Después de garantizada la impunidad de Juan Carlos de Borbón a través de un informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo que reconocía que el rey abdicado había cometido delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal, pero concluía que no podía ser imputado ni juzgado porque dos líneas de la Constitución en el artículo 56.3 le otorgan inviolabilidad jurídica, quedaba pendiente comprobar si el Estado español, especialmente el Gobierno y el Parlamento, eran capaces de sacar aprendizajes y llevar propuestas a la legislación para evitar e impedir conductas parecidas en el futuro.

El pasado 26 de abril el Consejo de Ministros aprobó un decreto, presentado públicamente como decreto de transparencia de la monarquía por Felix Bolaños, ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, e Isabel Rodríguez, ministra portavoz del Gobierno, quienes informaron que fue acordado con la Casa Real tras meses de trabajo compartido. Pero a nosotros nos parece un decreto insuficiente y ni tan transparente ni que pueda evitar conductas de corrupción en el futuro.

Mientras llega la República (que es nuestra lucha fundamental), el decreto era una necesidad para poner orden en las finanzas de la monarquía. Es la respuesta del Gobierno a los escándalos de Juan Carlos I y obedece a la necesidad de Felipe VI de lavar la imagen de la monarquía ante los españoles, y para ello marcar distancias respecto a las conductas de su padre y demostrar al pueblo español que su reinado va a ser diferente, que el sí va a dar cuentas de sus finanzas y que se va a someter a una reglamentación y un control, inexistente anteriormente, por parte del Estado.

En este sentido, lo primero que hay que decir respecto a este decreto es que no obliga al Jefe del Estado ni a la familia real a publicar anualmente sus bienes, y si Felipe VI lo hizo el pasado 24 de abril, coincidiendo con la aprobación del decreto, fue de manera voluntaria, informando que su patrimonio personal asciende a 2,5 millones de euros, 2,2 millones del total en cuentas de ahorro y en participaciones en fondos de inversión. Pero puede decidir no hacerlo público nunca más, pues queda a su voluntad. Tampoco hay forma de saber si esa cantidad que dice que posee es verdad o mentira. Con este decreto se renuncia a esa capacidad de control.

Con habilidad comunicacional, se hizo coincidir la presentación del decreto con la noticia de que Felipe VI hacía público que poseía ese patrimonio de 2,5 millones de euros, y por eso ha quedado en el imaginario de la gente que el rey anunciará anualmente la evolución de su patrimonio. Pero la realidad es que el decreto no se lo exige. Una oportunidad perdida.

Si algo importante esperábamos de ese decreto era precisamente que al menos obligara a la familia real a presentar pública, detallada y anualmente sus cuentas y propiedades. Sencillamente, no entendemos cómo el PSOE ha desperdiciado la ocasión de imponer a la Casa Real una transparencia mayor y un control democrático al que estamos sometidos todos los españoles. Se vuelven a permitir privilegios a la familia real que nos alejan del principio de igualdad entre todos los ciudadanos.

El decreto sí obliga al jefe de la Casa Real, a sus altos directivos y diplomáticos a publicar sus bienes, pero curiosamente al rey y a su familia no. ¿Y esto por qué? ¿Pero no fue precisamente el rey anterior quien nadaba en la opacidad, las comisiones ilegales y los negocios turbios? ¿No estaba pensado el decreto precisamente para controlar al Jefe del Estado, para que no se repitieran esas situaciones? La realidad es que el rey no estará obligado legalmente a dar cuenta de sus bienes, y que lo hará, solo si lo considera pertinente y le da la gana.

Sí se harán públicos los contratos, presupuestos y regalos

A pesar de lo dicho, el decreto tiene algunos aspectos positivos, pues obliga a la Casa Real a hacer públicos todos sus contratos, sus presupuestos públicos y los estados trimestrales de ejecución. Respecto a los regalos, la norma establece que serán inventariados y custodiados para ver si permanecen en la Casa Real, pasan a Patrimonio Nacional o se donan a organizaciones sociales. Esto es importante, pues no existía ningún control previo, a pesar de que podían existir regalos que fueran fincas en Extremadura o donaciones de 60 millones de euros de príncipes saudíes. También se obliga a que el Tribunal de Cuentas realice una auditoría externa anual de las cuentas de Casa Real. Pero es insuficiente.

Pero lo más grave es que el decreto no puede resolver el problema de la inviolabilidad jurídica del Jefe del Estado. El problema más grave de la Casa Real no es la falta de transparencia respecto a las finanzas reales, ni la falta de control de las instituciones democráticas sobre la confusión entre las finanzas privadas y públicas que dieron lugar a las corruptelas del Emérito, sino el que reconociendo la justicia española que se habían cometido delitos muy graves, no se le puede juzgar.

Cualquier ciudadano entiende que en un país verdaderamente democrático no puede haber una persona o familia por encima del Estado de derecho y que tenga el privilegio de delinquir y no ser juzgado.

Mientras haya inviolabilidad ese decreto de transparencia no va a ser efectivo, porque hipotéticamente podrían producirse en el futuro conductas delincuenciales similares a las de Juan Carlos, y el Estado no poder ponerles freno de nuevo. El decreto, por ello, obedece fundamentalmente a la necesidad de un lavado de imagen de la monarquía, pero deja al rey otra vez manos libres en lo fundamental.

Y entre República o Monarquía, que decida la ciudadanía. Salud y República, camaradas.

Secretario General de Izquierda Republicana