El diputado por Unidas Podemos Miguel Ángel Bustamante ha registrado una pregunta a la Mesa del Congreso en relación a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y su entrega a los fondos de inversión, en detrimento del impulso a la vivienda pública. El llamado ‘banco malo’, creado en 2012 para gestionar los activos problemáticos de entidades financieras, ha entregado a dos fondos de inversión estadounidenses, Blackstone e Hipoges, la gestión de su cartera. El diputado cuestiona si “se está renunciando a que Sareb contribuya a corregir la escasez de vivienda pública”.

Por un lado, Hipoges, dependiente del fondo buitre KKR, asumirá la gestión y venta de una cartera de 13.906 millones de euros. Por su parte, Aliseda-Anticipa, gestoras inmobiliarias del conocido fondo buitre Blackstone, gestionará activos por un valor de 11.379 millones de euros. Gran parte de los activos que pasan a gestionar son inmuebles y préstamos. Para Unidas Podemos, esta nueva gestión por parte de fondos buitre “buscará como hasta ahora el mayor lucro posible sin tener en cuenta la realidad social en España, la escasez de vivienda pública y los problemas de acceso a la vivienda”.

Pese a la nueva Ley de Vivienda, que prohíbe la venta de vivienda de titularidad pública, esta cesión de la cartera de la Sareb a Hipoges y Blackstone vuelve a entregar viviendas a la especulación, sin crear un parque público que garantice el acceso a un hogar digno a los y las españolas. Además, es un paso adelante en la privatización de la Sareb.

Ya el pasado febrero, Unidas Podemos registró una iniciativa para investigar la actuación del ‘banco malo’ y la volatilización de 12.000 millones de euros públicos provocados por la gestión del Partido Popular. Según afirmó Carlos Sánchez Mato, responsable federal de Programa y de Argumentario de Izquierda Unida, “esos miles de millones de euros que se han ido aparentemente por el sumidero han acabado finalmente en bolsillos de las élites de este país, porque hay quien ha hecho gigantescos negocios con estas pérdidas públicas”.

Las viviendas que pasaron a gestionarse por la Sareb, unas 55.000, para Unidas Podemos deberían ser enteramente destinadas a crear un parque de vivienda pública, en consonancia con la aprobada Ley de Vivienda, y no entregadas a la especulación de las entidades privadas.

Redacción Mundo Obrero