que las mujeres de Castilla y León no vamos a permitir dar un paso atrás, y en el momento que se produzca algún tipo de vulneración de nuestros derechos saldremos a la calle y llegaremos donde haga falta, primero, para defender los derechos que conquistaron las feministas que nos precedieron y, después para exigir que se cumplan las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, que se ejecute el Plan Corresponsables, que se cumpla el compromiso adquirido en el seno del diálogo social de una nueva ley contra la violencia de género.

El 8 de marzo fuimos miles quienes salimos a las calles en nuestra comunidad para reivindicar la necesidad de avanzar en igualdad, para exigir que el SACYL garantice el cumplimiento de la reforma de la Ley del Aborto en hospitales públicos de nuestra comunidad, por la paz y contra la guerra, para que se nos garanticen vidas dignas de ser vividas. Por todo ello les aseguramos que vamos a estar vigilantes y no permitiremos ni un paso atrás en nuestros derechos.

Responsable de Feminismo de IUCYL