La Fiscalía ha elevado informe al Tribunal Supremo para que abra diligencias en contra del diputado del PP Alberto Casero por considerar la existencia de fundamentados indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la adjudicación de distintos contratos a dedo en su etapa de alcalde de la localidad cacereña de Trujillo por más de 123.000 euros.

Casero, considerado mano derecha del Secretario General del PP, Teodoro García Egea, según el Ministerio Fiscal llevó a comprometer al pago al consistorio sin pasar por los procedimientos legales establecidos para ello, siendo algunas de las facturas informadas desfavorablemente por el interventor municipal al no estar acreditado el servicio prestado por los titulares y no fueron abonadas dando a lugar a las oportunas reclamaciones. Un palmario presunto caso de corrupción «made in PP».

Dado el chapucero proceder, considerando poco menos al ayuntamiento como su propio cortijo, y siendo considerado la mano derecha de García Egea, no es de extrañar que este terminara como ha terminado, fuera del PP con absoluto desdoro por su chapucera forma de proceder en todo lo concerniente del caso del supuesto espionaje a la presidenta de la comunidad madrileña, Díaz Ayuso, que a la postre se ha cobrado la cabeza de Pablo Casado también.

En el debe o, mejor dicho, en el haber, según a quien le pueda parecer, de Casero está el rocambolesco error en la votación que facilitó la aprobación «in extremis» de la Reforma Laboral presentada por el gobierno progresista. Que, de la misma manera chapucera, pretendió achacarlo primeramente a un error informático que en modo alguno ha podido demostrar y, posteriormente, a una decisión antidemocrática de la Mesa del Congreso. Igualmente quedó en entredicho su decisión de votar online por motivos de salud, ya que una vez cometido el error se personó inmediatamente en el Congreso de los Diputados para intentar subsanar su esperpéntica metedura de pata.

El todavía diputado por Cáceres quedó señalado por su manifiesto error y habiendo caído en desgracia su valedor le quedaban pocos resortes para resistir en política. La imputación por delitos tan graves no ha hecho más que precipitar su necesaria desaparición de la escena política nacional.

En definitiva, Alberto Casero en su torpe manera de proceder ha demostrado ser más bien un chapuza absolutamente sobrevalorado, de la misma manera que quien lo consideraba su mano derecha. Nadie puede observar en él ninguna cualidad para el cargo de diputado, salvo el de estar imputado y a quien había que proteger en señal de no se sabe qué servicios prestados.

El PP de Feijóo tendrá que atinar más en la selección de los miembros de las listas electorales, así como evitar casos como el de los contratos del hermanísimo de Díaz Ayuso, de lo contrario se seguirá creyendo que la corrupción sigue instalada en el partido como algo inherente a su esencia.