La problemática con el uso del agua en Doñana no es nueva y pese a que estamos ante el más importante humedal de España, el principal acuífero que abastece al Parque Natural ha perdido el 60% de su volumen en los últimos 30 años. Ello es debido, principalmente, al crecimiento del cultivo temprano bajo plástico, que requiere dotaciones de agua por hectárea entre 4.000 y 5.250 m3. No hace falta ser científico para deducir que se está poniendo en riesgo el ecosistema y a las especies que en él habitan; Doñana da cobijo a 6 millones de aves migratorias al año.

A la situación de alto consumo de agua hay que sumarle los efectos del cambio climático, que ha generado una falta de precipitaciones y largos periodos de sequía. Existe, por tanto, un déficit estructural entre la disponibilidad de agua subterránea y la demanda de riego.

Visto esto, parece de sentido común evitar nuevos regadíos. Ya hubo un intento de regularizar responsablemente esta problemática. En 2014 se aprobó el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana, para lograr paz y equilibrio, proteger el espacio natural y la vida de Doñana, y permitir la continuidad de la actividad económica agrícola de una forma lo más sostenible posible.

Se regularizaron muchas hectáreas y la situación de muchos agricultores, y se pasó de tener un uso ilegal del 50% del agua a un 20%. Desgraciadamente, desde su aprobación, de las 30 recomendaciones del plan, solo se han aplicado el 17% en su totalidad.

Pero ahora el Gobierno de la Junta de Andalucía pretende legalizar, vía ley, 1.460 hectáreas de cultivos ubicados en el entorno de la reserva natural y cuyos agricultores han robado agua de su acuífero por medio de la proliferación de un millar de pozos ilegales, es decir, amnistiar al 85% de cultivos ilegales.

De aprobarse esta norma, tal y como denuncian organizaciones como WWF, estaríamos ante uno de los mayores atentados ecológicos perpetrado por una Administración Pública a un espacio protegido. Se legalizaría el secado de arroyos, la contaminación por filtración y la sobreexplotación de acuíferos, que conllevaría irremediablemente a una pérdida de biodiversidad.

Se trata de una iniciativa que no ha tenido en cuenta el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ya impuso sanciones en 2021 por extracciones desmesuradas de agua; ni el de la UNESCO, que podría incorporar a Doñana en la lista de lugares Patrimonio Mundial de la Humanidad en peligro; ni el del propio Parque Nacional de Doñana y su Consejo de Participación; ni el de los agricultores que trabajan de forma legal en el territorio y que durante muchos años han hecho las cosas bien; y ni siquiera el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha cuestionado públicamente la viabilidad de la iniciativa. Hasta el Gobierno de España ha avisado que recurrirá la ley en caso de que fuera aprobada.

En términos medioambientales, parece que queda claro que se trata de un crimen sin precedente, pero tampoco es sostenible en términos económicos. Esta ley provocará un desprestigio de la fresa y otros frutos rojos en el mercado internacional y un duro golpe para aquellos productores que se esfuerzan por cumplir la ley. Se pondría bajo sospecha la trazabilidad de la producción agraria de Huelva, porque se perdería la garantía de que se produce bajo criterios de sostenibilidad que garantizan el equilibrio entre el Parque y la producción agrícola.
Todo esto lo sabe el Gobierno de Andalucía que, o bien es un insensato y quiere destruir definitivamente Doñana, o bien miente, manipula y engaña a agricultores y ciudadanía por un puñado de votos.

EL GOBIERNO Y LA UE INSTAN A PARALIZAR LA TRAMITACIÓN DE LA LEY

La Comisión Europea (CE), a través de su representante, Sr. Sinkevicius, muestra su profunda preocupación, exigiendo a España que adopte medidas eficaces para detener el deterioro de los tipos de hábitats protegidos situados en los lugares de la Red Natura 2000 e insta a la utilización de los instrumentos previstos en la Directiva Marco sobre el Agua para la gestión sostenible de los recursos hídricos. Además, avisa de las posibles repercusiones que la legislación propuesta podría tener, en caso de aprobarse, y advierte que está dispuesta a utilizar todos los medios a su disposición como guardiana de los tratados para garantizar la ejecución de la sentencia antes mencionada.

Enrique Santiago avanza que habrá un PERTE agroalimentario

En la misma línea se manifiesta el Gobierno de España, que a través del Secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha alertado que la propuesta “pone en serio riesgo los compromisos de España con la ONU y la Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible”.

Santiago ha dejado claro que la solución para Doñana, y más en el momento de sequía extrema que vivimos, pasa por un cambio de modelo de producción agrícola y ha avanzado que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 prepara ya un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) agroalimentario que incluirá el entorno de Doñana y que contará con el apoyo de fondos europeos.

Capítulo aparte, pero no menos importante, es la afección que esta ley supondría para la ya pérdida acelerada de superficie forestal en los montes de Palos, Moguer y Lucena (Huelva), lo que supone una regresión de la vegetación forestal y de los Hábitats de Interés Comunitarios.

La situación es más que preocupante, porque si la ley finalmente viera la luz, conllevaría, con toda seguridad sanciones por parte de la Unión Europea (UE), que terminarían repercutiendo en Andalucía. Por el contrario, la propuesta del Gobierno de España permitiría conciliar la actividad económica y productiva con la sostenibilidad medioambiental en la Corona Norte de Doñana, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

Doñana está en serio riesgo de desertificación, de la crisis del coronavirus pasaremos a la pandemia hídrica y, por eso, lo que toca ahora es gestionar la carencia de agua. El contexto es de sobreexplotación, sequías recurrentes y cambio climático, no es posible seguir ofreciendo agua como si no pasara nada.

Pese a todos los avisos, el PP no quiere afrontar los problemas; al contrario, genera expectativas que dispararán las demandas y por tanto agravará la situación.

Diseñar el futuro hídrico de Andalucía alentando la irresponsabilidad, el desgobierno, la insostenibilidad y la abusiva explotación de nuestros acuíferos no es construir futuro sino destruirlo.

Diputado de UP Parlamento Andalucía