El Informe aprobado por el Comité Central del 27 de febrero marca tareas y objetivos para los próximos meses, aunque algunos elementos del mismo quedaron superados antes de elaborar este resumen, como las directrices para las exitosas movilizaciones feministas del 8M. Otras cuestiones no habían sucedido en el momento de su redacción, como el ataque de Rusia a Ucrania, si bien el informe ya contenía directrices ante lo que entonces eran tambores de guerra.

El Informe condena esta grave decisión de Putin y señala el riesgo de que la guerra se extienda en la región, “un fracaso colectivo porque la seguridad de Europa, Ucrania y Rusia son inseparables”, añadiendo que “la responsabilidad también recae en todos aquellos, empezando por la OTAN, que han propiciado la confrontación, permitiendo la desestabilización de Ucrania por la ultraderecha e intentando ampliar la OTAN hacia el Este”.

El informe señala como causa de este y otros conflictos, como los de Afganistán y Siria, la disputa por recursos energéticos y nuevos materiales estratégicos, y el intento de EEUU de mantener su hegemonía como única potencia mundial.
Ante la escalada conflictiva que tiene hoy su principal foco en Ucrania, el PCE aboga por respetar las reglas del multilateralismo, de la resolución pacífica de conflictos, y la aplicación del derecho internacional y la Carta de la ONU, como única forma de prevenir la destrucción de la humanidad.

En concreto, sobre la situación en Ucrania considera necesario parar la escalada bélica y proteger a la población civil de los pueblos implicados, defendiendo que España debe trabajar para que Europa, bajo auspicio de la ONU, ponga en marcha una iniciativa para que las partes regresen a la mesa de negociaciones, sobre la base de los Acuerdos de Minsk y los principios de seguridad colectiva.

El informe marca una tarea fundamental para todo el Partido: reactivar el movimiento por la paz, impulsar la Contra Cumbre de la OTAN que tendrá lugar en junio y con urgencia, organizar la contestación a la guerra en Ucrania y la exigencia de detenerla.

Nuevos objetivos tras la aprobación de la reforma laboral

Tras la aprobación de la reforma laboral, el PCE plantea nuevos objetivos: las leyes de Vivienda, de Seguridad Ciudadana y de Memoria Democrática, junto con la despenalización de los delitos de libertad de expresión. Y un elemento destacado, la reforma fiscal, alertando de que supondrá “un importante debate social, en el seno del gobierno de coalición y entre los distintos partidos políticos que apoyan a este, con una previsible intervención de los grupos económicos en el debate -a través de los grandes medios de comunicación- para mantener sus privilegios fiscales”.

Volviendo a la reforma laboral, el informe argumenta que “puede contribuir a una nueva correlación entre las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo, más favorable a los intereses de la clase trabajadora, acompañado de un importante avance político para las posiciones de nuestro Partido y de todo el espacio político de Unidas Podemos en el gobierno de España si nos permite mejorar la correlación de fuerzas en nuestra acción política cotidiana”. Todo ello en una situación política marcada por el desplazamiento del centro de equilibrio de la derecha hacia posiciones claramente “trumpistas” –populismo ultraderechista- corroborado con el acuerdo de gobierno de Castilla y León.

La conclusión principal es “la necesidad de dedicar el máximo de esfuerzo a la organización del conflicto social y sindical, con la vista puesta en activar una nueva fase de movilización social que permita crear esta correlación de fuerzas más favorable a los intereses de la clase trabajadora y de la izquierda”. En este sentido, se señalan algunos vectores: el primero, llevar los avances de la reforma laboral y la subida del SMI a todas las empresas, tarea en la que ya están los sindicatos; el segundo, en los ámbitos local y autonómico, enfrentar los procesos de degradación y privatización de servicios públicos, como el de la Sanidad.

El Informe también responde a la situación de Doñana, tras iniciar el Parlamento andaluz la tramitación de una proposición de ley que pretende regularizar miles de hectáreas de cultivos ilegales para amnistiar pozos ilegales, con los votos del PP, Cs y Vox y la abstención del PSOE”.

Además, sitúa otros hitos: 14 de abril, 1º de mayo, ILP de la regularización y Consulta Popular Monarquía – República.

Sobre la construcción de convergencia política y unidad popular

El Informe no pierde de vista el próximo ciclo electoral, llamando a trabajar “para que la ampliación del espacio se realice con una sólida base, proceso que corresponde organizar y extender desde las fuerzas políticas que hoy se organizan en torno a la mesa confederal de Unidas Podemos, hacia otras fuerzas y expresiones organizadas”.

Para ello sitúa dos líneas: impulsar el necesario proceso de interlocución con la sociedad civil, e impulsar espacios de coordinación entre las fuerzas política que conforman UP, con especial mención a los grupos institucionales y coordinaciones territoriales.