Como apuntábamos ya en nuestra anterior columna, y en relación con la propuesta de modificación del Código Penal español en forma de proposición de ley para que en nuestro país se puedan juzgar los crímenes ocurridos durante el franquismo -una cuestión que hasta el momento ha sido imposible acometer con los medios jurídicos que se disponen-, el pasado mes de marzo el Parlamento español rechazó la toma en consideración de la propuesta de tramitación de la misma, lo que significa que ni siquiera llegará a debatirse la necesidad, o no, de juzgar aquellos crímenes. Y es que la ultraderecha (VOX ha insistido en que no es posible juzgar hechos que han tenido lugar durante el franquismo a través de la invocación del derecho internacional que recoge la iniciativa), de la derecha del PP (que ve con ello la destrucción del espíritu de la Transición, poniendo patas arriba la legalidad de la democracia [sic] y manipulando el derecho internacional), y de la otra derecha resistente (el reproche que hace Ciudadanos a la propuesta es que sólo quiere perseguir a criminales muertos) se posicionaron junto al grupo socialista para rechazar la modificación y la posibilidad de discusión.

Evidentemente que es poco entendible que el partido que sustenta al grupo mayoritario del Gobierno de coalición y que tiene, bloqueada, eso sí, y dice apoyar la nueva ley de Memoria Democrática, no acepte la modificación de cualquier disposición, regla, normativa o ley que ayude a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, así como las garantías de no repetición y el derecho a la memoria que tiene la ciudadanía, en su conjunto, en un país de valores democrático.

La idea de la proposición de ley rechazada estaba en incorporar al Código Penal una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales, ratificados por el Estado español, para que a las víctimas de la dictadura y a sus familiares les fuera reconocido su derecho de acceso a la Justicia conforme a los estándares que exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ya señalamos en su día y que conviene no olvidar; En concreto queriendo introducir un artículo bis que dejara claro que lo previsto en el Código Penal no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos de genocidio, lesa humanidad, y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Pero el diputado encargado de defender la posición del grupo socialista consideró que vulneraba principios básicos de legalidad tales como el de irretroactividad y el de seguridad jurídica, generándole dudas -según expuso en su argumentación de voto negativo-, que el derecho internacional ampare precisamente irretroactividad pero reconociendo, a la par, que el estatuto de la Corte Penal Internacional contiene la regla de imprescriptibilidad que también recoge principio de irretroactividad.

En fin, se podría suponer con ello que las razones que les impidieron apoyar la iniciativa no se anclan precisamente en garantizar la investigación sino que se ubican en espacios ajenos a este empeño.

Para despedirnos, dos nombre propios significados en estos días: el del eterno Miguel Hernández, en el ochenta Aniversario de su fallecimiento, y el del doctor Juan Negrín, cuya biblioteca personal, compuesta por unos ocho mil volúmenes, ha sido depositada, procedente de Francia, en la Fundación gran canaria que lleva el nombre del que fuera presidente del gobierno republicano, para su gestión, difusión y puesta a disposición de los investigadores. La nieta del político ha informado a la entidad receptora -según avanzó públicamente la propia fundación en su día-, que de este lote de libros también forma parte un fondo documental, con inéditos -aún sin analizar por los historiadores e investigadores para su valoración- en el que se estima que, además de telegramas del final de la guerra y de decretos de Hacienda y otros escritos oficiales y administrativos, pudiera contener escritos con información relativa al Comité de No Intervención en la guerra de España. La Fundación Juan Negrín, entidad privada sin ánimo de lucro auspiciada por el Gobierno canario y con sede en Las Palmas, ha recibido con anterioridad diverso material relacionado con la familia Negrín.