Castilla-La Mancha posee unas cifras inasumibles de accidentes laborales, en 2021 la región registró 31 fallecidos en su puesto de trabajo, y en lo que llevamos de 2022 la cifra asciende a 14 fallecidos. Con estos números y ante la obligación de “parar esta lacra social a través de inversión en cultura preventiva”, el coordinador regional de Izquierda Unida ha analizado el Acuerdo Estratégico firmado entre el Gobierno regional y los agentes sociales apreciando que aunque “8 millones al año es más que 0 euros, el Gobierno de García-Page debería haber ido incrementando progresivamente la inversión en este ámbito desde el 2015, y no ha sido así”.

Juan Ramón Crespo aclara que el documento rubricado para 2022-2026 por 40 millones de euros supone que la región cuenta con “8 millones al año para invertir en la reversión de esta situación en las 127.673 empresas de la región”, cantidad ante la que “no podemos estar orgullosos, como sí parecen estarlo los actores implicados, porque supone una inversión de algo más de 62 euros por empresa para cambiar la cultura preventiva o para implementar las medidas necesarias”.

De hecho, explica Crespo que “la inversión de 8 millones en cada uno de los cinco años de duración deberían servir no sólo para reducir las cifras de siniestralidad laboral, sino también impulsar y promocionar espacios de trabajo seguros y saludables”, además de para realizar labores de concienciación o de adaptación de la acción preventiva a las nuevas demandas laborales. En definitiva, el coordinador regional evidencia que 8 millones al año distribuidos entre 127.673 empresas no parecen suficientes para “cambiar la cultura preventiva de la región”.

Incrementar las plantillas de inspectores y subinspectores de trabajo para garantizar el cumplimiento de las normas de prevención

Y puesto que desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha denuncian que “no se puede seguir esperando mayores inversiones sólo cuando hay grandes acuerdos”, la vicecoordinadora regional de la formación aboga por “trabajar la cultura preventiva de forma cotidiana”. Para ello, Isabel Álvarez demanda “un incremento de las plantillas de inspectores y subinspectores de trabajo para garantizar el cumplimiento de las normas de prevención”. Sin lugar a dudas, añade, es importante la cuantía que se destine a la prevención o el número de inspectores o subinspectores, “pero sobre todo es importante la eficacia en la actuación inspectora y que ésta, además, se haga con garantías de seguridad por parte de las plantillas existentes hoy en día”.

En este punto, exige la vicecoordinadora regional de Izquierda Unida, “un certero diagnóstico de la situación y una planificación adecuada de las visitas inspectoras, asegurando la operatividad de las mismas y evitando, en la medida de lo posible, incidentes con amenazas, coacciones y violencia contra los funcionarios de la Inspección de Trabajo”. No hay que olvidar, recuerda Isabel Álvarez, “el hecho denunciado recientemente en un tweet por el Sindicato de Subinspectores Laborales de Empleo y Seguridad Social (SESLAESS) que tuvo lugar en una localidad de la región”. Porque, asevera, “en el clima de crispación social y laboral existente, alentado por la derecha y la ultraderecha, es prioritario velar por la seguridad de los funcionarios que vigilan el cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales, ello redundará en la eficacia de las actuaciones inspectoras”.