La absolución de los concejales Sánchez Mato y Celia Mayer, además de la consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, de los delitos de malversación de fondos públicos y de prevaricación supone todo un mazazo contra la estrategia judicial y comunicativa del PP, estrategia que pretendía señalar a los concejales como delincuentes que perseguían injustamente a los antiguos responsables del PP en el Ayuntamiento de Madrid y que ha terminado con un PP descreditado y condenado en costas por temeridad y mala fe.

Nada más lejos de la falsa realidad planteada por Almeida y sus secuaces del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, la sentencia, extensa y bien fundamentada, no deja lugar a la duda, exponiendo claramente cómo a los concejales les “surgieron fundadas y razonables dudas sobre la regularidad y legalidad de los compromisos y obligaciones” asumidas por los anteriores responsables municipales del PP para la organización y celebración del torneo de tenis Mutua Madrid Open.

Sucia persecución política

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid señalan claramente que no se ha probado que los acusados, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, “tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los interés públicos y las arcas municipales”, estableciendo una línea jurisprudencial por la que se alienta a los servidores públicos a que sean celosos y vigilantes del uso del dinero público y a no vacilar a la hora de documentarse y pedir asesoramientos jurídicos externos cuando la complejidad de los contratos de empresas del sector público así lo requieran, siempre en intereses de la ciudadanía y de evitar perjuicios al erario público. De hecho, en el trasfondo de la sentencia se viene a poner en duda la legalidad de los contratos para el Open Tenis y los beneficios que haya podido tener para Madrid en gasto de decenas de millones de euros para promocionar este evento deportivo.

Lo que finalmente ha quedado claro es que los concejales han tenido que padecer un caso de libro de lo que se denomina como lawfare>, guerra judicial con connotaciones de persecución política, asunto en el que ante la rotundidad exculpatoria de la sentencia cabe preguntarse cómo fue posible que una jueza de instrucción de Plaza de Castilla se enfangará de tal manera como para obligar a los concejales a sufrir un proceso de 5 años y sentarles en el banquillo de los acusados bajo la presión de ser condenados a penas de hasta 5 años de prisión. El proceso era puro humo y la jueza lo sabía.

Afortunadamente, la sala que ha enjuiciado el asunto lo ha hecho con rigor y sensatez y ha visto claramente la sucia estrategia del Partido Popular, por lo que le ha impuesto las costas del proceso por su temeridad y mala fe, condena que evidencia que el PP no tenía como intención salvaguardar los intereses de los madrileños sino única y exclusivamente embarrar el debate político y ocultar sus graves casos de corrupción. Tarde, pero se hizo justicia.

Abogado